Se reúne Manuel Gálvez con diferentes sectores de Sahuayo
MORELIA, Mich., 30 de abril de 2015.- El Pleno del Congreso aprobó la iniciativa que reforma la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del estado y sus Municipios, la cual tiene como objetivo garantizar la legalidad y seguridad jurídica con que deben de contar los órganos de control gubernamental, así como garantizar la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales que los servidores públicos obligaos, rinden.
Resulta una demanda ciudadana, refiere la iniciativa presentada por los diputados Antonio Sosa López, Jorge Moreno Martínez, Bertín Cornejo Martínez, Edith Quintana Ceballos y José Jesús Ramírez Zavala, que los órganos de control se conduzcan con profesionalismo y que actúen de forma inmediata en contra de los servidores públicos u otras personas que comentan actos de responsabilidad en contra de la administración pública y que generen corrupción.
Por otro lado, señala, los órganos de control constituyen la primera instancia que debe detectar cualquier acto de corrupción y en caso de ser omisos, a estos se les debe sancionar con mayor severidad en virtud de la investidura que se les confirió.
Resulta importante identificar ante quien se deben presentar las quejas y denuncias en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado.
En la actualidad argumenta el documento, la mayor parte de las administraciones municipales del estado no cuentan con la capacidad económica, administrativa, de capacitación, ni tampoco con los más elementales programas de informática que les permitan hacer frente a la responsabilidad de emitir los respectivos formatos y la normatividad necesaria para que los servidores públicos de los municipios presenten sus declaraciones patrimoniales. Situación que diversos presidentes y contralores municipales han externado repetidamente de forma oficial y extra oficial a los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior y a la propia ASM.
Los legisladores destacaron la importancia de los actos de gobierno y la garantía de seguridad jurídica que se propicia con estas reformas y adiciones a dicha Ley.