Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa

TRAS BAMBALINAS.- Austeridad de Estado, rendición de cuentas y rendición de poderes

Por JORGE OCTAVIO OCHOA. A muchos no les gusta. Algunos gobernadores alegarán que es una violación a la autonomía estatal. Los otros Poderes, particularmente el Judicial, usarán la máxima de la irretroactividad de la ley por lo cual, no se bajarán el sueldo.

Sea como sea, antes de que llegue diciembre, el Congreso podría tener aprobada una nueva ley con la que arranque un periodo inédito de austeridad republicana que finalmente hará justicia a más de 40 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema.

El sólo anuncio es un hecho esperanzador, no porque con ello vayan a desaparecer de la noche a la mañana los abusos y la corrupción, pero sí las prácticas faraónicas que se instalaron en México desde la instauración del PRI, hasta la transición del PAN y el paso del PRD en el DF.

Ese anuncio, más la creación de 32 superdelegaciones federales representa, en los hechos, no sólo un coto al uso indebido de los recursos de la nación por parte de los gobernadores. Implica también un voto de censura a los Congresos estatales.

¿Por qué los escándalos con los gobernadores siempre se registraron al final de sus mandatos? Las revisiones de las Cuentas Públicas se convirtieron, cada año, en fuente adicional de enriquecimiento de diputados locales, que negociaban hasta sus silencios o sus ausencias.

En México, ese ha sido más un ejercicio con fines políticos que con fines de equidad, transparencia, o legalidad administrativa.

De diciembre 2012 a marzo de 2018 la deuda de los estados de la República pasó de 434 mil 761 a 578 mil 839 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal de 33 por ciento, en medio de la opacidad y de cuentas que son revisadas a destiempo por los Congresos Locales y sólo como vía de venganzas políticas.

Sin embargo, en una abierta asonada, algunos gobernadores se pronuncian en contra de nombrar 32 superdelegados federales, que asumirán las tareas de todas las Secretarías de Estado y controlarán la derrama de recursos que emanen de la partida federal.

Así pues, el ambiente político se ha llenado de sordidez y angustia por el anuncio de esta Ley de Austeridad de Estado, que involucra a todos los niveles de gobierno, a todas las instituciones y a todos los programas.

Entre los medios de comunicación y los periodistas también vendrán horas de pánico, porque se cierran todas las ventanillas de donde emanaban fuentes turbias de dinero, que sin claridad ni criterios de equidad, se otorgaba a los periódicos poderosos y a los columnistas más famosos.

¿De qué le sirvieron a Peña todos esos genios de la Comunicación Social? Termina su sexenio con una imagen destrozada pese a que, supuestamente, se rodeó de los que más sabían del tema pero al final de cuentas, hasta el caso Ayotzinapa se lo convirtieron en contra.

Más 40 mil millones de pesos en publicidad oficial. ¿Cuántos espacios en Universidades públicas podría significar ese dinero? ¿Cuántas carreteras o caminos? ¿Cuántas nuevas fuentes de trabajo real y bien pagado? Es el principio del fin de los émulos de Francisco Galindo Ochoa.

La pregunta es si esta misma medida se aplicará en cada uno de los gobiernos estatales del país, donde el esquema es exactamente igual que el del gobierno federal. Cada secretaría tiene un equipo de prensa que logra difusión en la medida de los “convenios” de publicidad.

Sea como sea, para las mayorías depauperadas, estas son buenas noticias, todas, que hacen creer en el advenimiento de un México nuevo, que dé paso al imperio de la ley. Sin embargo, hay claros-oscuros que hacen dudar, como es el caso Elba Esther.

Será simple corroborar qué tan comprometido está López Obrador con el cumplimiento de la ley a la luz de lo que ocurra con “la maestra”, uno de los personajes más nocivos de la vida nacional. Si ella regresa a la actividad política, será por obra y gracia del nuevo régimen.

“La Maestra” es, sin duda, el ejemplo consumado de la impunidad en el país, de cómo “el sistema” se alinea a determinadas directrices; también ejemplifica el uso que el Ejecutivo puede dar al Poder Judicial cuando necesita dar castigos ejemplares.

Hoy, insistimos, esa mujer está libre debido a la suma de dos voluntades y el pago de un compromiso. Pero por decencia política, la señora Gordillo debiera dejar a su nieto, a su yerno y a su hija continuar en el juego y ella retirarse. Infecta todo lo que toca.

De hecho, todo el sindicalismo mexicano debe entrar a una nueva etapa de recomposición. Es hasta grotesco ver a los viejos líderes, queriendo repetir los esquemas de Fidel Velázquez cuando el empresariado actual y los gobiernos promueven con gran algarabía el sistema outsourcing.

La subcontratación o tercerización del trabajo es el proceso económico empresarial en el que una sociedad mercantil transfiere los recursos y las responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas tareas a una sociedad externa, empresa de gestión o subcontratista, reza la internet.

Ese es otro frente que deberá atacar con empeño López Obrador, porque se ha convertido en la explotación oficializada de la mano de obra sin sistema de defensa laboral alguno. Esas empresas outsourcing nacen y mueren en lapsos de dos o tres años.

Veremos, a la luz de cómo resuelva estos dos mundos del trabajo asalariado, entre el sindicalismo “charro” y la explotación inhumana sin prestaciones, cuál es el verdadero alcance de la cuarta transformación que quiere lanzar López Obrador.

También veremos hasta donde es capaz de llegar la demagogia, si somete sólo a consulta el nuevo aeropuerto y no hace lo mismo con las refinerías que pretenden instalar en Tabasco. ¿Todo será al contentillo del nuevo mandatario?

En fin, ya veremos.