2008: pidió PGR vetar a autoridades de Michoacán de caso de desaparecida

MORELIA, Mich., 29 de marzo de 2019.- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2008, Rafael Macedo de la Concha, durante el gobierno de Felipe Calderón, pidió a los familiares de la desaparecida secretaria del ayuntamiento de Uruapan, Maribel Martínez, no confiar en las autoridades de Michoacán, revelaron familiares quienes aludieron a una posible complicidad en el caso.

En 2008 era gobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel, tenía seis meses en el cargo, le antecedía Lázaro Cárdenas Batel, quien gobernó durante seis años; el procurador General de Justicia era Miguel García Hurtado, actualmente titular de la Notaría 166 en Lázaro Cárdenas, y ex candidato a la Fiscalía General estatal en febrero de 2019.

“Nos hemos entrevistado con todos los procuradores que han pasado, y en 2008, el entonces procurador General Rafael Macedo de la Concha nos dio la indicación de que no habláramos con ninguna autoridad de aquí de Michoacán; imagínense cómo estaría la situación para que el procurador nos dijera ‘no confíes en las autoridades estatales de todos los niveles’; fue desmoralizante”, expuso, Ana Lucía Martínez, hermana de la víctima.

Han pasado casi 11 años desde que Maribel Martínez, entonces secretaria del ayuntamiento de Uruapan, fue llevada contra su voluntad en pleno centro de esa misma ciudad, cuyo gobierno municipal estaba en manos del Partido Acción Nacional (PAN) con Antonio González Rodríguez; a 3 mil 650 días sus familiares reclaman justicia.

Fue en el marco de un panel Desaparición forzada a la luz de los derechos humanos,  celebrado en la Universidad Latina de América, en que la hermana de la víctima, relató el hecho en términos de una desaparición forzada, en que se habrían visto involucradas las autoridades mediante acciones y omisiones, por lo que el acontecimiento ocurrido el 24 de agosto de 2008 se ha mantenido absoluta impunidad.

“Mi hermana tenía 44 años en 2008 cuando un comando armado la interceptó afuera del templo de La Inmaculada en pleno centro de la ciudad; han pasado 120 meses de impunidad e indiferencia de dos administraciones federales, cinco gobiernos estatales y cuatro administraciones municipales. Tampoco el partido político al que ella pertenecía no hizo nada por encontrarla”, comentó.

Ana Lilia Martínez aseguró que los guardias que acompañaban a su  hermana el 24 de agosto permitieron el atraco, “no hicieron nada”, dijo, por lo que afirma que el ataque no pudo ser posible sin la colusión y participación de las autoridades locales.