Trabajan cuando deberían aprender

Los derechos educativos de la niñez michoacana bajo asedio

Hay un dato que debería sacudir la conciencia pública michoacana y que, sin embargo, transita por debajo del umbral de la indignación colectiva: en 2022, una niña o un niño de Michoacán en situación de trabajo infantil tenía 5.8 veces más probabilidad de estar fuera de la escuela que uno que podía dedicar su tiempo a aprender. Esta cifra proviene del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y forma parte de una serie de ocho mediciones levantadas entre 2007 y 2022. Ocho fotografías tomadas con la misma cámara, desde el mismo ángulo, que muestran a Michoacán mirando hacia otro lado mientras cientos de miles de sus niñas y niños cargan con lo que los adultos deberían resolver.

Desde Mexicanos Primero entendemos que los derechos de la niñez, el derecho a estar, a aprender y a participar en un entorno de paz y dignidad, son obligaciones jurídicas del Estado. Están consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que los datos del INEGI documentaron hasta 2022, con una consistencia que deja poco espacio a la duda, es que Michoacán ha incumplido esas obligaciones sistemáticamente. Y que, si la sociedad y sus instituciones permiten que esta tendencia continúe, el costo será pagado por generaciones enteras que merecían algo radicalmente distinto.

El rastro estadístico de una deuda acumulada

En 2015, el Módulo de Trabajo Infantil ofreció por primera vez el cruce entre ocupación prohibida por la ley y asistencia escolar en Michoacán. El resultado fue contundente: de los 108,680 menores en ocupaciones legalmente vedadas, 58,420 estaban fuera del sistema educativo. Eso es el 53.8% de ese grupo particular de niños trabajadores. En contraste, entre quienes se mantenían al margen de esa situación, la tasa de inasistencia era de apenas el 5.7%. La brecha entre ambos grupos alcanzaba los 48 puntos porcentuales. Era, ya en ese momento, la expresión numérica de un fracaso colectivo de proporciones considerables.

Dos años más tarde, en 2017, el instrumento amplió su lente para incluir los quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas. Michoacán registró 169,087 niños en situación de trabajo infantil en su definición amplia, y de ellos, 83,321 estaban fuera de las aulas. La proporción llegó al 49.3%. Entre los que vivían fuera de esa situación, la inasistencia era del 5.6%. Dicho de otro modo, los niños trabajadores tenían 8.8 veces más probabilidad de estar alejados de la escuela que quienes podían dedicarse exclusivamente a aprender. En ocupaciones directamente prohibidas por la ley, el porcentaje de menores fuera del aula llegaba al 59.8%.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de 2019 mostró un dato que invitaba a la cautela antes que al optimismo. De los 192,525 niños en trabajo infantil, el 25.7% permanecía sin escolaridad activa. Esta cifra, menor a la de años anteriores, respondió en parte al crecimiento del componente de quehaceres domésticos dentro del hogar, una modalidad que con frecuencia puede combinarse con la asistencia escolar aunque a un costo invisible en energía, atención y bienestar. El niño que llega al salón de clases después de cuidar a sus hermanos desde el amanecer hace presencia con su cuerpo; su mente, sin embargo, carga con más de lo que debería.

El año 2022 cerró la serie con la cifra más alta de trabajo infantil en la historia de estas mediciones en Michoacán: 212,985 menores en esa condición, equivalentes al 18.0% de la población de 5 a 17 años. De ese universo, 76,665 estaban fuera de la escuela, es decir el 36.0% de los niños trabajadores. Entre quienes vivían fuera del trabajo infantil, la inasistencia llegaba al 6.2%. En ocupaciones directamente prohibidas, el porcentaje de menores sin escolaridad volvió al 53.8%, exactamente el mismo que había registrado en 2015, como si siete años de política pública hubieran transcurrido sin mover la aguja en la dirección que la evidencia exigía.

