Tras bambalinas
El balance de la confrontación Sheinbaum-Zedillo, resultó altamente negativo para la Presidenta. Destapar el Fobaproa solamente colocó en el ojo del huracán a dos personajes clave de su administración:
Arturo Zaldívar, impulsor de las elecciones judiciales y a quien ahora mencionan como ex asesor jurídico de banqueros, y Altagracia Gómez, hija de empresario dueño de Dina, Mimsa y Estrella Blanca, beneficiario de aquel rescate.
Además, reabrió heridas que apenas cicatrizan, como son el mar de fracasos de proyectos como Dos Bocas, Tren Maya, Mexicana de Aviación, que ni en dos décadas recuperarán la inversión. Y, ni qué decir de las grandes corruptelas.
Los escándalos de SEGALMEX, INSABI y el HUACHICOL, quitan todo resto de autoridad moral para cuestionar a nadie, porque encierran los casos de corrupción más grande de toda la historia del país.
No se puede exigir cuentas de honestidad cuando, desde las sombras, un gobierno es omiso, o incluso beneficia a los suyos, con negocios ilícitos que han dañado gravemente a México.
Del tamaño del buque Torm Agnes, resulta el boquete fiscal que ha generado el fenómeno de la venta ilegal de gasolina y Diesel. En 2024, la evasión fiscal por huachicol, provocó pérdidas por más de 177 mil millones de pesos.
Esto implica una fuga diaria de 485 millones de pesos, que dejaron de ingresar al país, en las narices de todas las autoridades, porque el ilícito pasó por aduanas federales, puertos estatales y patios municipales.
Esto representa el 44 por ciento de toda la recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel, según reveló la consultora Petro Intelligence.
Mientras, la paraestatal Pemex, se hunde en deudas. En el primer trimestre de este año, tuvo pérdidas por 43 mil millones de pesos. Pero, como si fuera burla, compra millones de pesos en cubitos de hielo, grava y arena.
LA CONFRONTACIÓN
El altercado verbal Sheinbaum-Zedillo inició por el dicho del ex presidente, al afirmar que la próxima elección de jueces, ministros y magistrados, serán la muerte de la joven democracia mexicana. Esto alteró a la Primera Mandataria.
Enfurecida, la Presidenta argumentó que, gracias a ese procedimiento electoral, los mexicanos podrán elegir a sus jueces. De inmediato pulularon en redes, más de una decena de casos de aspirantes venales que debieran estar en la cárcel.
En los hechos, esas elecciones están cimentadas en un solo voto, que viene de un personaje defenestrado por el propio régimen que ahora lo arropa, e incluso le dio la presidencia de la Comisión de Hacienda en el Senado.
Miguel Ángel Yunes Márquez es el estigma, de un proceso desaseado de principio a fin, porque las Comisiones Evaluadoras de los tres Poderes, fueron incapaces de revisar los expedientes de los aspirantes.
El INE se encuentra ahora ante la disyuntiva de emitir un AVISO a la ciudadanía, para no votar por determinadas personas que aparecen en las boletas, pero que tienen pendientes procesos judiciales por tráfico de drogas o defender a criminales.
LA PINZA DEL AUTORITARISMO
Por si fuera poco, esto se da en medio de un debate todavía más peligroso. La Ley de Telecomunicaciones, expande una nube de sospechas sobre la implantación de una temible Ley Mordaza en México.
Ambos temas: elecciones judiciales y Ley de telecomunicaciones, conforman la pinza del autoritarismo que tanto niega Sheinbaum Pardo, con el único argumento de su palabra.
Esa ley crea una Agencia de Transformación Digital, que sustituirá al IFT, con una sola persona con mega facultades, que tomará decisiones clave sobre concesiones.
Se habla nuevamente, de instaurar un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obligaría a los concesionarios de estos servicios, a entregar todos los datos biométricos y personales de los usuarios, al gobierno federal.
Esto demuestra lo “temible” del asunto. Ya hemos visto cómo el gobierno federal utiliza datos personales de sus adversarios políticos o periodistas incómodos, y difunde, desde el mismísimo Palacio Nacional hasta fichas fiscales.
Tan sólo durante el sexenio de López Obrador, 150 periodistas fueron asesinados y más de 28 están “desaparecidos”. Con esos antecedentes, resulta preocupante que el gobierno federal pretenda ahora facultades extrajudiciales.
El Ejecutivo Federal podrá rastrear ubicaciones sin orden judicial. Las empresas de telefonía celular, telefónicas o proveedoras de internet, tendrán la obligación de guardar por dos años, datos de llamadas y mensajes en la red.
Como señalamos en Tras Bambalinas la semana pasada, el artículo 161, de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, da facultades extraordinarias a las instituciones de seguridad pública federales y de seguridad nacional.
Estas podrán adquirir, instalar, portar y operar equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, “en cumplimiento de sus atribuciones”.
Pero Sheinbaum quiere hablar ahora de Aguas Blancas, donde cayó el gobernador Rubén Figueroa por la matanza de 17 campesinos, y con Morena, sigue Evelyn Salgado, pese a la matanza de 20 personas en San Miguel Totolapan.
