Tras bambalinas

Crisis de Estado. 

A poco más de un año de la sucesión presidencial, México se encuentra ya sumido en una grave crisis de Estado. 

La confrontación entre el Ejecutivo Federal y la Suprema Corte es alarmante y sumamente delicada, porque la desobediencia civil emana de quien debiera dar estabilidad a la Nación. 

Más que una fractura, hay un rompimiento entre ambos Poderes, o al menos con 8 de los 11 ministros. El desacato es tal, que en estos momentos el proceso electoral del 2024 se encuentra seriamente desequilibrado. 

Para el 90% de los mexicanos, pareciera un hecho que, cualquiera que sea el candidato de Morena a la Presidencia de la República, el sucesor de Andrés Manuel López Obrador será de ese partido y más de un 40 % da por hecho que será Claudia 

La oposición ha sido literalmente borrada del mapa, no solo por su propia debilidad y su impresentable pasado, sino porque desde Palacio Nacional ha partido toda una campaña de agresión verbal y odio que ha permeado en la sociedad.. 

López Obrador ha borrado al INE y pretende sepultar al INAI y a la Corte. Su reacción al último fallo de los 8 ministros, que derribaba todos los muros de opacidad a su pretensión de guardar por más de 5 años toda la información de sus proyectos “estelares”, es más que reveladora: 

Además de brutal, es violenta, rupturista y sólo confirma la percepción de que se está gestando un golpe de Estado, desde dentro del Estado, para dejar instalado en el Poder al Ejército y Fuerzas Armadas. 

Esa es la sensación que deja el nuevo decretazo de López Obrador que bloquea nuevamente, por presuntas razones de seguridad nacional, toda la información relacionada con sus proyectos: 

Del Tren Maya, “por ser el proyecto de infraestructura más importante del Gobierno”; los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, “por su ubicación geográfica” clave “para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur”; el Corredor Interoceánico, del Istmo de Tehuantepec, porque permite comunicar el océano Pacífico con el golfo de México y el Atlántico. 

Esos son los argumentos ramplones de quien debiera ser un jefe de Estado, pero que se ha apropiado de la voluntad de las instituciones. Es, más que evidente, escandalosa la aquiescencia con que se pliega el nuevo INE a los designios del Presidente.  

Él puede convocar desde ahora, pedir cínicamente a todos los mexicanos una votación de “carro completo” para Morena y así tener la mayoría absoluta. La necesita para hacer su voluntad. 

So no la tiene todavía y ya hace lo que se le pega la gana, imagínense qué será si de milagro la logra obtener.  

Esa sensación de que no le alcanza, es la que lo tiene sumamente irritado. Por eso cada día acelera sus decisiones, para dejar instaurado un nuevo poder; una nueva élite política y económica obediente a lo que él y los generales ordenen. 

Es un golpe desde dentro: sea quien sea el futuro Presidente, él fijará los lineamientos. Es algo peor que un MAXIMATO. 

La confirmación de esto, se ve a la luz de la reciente expropiación, a favor de la Marina, de las líneas ferroviarias del Grupo México, que atraviesan el Istmo de Tehuantepec, para conectarlas con el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. 

Ni de lejos, intentamos defender una figura tan enigmática y cuestionada como la de Germán Larrea, pero sí la forma en que se empieza a ejercer el poder desde una habitación de Palacio Nacional.  

Tal pareciera que la compra de Banamex fue una “compensación” graciosa por esta decisión, que deja pasmado a los inversionistas, no solo en México, sino en el mundo. Esto traerá repercusiones en la permanencia y el ingreso de capitales al país. 

Por eso, como decíamos al principio, México se encuentra en una crisis de Estado, donde las instituciones empiezan a dejar de funcionar porque es el propio Ejecutivo Federal quien las bloquea y las inutiliza, a través de una escalada de agresiones, confrontación verbal y legaloide. 

AMLO no quiere que se sepa, no solo cuánto costarán realmente sus obras “estelares”, sino todo lo que destruyó a su paso el Tren Maya. Tampoco quiere que el mundo sepa que serán las Fuerzas Armadas, no solo las administradoras y constructoras de estas obras, sino las beneficiarias directas de los ingresos que se obtengan. 

La militarización en México es ya un hecho y está tocando, no solo las puertas de las casas de los mexicanos, sino incluso sus bolsillos.  

El tema no es si el general se compra una casita en obra negra, o gris, como la llaman ahora; o si viaja con su familia, incluida suegra, a Europa. La cuestión es que, en medio de la gran crisis que ha sufrido el país desde la pandemia, las Fuerzas Armadas son el único sector que no ha visto disminuir su presupuesto. De hecho ha crecido exponencialmente. 

Los productores de maíz y sorgo ya no cuentan con precios de garantía, pero los generales tendrán ahora la garantía de que sus pensiones están aseguradas y jugosamente apalancadas con destinos turísticos, hoteles, trenes, puertos y hasta una línea aérea. Ese es el tamaño de lo que pretende y cree que podrá ocultar Lopez Obrador. Pero ya todo mundo lo ve y lo sabe. 

Por eso es que decimos qué hay una crisis de Estado, que puede culminar en una confrontación violenta. El ánimo de la gente en México es ya de agresión, en uno y otro bando.  

El solo hecho de que el senador Alejandro Armenta se diga amenazado, por el simple extrañamiento verbal de la ministra Norma Piña sobre excesos declarativos del legislador, es sintomático. 

Andan en busca del pretexto a modo para inhabilitarla, apoyados por la campaña de odio de AMLO sobre el presunto enriquecimiento de los jueces y magistrados, mientras los hijos y la familia del presidente hacen negocios oscuros con Pemex, Segalmex, LitioMX, Vidanta y otras tantas. Tampoco se cuestionan los excesos y lujos de los miembros del Poder Legislativo. 

Lo que ocurre en México es, pues, sumamente preocupante y habrá que ver cuántas trapacerías y delitos electorales están dispuestos a cometer porque, algo podemos decir desde ahora: AMLO no ganó en el 2021 la mayoría absoluta que buscaba. No la logrará ahora.  

Quizá quiera someter a los mexicanos, con la fuerza de esa Guardia Nacional, que ya prometió, impondrá, como último acto de su gobierno sexenal, mediante una nueva iniciativa de reforma constitucional. 

El odio es mutuo en ambas partes y los viejos mecanismos de fraude no funcionarán, a menos que eche mano de la falange del crimen organizado e imponga en el país un Estado de Terror.