El derecho a estar: la ausencia que define

El primer derecho que garantiza el sistema educativo es el más básico: el derecho a estar. A ser contado. A existir en un espacio donde las niñas y los niños son tratados como aprendices y ciudadanos en formación, y donde el Estado cumple su obligación de protegerlos. En Michoacán, 136,894 menores de 5 a 17 años estaban fuera de ese espacio en 2022. Uno de cada once. Y la relación entre esa ausencia y el trabajo infantil es directa, medible y sistémicamente ignorada.

La tasa de inasistencia escolar de Michoacán ha superado la media nacional en cada una de las mediciones de la serie: 15.6% frente al 10.5% nacional en 2007; 14.8% frente al 8.9% en 2011; 12.0% frente al 7.2% en 2013; y 11.6% frente al 7.6% en 2022. Quince años de datos que ubican al estado como uno de los peores del país en este indicador y que confirman la correlación entre esa exclusión y la prevalencia del trabajo infantil, que igualmente supera la media nacional en la mayoría de sus componentes.

Que un menor esté fuera de la escuela es ya una violación de sus derechos. Que esté fuera porque trabaja es una violación compuesta: del derecho a la educación y del derecho a la protección contra la explotación económica. Que eso les ocurra a decenas de miles de niños michoacanos cada año y que las instituciones del estado sigan sin tratarlo como la emergencia que los datos demuestran que es, constituye una negligencia de proporciones históricas.

El derecho a aprender: presentes en el cuerpo, ausentes en la oportunidad

Más perturbador aún que la inasistencia es lo que ocurre con quienes sí llegan al salón de clases. En 2022, 136,320 niños combinaban la asistencia escolar con alguna forma de trabajo infantil. Esta coexistencia entre el aula y el trabajo se ha interpretado a veces como un dato auspicioso. Es, en realidad, una alerta sobre la calidad de esa asistencia y sobre las condiciones reales de aprendizaje de esos menores.

Un niño que llega a la escuela con el cuerpo agotado tras una jornada en el campo o una niña que cuida a sus hermanos y prepara los alimentos antes de entrar a clases y regresa a esas mismas responsabilidades al terminar, están presentes en el registro de asistencia. Pero su capacidad de aprender, de concentrarse, de hacer tarea y de participar activamente en el salón está comprometida por una carga que ningún menor debería cargar. La fatiga, el estrés crónico y la ausencia del tiempo libre que el juego y la exploración requieren son barreras que las estadísticas de asistencia no capturan, pero que el rezago educativo posterior sí revela con claridad.

Michoacán acumula uno de los niveles de escolaridad promedio más bajos del país. La conexión entre ese rezago acumulado y el trabajo infantil sostenido durante quince años es el resultado previsible de cientos de miles de menores divididos entre trabajar y aprender, condenados a hacer ambas cosas a medias por la imposibilidad material de hacerlas bien.

El derecho a la dignidad: una infancia que se roba en parcelas y mercados

El trabajo infantil despoja algo más que escolaridad. Despoja infancia. Despoja el derecho al juego, a la exploración, a equivocarse sin consecuencias económicas, a ser cuidado antes que cuidar. En los municipios michoacanos donde la producción de aguacate, fresa, caña y maíz demanda fuerza de trabajo estacional, los menores son incorporados a jornadas que en 2022 incluyeron a 65,138 adolescentes en trabajos oficialmente clasificados como peligrosos. Trabajos diseñados para cuerpos adultos, realizados por cuerpos que aún están creciendo.

La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como cualquier actividad que priva a los menores de su niñez, su potencial y su dignidad, lo que resulta perjudicial para su desarrollo físico o psicológico. El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a proteger a los menores de la explotación económica y del desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación. México ratificó esa Convención. Michoacán forma parte de México. La cadena de obligaciones es clara. La cadena de incumplimientos, también.

