Tras bambalinas

Elección para corruptos

México ha estado sumido, desde hace ya casi un año, en una complejísima controversia sobre la reforma judicial. Hasta la fecha, ni los juristas más duchos, han podido convencer quién tiene la razón. Mientras, más del 90% de los mexicanos no sabe siquiera cual es la diferencia de funciones entre un juez y un magistrado.

El régimen, ha mantenido una prisa, más que inexplicable, absurda, bajo el argumento de que va a combatir la impunidad y corrupción. Sin embargo, por la forma en que han llevado el proceso, han creado una nube gris, en la que impera precisamente la sensación de eso: impunidad y corrupción.

Abuso y autoritarismo, es lo que se ve en el mayoriteo insultante que, desde el Poder Legislativo, ha mantenido Morena para impulsar una elección que, para colmo, tiene ya la impronta de una traición y una coacción, que cínicamente fue coronada con la presidencia de la Comisión de Hacienda para un Yunes.

Para ahondar en el cinismo, desde esta semana, los grupos parlamentarios de Morena instalarán en el Senado y en la Cámara de Diputados, como si fueran su casa, “módulos de afiliación partidista”, en preámbulo de preparación de listados para votar en junio próximo.

En este intríngulis, dos grupos de ministros de la Suprema Corte, claramente definidos, se disputan la razón en pro y en contra de esas elecciones judiciales. Lo malo, es que los argumentos de unos y otros, sólo han ahondado la confusión que, seguramente, culminará en desinterés de los ciudadanos para ir a votar.

Por un lado, 4 ministros sostienen que el gobierno federal, Morena y sus aliados, están en desacato por haber desatendido solicitudes previas de amparo, promovidas por trabajadores del Poder Judicial a los que harán nugatorios derechos adquiridos durante años, como son sus ahorros y salarios.

Este grupo, sostiene que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se arrogó facultades que no tiene, pues se han violado derechos humanos, que no tienen nada que ver con elecciones y, por tanto, al culminar el proceso, han contribuido a demoler el sistema constitucional de México.

Otras 3 ministras, Yazmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz, no coinciden con esta interpretación, e incluso se encuentran en campaña y se promueven para disputar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellas están apuntaladas por Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral.

Todas insisten en que dicho órgano es autónomo y no tiene por qué supeditarse a fallos de jueces ya que, simple y sencillamente, la Suprema Corte no tiene competencia para resolver nada en materia electoral, lo cual, en sentido estricto, es cierto.  

Mónica Soto llegó al extremo de solicitar que los 4 ministros disidentes, se abstuvieran de opinar sobre un presunto proyecto que propondría detener la elección de junio, lo cual no ocurrió. Aún así, la resolución del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quedará como una bofetada a la dudosa moral de la 4T.

Como una Espada en la Piedra, la sentencia aprobada por el pleno de la Suprema Corte establece, como principio, que el TEPJF no tiene competencia para invalidar suspensiones concedidas en juicios de amparo contra la reforma judicial y su implementación en junio próximo.

Por tanto, dictamina que, para reestablecer el orden constitucional, las autoridades (dígase Poder Ejecutivo o 4T) deberán impugnar las suspensiones judiciales, mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Amparo. Justo, todo aquello que violó Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, también ordena a los jueces federales que recientemente concedieron los amparos, revisar de oficio, las suspensiones que otorgaron en contra del proceso electoral. Es, en suma, un galimatías que rebasa los límites de lo electoral, y llega a la esfera de los derechos humanos y laborales fundamentales.

Dentro de esta polémica, el pueblo no entiende nada. El intercambio de opiniones entre juristas y políticos se vuelve cada día más denso, especializado, ininteligible. La ciudadanía ha quedado entrampada en un debate que no estaba en la esfera inmediata de su interés.

Ello, en gran parte se debe a que el Judicial, siempre se había mantenido como un Poder obscuro, intocable, que en teoría sólo se encargaba de cumplir y hacer cumplir la ley; es decir la Constitución y las leyes que de ella emanan. El primer juramento que realiza un presidente de la República es precisamente eso.

“Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan”. Sin embargo, en los hechos, los tres Poderes de la Unión, se encuentran en virtual desacato; no sólo en este, sino en otros varios casos, que llegan hasta la violación de datos personales y violación del derecho de réplica.

Por eso, la pregunta de bote pronto es si esta presunta “reforma judicial” reducirá los escandalosos niveles de corrupción e impunidad que prevalecen en México. Los hechos demuestran que los índices han crecido en ambos. ¿La elección de jueces, magistrados y ministros cambiarán las cosas?

