MÉXICO, DF., 3 de mayo de 2013.- A raíz de un acto de solidaridad con la lucha del Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí (FAO-SLP), donde ha sido destruido el emblemático Cerro de San Pedro por una empresa minera canadiense, una delegación de Democracia Social hizo el compromiso de impulsar vigorosamente una iniciativa de ley que buscara frenar el saqueo de nuestras riquezas minerales, la devastación ambiental y de salud pública generada en docenas de comunidades hoy afectadas, la represión ejercida contra activistas a lo largo y ancho del país y la defensa de Pueblos y Comunidades.De acuerdo a un comunicado de prensa, ese mismo compromiso se refrendó hace meses, por parte de Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD y que ha ratificado muy recientemente.Con el apoyo determinante de Alejandro Villamar, coordinador de la Red de Afectados por la Minería (REMA), se logró concitar la participación de más de doce organizaciones de todo el país para trabajar la propuesta de ley que ha sido presentada por la senadora Iris Mendoza Mendoza, el pasado martes 30 de abril, al cierre del periodo ordinario de sesiones.Son contados los esfuerzos legislativos donde las comunidades afectadas participan directamente en la construcción de iniciativas de ley.Quizás el más famoso y memorable en nuestro país sea el de los acuerdos de San Andrés que, lamentablemente en el último tramo fue desatendido por la clase política en su conjunto.Esta iniciativa de Nueva Ley Minera nace de la sangre, el dolor, la angustia de pueblos avasallados por una ley y un gobierno federal entregado a los intereses de las trasnacionales más depredadoras de medio ambiente y la salud pública del país.Es una iniciativa que plantea modificaciones de raíz desde la perspectiva de los derechos humanos y el medio ambiente.Recordemos que la modificación, aprobada por la anterior Legislatura, del artículo 1 constitucional, abre las puertas para que todas las legislaciones del país se armonicen con los tratados y convenios internacionales firmados por nuestro país en materia de Derechos Humanos.De ello se trata, ni mas no menos, que las empresas mineras dejen de explotar en una segunda colonización, las riquezas del país sin pagar regalías e impuestos acordes a las legislaciones más avanzadas de América Latina; que dejen de especular con concesiones otorgadas por 50 años, el lapso más largo en el mundo; que respeten y no se instalen en áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, acuíferos, zonas de veda hídrica. Que la minería deje de ser una actividad preferente, herramienta usada para avasallar pueblos y comunidades.Es una larga batalla la que el país enfrenta, el poder de las empresas mineras, uno de los poderes facticos de tal dimensión que controlan un poderoso grupo de cabildeo donde participan activamente secretarios, senadores, diputados, gobernadores y no van a cejar en su intento de mantener el statu quo que les reditúa grandes ganancias personales y de grupo con la entrega de la soberanía y la riqueza nacional.Democracia Social, expresión política al interior del PRD, asume el reto de caminar al lado de los pueblos y comunidades afectados por la minería depredadora hasta donde tope, cueste lo que cueste. Es parte del compromiso ético y de congruencia nuestra y del PRD de acompañar procesos sociales para el cambio en favor de la justicia y los derechos humanos.