Las consecuencias sistémicas: lo que Michoacán se juega

El trabajo infantil ha dejado de ser un problema de las familias que lo padecen para convertirse en un problema de toda la sociedad que lo permite. Cada cohorte de niños que trabaja en lugar de aprender es una generación con menor capital humano: menos habilidades, menor productividad, menores ingresos en la adultez y menor capacidad de romper el ciclo de pobreza que los empujó a trabajar desde niños. Michoacán, que depende en medida importante de las remesas de su población migrante y que enfrenta el desafío de transformar una economía de bajo valor agregado, construye ese futuro sobre la base de adultos cuya educación fue sacrificada a la necesidad.

La caída libre de los apoyos gubernamentales agrava el panorama de manera significativa. En 2007, 672,641 menores michoacanos recibían becas, transferencias monetarias, apoyos sociales u otros programas de gobierno. En 2022, esa cifra había descendido a 175,622, una reducción del 73.9%. Esta caída transcurre en paralelo con el incremento del trabajo infantil en su medición amplia: de 169,087 casos en 2017 a 212,985 en 2022. La evidencia sugiere que los mecanismos de transferencia, cuando existían con la cobertura adecuada, moderaban el fenómeno. Su desmantelamiento ha tenido consecuencias medibles y documentadas en los tabulados del propio Estado mexicano. Las transferencias monetarias actuales no logran paliar el problema.

El riesgo sistémico más grave para Michoacán es la consolidación de una trampa de pobreza multigeneracional. Padres que trabajaron de niños, que estudiaron poco, que tienen empleos precarios y cuyos hijos trabajan de niños por las mismas razones. Las transferencias monetarias, en ausencia de intervenciones estructurales en educación, trabajo y desarrollo rural, llevan tres lustros de mediciones sin haber logrado romper ese ciclo. La evidencia es elocuente.

A esto se suma la pérdida de talento que Michoacán no puede permitirse. En una economía donde el conocimiento y la tecnología definen la competitividad, tener a uno de cada cinco menores en situación de trabajo infantil es hipotecar el futuro productivo del estado. Cada niño excluido de la educación de calidad es un profesional, un técnico, un emprendedor o un líder comunitario que Michoacán nunca tendrá.

Llamados a la acción: lo que Michoacán necesita ahora

Ante esta situación, al Gobierno del Estado le corresponde crear un Sistema de Monitoreo del Trabajo Infantil que articule en tiempo real los datos del INEGI con los de la Secretaría de Educación y la Secretaría del Trabajo; diseñar programas de retención escolar con componente de ingreso para familias en municipios de alta incidencia y restaurar la cobertura de apoyos económicos a la niñez que se ha desplomado en los últimos años.

Al Congreso del Estado le toca legislar una Ley Estatal de Protección Integral contra el Trabajo Infantil con sanciones efectivas; asignar en el Presupuesto de Egresos una partida específica para programas de erradicación del trabajo infantil y exigir informes anuales de resultados medibles que rindan cuentas a la ciudadanía.

Al sector empresarial y agroindustrial les corresponde adoptar protocolos de cadena de suministro libres de trabajo infantil, con auditorías independientes en los campos y empacadoras de aguacate, fresa y otros productos michoacanos e invertir en centros de atención para hijos de jornaleros durante las temporadas de cosecha, como condición de sus certificaciones de exportación.

A la ciudadanía michoacana le corresponde denunciar los casos de trabajo infantil en el entorno cercano, exigir compromisos concretos a funcionarios y candidatos y rechazar la normalización cultural de un fenómeno que se ha disfrazado de tradición o hasta de mérito cuando en realidad es una violación de derechos que se mide, se documenta y puede revertirse.

Los datos existen. El diagnóstico está hecho. Lo que falta es la voluntad de actuar con la urgencia que quince años de evidencia acumulada demandan. Porque una niña que trabaja en lugar de estudiar es una nación que elige el presente más corto sobre el futuro más largo. Y Michoacán ya lleva demasiado tiempo tomando esa decisión por sus niños, sin pedirles permiso y sin darles alternativa.

¡Merecemos un gobierno educador!

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.