Analizan la iniciativa de la Ley de Atención a Víctimas

MORELIA, Mich., 3 de noviembre de 2014.- El Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, directores de la misma, diputados locales integrantes de la Comisión de Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos de la LXXII Legislatura, y personal de la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán sostuvieron una reunión de trabajo para el análisis de la Iniciativa a la Ley de Atención a Víctimas en la entidad.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el Comisionado Adrián Franco Zevada, destacó que son tres los puntos importantes al referirse a la ley federal  en primera instancia el registro nacional de víctimas, el cual, estará integrado por los registros de cada una de las entidades federativas, que permitirá realizar la atención oportuna y necesaria.

Como segundo punto señaló que es importante asegurar la asesoría jurídica, “un asesor jurídico será lo que el defensor es para el imputado, es decir, la víctima deberá estar orientada en todas las etapas del proceso penal, tal como lo establece el artículo 110 del Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual menciona que la asignación de un asesor podrá realizarse en cualquier etapa del procedimiento.

Además, esta figura que incorpora el sistema acusatorio, adversarial y oral, deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. En el caso que la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio.

Por otro lado, cuando la víctima perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento.

“En todos los casos el asesor jurídico orientará, asesorará o intervendrá legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido” agregó el comisionado Adrián Franco.

Y como tercer punto de la legislación en la materia  destacó la importancia de la existencia de un Fondo de Ayuda, y Reparación Integral, que si bien, “la reparación del daño estará a cargo de la persona imputada del delito, la Comisión Ejecutiva de Víctimas Estatal, tendrá la labor de vigilar que cuando ésta no sea proporcionada por diferentes causas como bajos recursos económicos o porque no se encontrara al responsable del hecho, el fondo de ayuda deberá garantizar la reparación del daño.

Por su parte la Presidenta de la Comisión de Justicia del Consejo del Estado, Selene Vázquez Alatorre, señaló que la iniciativa de ley ya se encuentra en discusión y análisis  en la comisión que preside y agregó “los diputados tenemos el compromiso de realizar una intensa labor durante este mes para poder expedir y armonizar la legislación necesaria para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el 30 de noviembre”.

Se destacó  la necesidad de hacer un análisis para concentrar los esfuerzos de las instituciones que cuentan con el servicio de atención a víctimas a fin de que puedan ser fusionados  estos trabajos y potencializarlos para crear una estructura sólida de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Asimismo es necesario incorporar una unidad de atención inmediata que sea el primer contacto; así como  considerar dentro del sistema acusatorio la capacitación e infraestructura para los asesores jurídicos.

Durante la reunión estuvieron presentes, Adrián Franco Zevada, Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y equipo de trabajo de esta Comisión; la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Selene Vázquez Alatorre; diputado Eleazar Aparicio Tercero, director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Ricardo Díaz Ferreyra; la Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, Ana María Vargas Vélez, y los asesores de los diputados integrantes de las comisiones de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Justicia.