Aprueban diputados discutir reforma que fortalece derechos de los niños

MORELIA, Mich., 28 de mayo de 2013.- A fin de fortalecer y dar sustento a los derechos de los niños considerados en la Constitución Política del Estado, el Pleno de la LXXII Legislatura del H. Congreso de Michoacán aprobó admitir a discusión la Iniciativa de reforma constitucional al artículo 2º., presentada por las diputadas Laura González Martínez y Bertha Ligia López Aceves, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.​
De acuerdo con un comunicado de prensa, esta iniciativa que fue presentada el pasado 04 de diciembre del 2012, señaló la diputada Bertha Ligia López Aceves, surge como un esfuerzo que pretende sumarse a la presentada por la diputada Rosa María Molina Rojas el pasado 6 de septiembre, en la cual, propone una nueva Ley de los Derechos de la Infancia y Adolescencia; así́ como la que presentó la diputada Cristina Portillo Ayala que reforma varias disposiciones de la Ley vigente.​

La legisladora destacó que los niños representan una gran oportunidad para cualquier sociedad y simbolizan el orgullo del futuro y la esperanza de un nuevo horizonte en un Estado como Michoacán con tantas y tan variadas problemáticas, por lo que dijo, “es nuestro deber construir su felicidad y mejorar los esquemas de protección, porque de ello depende el bienestar de la comunidad, la viabilidad y sustentabilidad de nuestro país y de todos como sociedad”.

El futuro de la sociedad, subrayó, es incierto, porque la integridad de los niños michoacanos, en una proporción muy alta, está en evidente peligro. Por ello, se propone un cambio profundo y una innovación en la estructura constitucional, con la finalidad de cumplir con unos fines que son esenciales y consustanciales a la existencia misma del Estado: la felicidad de sus habitantes, como elemento incondicional e inaplazable.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en Michoacán de Ocampo viven más de 4 millones, de los cuales 1 millón 304 mil 279 son niños de 0 a 14 años, lo que representa el 30% de la población de la entidad. El documento fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos.