Violencia y crimen, legado de la impunidad
Es un principio básico: donde hay impunidad, crecerá el crimen. Es una falacia atribuir a la pobreza la violencia y el delito, especialmente los asociados al narcotráfico. En todo caso, podría hablarse de la falta de oportunidades para los jóvenes, pero esta se resuelve con una economía que ofrezca empleo y garantice derechos y apoyos a pequeños negocios, no con dádivas presupuestales que, en muchos casos, terminan desviadas de quienes realmente las necesitan y que en un país tan desigual como México no son pocos.
El país ha sufrido por años el flagelo de la impunidad. Sin embargo, no es responsabilidad exclusiva del poder judicial federal, como afirman erróneamente algunos, incluyendo al expresidente y a la presidenta Sheinbaum, quienes han utilizado esta narrativa para acabar con la independencia y autonomía del poder judicial. El problema radica en las policías y unidades de investigación criminal, así como en los procesos judiciales en el ámbito local; allí es donde se recrear con amplitud y cinismo la impunidad. Es frecuente que los delincuentes sean liberados por deficiencias flagrantes y convenidas con los acusados en la integración de las llamadas carpetas de investigación; para el régimen el responsable es el juzgador y no el funcionario ministerial.
La reforma judicial no atiende la impunidad, se presenta como solución, pero su verdadero propósito es político, acabar con los contrapesos y el freno a la discrecionalidad y abuso del poder presidencial. Los estados que han tenido éxito en seguridad muestran el camino: Yucatán y Coahuila, dos entidades muy diferentes que comparten buenas prácticas. Ambas cuentan con policías calificados y profesionales, baja impunidad en delitos de alto impacto como el homicidio y procesos judiciales confiables. La sociedad y las élites locales participan activamente en la seguridad, y los gobiernos destinan recursos significativos a la vigilancia y prevención. Sus reclusorios no son escuelas del crimen, ni refugios donde los delincuentes operan con libertad. Lamentable que Estados que en el pasado avanzaron en materia de seguridad como Nuevo León y Chihuahua retrocedieron por la falta de continuidad sobre lo que se hizo bien.
Por el contrario, la visión centralista y centralizadora del gobierno federal ha demostrado ser ineficaz. Gobiernos vienen y van bajo la falsa idea que una policía nacional es la solución y lo es, pero no en su totalidad. Queda claro, por ejemplo, que la Guardia Nacional, empleada como una fuerza de ocupación como en Sinaloa, no ha solucionado el problema de una violencia desbordada. En lugar de fortalecer las fiscalías locales, como ocurrió en Zacatecas, donde la depuración de la fiscalía estatal redujo los delitos de alto impacto, el gobierno prefiere el despliegue militar.
Las acciones emprendidas por la presidenta Sheinbaum son una mejora frente a la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador. Las detenciones han aumentado, al igual que las incautaciones de droga y la destrucción de narco laboratorios. Pero la delincuencia persiste porque no se aborda de manera integral. La solución no está solo en una fuerza policiaca nacional, sino en el fortalecimiento institucional a nivel local y en el involucramiento de la sociedad civil y sus organizaciones.
Una política efectiva de seguridad requiere más que voluntarismo presidencial. Es imprescindible fortalecer las policías ministeriales, las fiscalías, las unidades de inteligencia, y garantizar la capacitación y equipamiento adecuado para las fuerzas del orden. Además, es necesario un financiamiento significativo que permita una verdadera transformación. Sin recursos suficientes, cualquier avance será limitado. Capítulo especial merece la colusión y connivencia de las autoridades federales, locales y municipales con los criminales. La situación ha llegado a extremos tales que se vuelve una amenaza mayor por el intervencionismo norteamericano en el afán de contener el tráfico de drogas a su territorio.
La violencia y el crimen son la marca del México actual. Lo alarmante es la incompetencia de las autoridades para comprender la magnitud del problema y sus implicaciones. Esta crisis afecta los cimientos de la convivencia civilizada y niega a los ciudadanos su derecho a la vida y a la tranquilidad. El país vive en una especie de guerra civil, que se ha normalizado por la complacencia social y la negligencia de autoridades en todos los niveles.
Esta es la tragedia de México: una nación donde millones de personas ven negado su derecho a una vida segura y digna. La indiferencia y la incapacidad para enfrentar la violencia y el crimen son el legado de la impunidad.