Además, ya está claro que serán los aparatos político-partidistas los que operen la realización de esos comicios, justo en el momento en el que Morena lleva a cabo su proceso de afiliación de 10 millones de seguidores, y cuando México se encuentra peor calificado a nivel mundial, justamente en impunidad y corrupción.

México se encuentra en el lugar 140 de 180 naciones más corruptas del orbe, sólo por arriba de Venezuela, Somalia y Sudán del Sur. Por otro lado, se mantiene entre los 15 países con mayor impunidad en el mundo, de una lista de 94, entre los que destacan Rusia, Honduras, Uganda, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Haití.

La lógica nos dice que SÍ, es necesario revisar nuestro sistema de justicia. Pero, resulta que el promotor de la reforma, Arturo Zaldívar, presidente del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, es el más cuestionado de cuantos se hubiera podido escoger dentro del sistema judicial, para encabezar este proceso.

El ex presidente de la Suprema Corte está acusado formalmente, de tener al menos 6 impedimentos legales para ser quien conduzca el próximo proceso de elección, en el que participarán varios que también están bajo sospecha, precisamente por sus vínculos con Zaldívar. A él se le imputan:

Conflictos de interés: Se le acusa de incluir en la lista de candidatos a jueces a personas que trabajaron directamente con él durante su tiempo en la SCJN. Así, en el Tribunal de Disciplina Judicial busca imponer a incondicionales como Jaime Santana Turral y José Artemio Zúñiga Mendoza.

Falta de imparcialidad: Es criticado por su gestión en la Suprema Corte, especialmente en casos de alto perfil donde se percibe que sus decisiones favorecieron ciertos intereses. Tanto Santana Tiurrel como Zúñiga Mendoza están en la lupa por actuaciones “controvertidas” en la impartición de justicia.

Cercanía con el gobierno: Su decisión de renunciar a la presidencia de la Corte para unirse a la campaña de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, fue vista como un acto de oportunismo político sin sustento jurídico.

Manipulación mediática: Es acusado de intentar desviar la atención de problemas importantes, utilizando declaraciones y acciones que generan controversia, como el ser fan de la cantante estadounidense Taylor Swift.

Uso de recursos judiciales: Se le critica por el manejo de los fideicomisos del Poder Judicial, que algunos consideran que preservan privilegios y abusos.

Decisión de reformas judiciales: Su apoyo a la reforma constitucional para la elección de jueces mediante el voto de los ciudadanos, es visto como un intento de consolidar su poder político, luego de que antes él mismo se había opuesto a dicha posibilidad. En el sexenio de López Obrador cambió de opinión.

En resumen, quienes han revisado las listas, entre ellos el abogado Roberto Gil Zuarth, aseguran que Zaldívar incluyó a 18 personas que trabajaron directamente con él, como candidatos a jueces, que es el caso también de José Artemio Zúñiga Mendoza.

Él fue el juez de control encargado de dirigir las audiencias para procesar a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en los casos relacionados con Agronitrogenados y Odebrecht. Durante su gestión, pospuso la audiencia intermedia en ambos casos. La defensa quería negociar un acuerdo.

Por eso no se entiende la premura con la que se quiere llevar a cabo esas elecciones. De suyo, en estos momentos ya están viciadas de origen y envueltas en capas y capas de rumores y versiones encontradas, que al final lo único que dejarán, es ese mismo tufo que se quiere combatir: impunidad y corrupción.

Es de tal tamaño la turbiedad que dejó el anterior gobierno de López Obrador, que por ello buscan blindarse a toda costa de cualquier demanda. Saben perfectamente que ninguno de los proyectos “estelares” de AMLO serán redituables, ni podrán aclarar los brutales desfalcos en SEGALMEX, INSABI e IMSS-Bienestar.

Tren Maya, Dos Bocas, AIFA, Mexicana, Megafarmacia, son bolsas sin fondo, que no podrán recuperar la inversión ni en un siglo. Las 100 Universidades fueron una utopía; la beca Rita Cetina no será auditada, como tampoco lo será la futura “filial” constructora de viviendas del INFONAVIT.

Por eso, en los hechos, el régimen ha reiniciado ya una persecución “judicial” no sólo contra los jueces que otorgaron los últimos amparos contra la reforma mencionada. También han reabierto carpetas contra adversarios políticos que se opusieron a la reforma al INFONAVIT.

Quizá, los seguidores de Morena saltarán felices, por haber aplastado y doblado otras voluntades. Pero cuando quieran tomar el dinero de sus subcuentas de vivienda a la hora de jubilarse, verán que los esquilmaron. No habrá juez que les dé la razón porque, dicha reforma, nunca fue recusada. DISFRUTEN.