MORELIA, Mich., 1 de julio de 2015.- A pesar de la crisis presupuestal que enfrenta Michoacán, la 72 Legislatura del estado buscará aprobar una nueva ley contra la trata de personas que además de prevenir, erradicar y sancionar este delito, también obliga al estado a la atención de las víctimas.
Será en la sesión programada para el próximo jueves, cuando los diputados discutirán el dictamen que finalmente concluyeron las comisiones de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, para que una vez que obtenga la votación mayoritaria de los legisladores, el nuevo marco jurídico sea promulgado en el Periódico Oficial del Estado.
De acuerdo al dictamen, las autoridades del Poder Ejecutivo están obligadas a ejercer el Protocolo de Palermo ante la existencia del delito de trata de personas, cuyo contenido dispone de los elementos mínimos de lo que se debe entender por trata de personas bajo tres aspectos primordiales:
“El primero es el acto, esto es, la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas; el segundo son los medios para lograrlo, o sea, amenazas, uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación; por último, el propósito de explotación, incluyendo como mínimo la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre y la extracción de órganos”.
El documento detalla que México ocupa el tercer lugar en este tipo de delito considerado como la esclavitud del siglo 21, motivo por el cual, los legisladores que integran dichas comisiones exponen que la importancia de expedir la nueva ley radica en las alarmantes cifras de trata de personas.
Y es que la oficina de la Naciones Unidas para el control de las drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), señala que México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. Es un fenómeno que tiene como raíces la corrupción y la impunidad.