Tras bambalinas
La guerra vs los cárteles y vs los medios
La iniciativa de reformas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ha desatado un histérico debate entre medios, principalmente electrónicos, y legisladores, principalmente de Morena que, en ambos casos, bordean la exageración.
Todo, a resultas de un spot publicitario del gobierno de USA, que coloca el fenómeno migratorio en calidad de peste, que cierra las fronteras de ese país y hace parecer a los indocumentados como una amenaza terrorista y más peligrosa que la guerra de Rusia con Ucrania y más infame que los bombardeos de Israel sobre Gaza.
En términos prácticos, la molestia de la presidenta Sheinbaum podemos suscribirla todos los mexicanos. Sobre todo, porque hubo una irreflexiva aceptación de medios nacionales, como Televisa, de una pauta comercial que humilla a los mexicanos y deja ver a la televisora como un ente meramente mercantilista.
Por eso, la mandataria decidió promover una iniciativa que impida difundir, sin análisis ni revisión previa, ese tipo de mensajes provenientes de gobiernos y entidades extranjeras. El problema es que, de ahí, los “ilustres” abogados de Presidencia decidieron dar un salto más ambicioso.
Para empezar, se crea toda una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y, de entrada, en el artículo 109, da a la Agencia la facultad de bloquear plataformas digitales, sin precisar los motivos para ello.
El artículo 161, faculta a las instituciones de seguridad pública federales y de seguridad nacional, para fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar y operar equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, “en cumplimiento de sus atribuciones”.
No acabamos de salir de los escándalos de espionaje, cometidos todavía durante el sexenio de López Obrador contra comunicadores y líderes políticos, y salen ahora con esta idea de interceptar señales y suspender emisiones bajo cualquier pretexto. Se abre la posibilidad de instaurar la Censura Previa.
Por si fuera poco, existe el temor de que finalmente en México se instituya un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), como lo deseaba hacer el PRI, durante su último mandato, a manos de Enrique Peña Nieto, lo que nos colocaría a todos los mexicanos bajo un tamiz de posible investigación.
No es presunción. El artículo 8, fracción LXV de la propuesta señala que “la Agencia” tendrá la facultad de “expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil, que estará a cargo de los concesionados y, en su caso, autorizados de dicho servicio”.
La nueva Ley facultaría a la Agencia el acceso a ese registro. Deja a su discrecionalidad, definir qué autoridades podrán acceder a esta información y bajo qué procedimientos, según advirtió la Red en Defensa de los Derechos Digitales, en un análisis difundido la semana pasada.
En suma, sí existe un alto riesgo de ataques a la libertad de expresión y, peor aún, de intromisión en la vida privada de los ciudadanos, que se da en un ambiente sumamente preocupante, de una Guerra Abierta entre Cárteles del Crimen Organizado y contra estos, por parte de la federación.
Para acabarla de amolar, esto se da de cara a la próxima elección de magistrados y jueces que, a la luz del pésimo trabajo hecho por las Comisiones que los evaluaron, no tienen experiencia, capacidad, profesionalismo, ni especialización en temas sumamente difíciles, como este, sobre regulación de los medios.
Los amantes de Morena y la 4T, dirán que es una exageración hablar de guerra, pero aquello que tanto criticaron a Felipe Calderón, finalmente ha reventado en México. Estamos en medio de una guerra, en la que incluso ya está involucrado el gobierno de los Estados Unidos.
El combate a los Cárteles del Crimen Organizado es una obligación de Estado, establecida en la Constitución, porque amenaza la paz interna del país y, según Donald Trump, la estabilidad fronteriza y regional de toda América del Norte. El gobierno de Sheinbaum ya tomó parte en este proceso.
Por eso en USA han puesto precio a las cabezas de El Fresa y El Pez, y declarado como terrorista a La Familia Michoacana. Queda desbaratado el argumento de los “abrazos, no balazos”. Según Trump, hubo conciliábulos de gobiernos, federal, municipales y estatales, con capos y grupos criminales.
La magnitud de la guerra se vio claramente hace unos días, tras los bloqueos de carreteras en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, el uso de armas de alto poder y la red de negocios ilícitos que involucran a los estados de Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Colima.
En suma, la seguridad interior del país no está garantizada y, peor aún, la Estrategia Nacional de Seguridad para el sexenio, dada a conocer en el Congreso de la Unión, no ha dejado satisfecho a nadie. Bueno, ni a los mismos morenistas, porque es centralista y autoritaria.
Nuevamente deja fuera a los gobiernos municipales, sólo considera a 50 alcaldías como las más amenazadas, pese a que en más de 700 no tienen ni policías municipales, y el volumen de los desplazados por la violencia crece silenciosamente, sin que el régimen de la 4T tenga una estadística precisa sobre ello.
La situación es delicada, porque estamos por darnos una caterva de ministros y jueces, plagados de sospechas, tras los graves errores de omisión cometidos por las Comisiones evaluadoras, entre ellas la del Poder Legislativo.
En las actuales condiciones, nada impide el relleno de boletas sobrantes al término de la elección. Los aspirantes no tendrán representantes en ningún momento de la votación, ni durante el traslado de éstas al INE. Además, habrá voto corporativo de sindicatos y partidos políticos.
Algunos de los aspirantes están señalados de tener vínculos con el narcotráfico, como son los casos de Fernando Escamilla, que ha defendido a dos integrantes del Cártel de los Zetas, y Silvia Delgado, que fue parte de la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
También es escandaloso el caso de Octavio Leal Moncada, denunciado en Palacio Nacional en el sexenio de López Obrador. Este sujeto es líder del grupo armado denominado Pedro J Méndez; es amigo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; en el 2022 fue detenido por homicidio y nexos con el Cártel del Golfo.
Recientemente fue captado haciendo campaña por aspirantes a jueces cercanos a Morena, y abiertamente dice que promoverán a personajes que garanticen consolidar a la 4ª Transformación. Ese es el grado de relación.
Hay otros 12 aspirantes, cercanos al ex presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que son Ana María Ibarra Olguín, Fabiana Estrada Tena, Marisol Castañeda, Lorena Josefina Pérez Romo, Sergio Javier Molina Martínez, Gabriel Regis, Jaime Santana Turral, José Artemio Zúñiga, Alejandra Spitalier, Miguel Casillas, Alejandro Téllez y Celia Amaya, además del ya muy conocido Bernardo Bátiz.
Así que, “chingaquedito” o no, la Ley Sheinbaum de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sí debe ser analizada, revisada, reflexionada bajo estos temores, le guste o no a algún estólido por ahí. Y las elecciones judiciales, tomarlas como lo que son: una total, rotunda y olímpica farsa del régimen.
