MORELIA, Mich., 2 de diciembre de 2014.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXXII Legislatura, declaró el ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa que Contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, propuesta presentada por los diputados José Eduardo Anaya Gómez y Alfonso Jesús Martínez Alcázar.

En este tenor,  los diputados integrantes de la Comisión, José Sebastián Naranjo Blanco, Presidente; Armando Hurtado Arévalo, Laura González Martínez, Elías Ibarra Torres  y Víctor Manuel Barragán Garibay, integrantes, señalaron que dicha propuesta legal busca reformar el artículo 37 de la Constitución con la finalidad de moderar la figura del llamado “veto de bolsillo”.

A decir de los parlamentarios, a nivel federal y en algunos Estados ya se han llevado a cabo extensos debates respecto al papel que ésta atribución, exclusiva del Poder Ejecutivo,  juega en un sistema político como el mexicano, donde se vela por el principio de división de poderes y el equilibrio entre éstos.

En otro punto del orden del día, la misma Comisión de Puntos Constitucionales declaró el ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, así como adicionar un segundo párrafo al artículo 274 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.

Lo anterior en razón a la propuesta presentada por el diputado Érik Juárez Blanquet en sesión celebrada el día 04 de septiembre del año en curso y cuya finalidad es mantener el respeto irrestricto a la división de poderes, así como el respeto a la autonomía de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado.

A decir de Juárez Blanquet, estas modificaciones van encaminadas para que al Decreto relativo del dictamen de las cuentas públicas estatales, no se le haga observaciones por parte del Ejecutivo y sea publicado de manera inmediata en el periódico oficial del Estado, dado que no puede éste ser juez y parte en el proceso, estudio, análisis y dictamen de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal.