Bajo el argumento que la unidad de élite que había trabajado por décadas con la DEA en México estaba infiltrada por la delincuencia organizada, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó suspender sus operaciones desde el pasado mes de abril, cuando las diferencias entre el gobierno mexicano con Washington comenzaron a ser frecuentes y los ataques presidenciales contra Estados Unidos cada vez más desafiantes.
Lo que no se dice de esa autócrata decisión del presidente, es que al suspender sus operaciones, la DEA ya no puede continuar con las investigaciones sobre los grupos criminales que operan en nuestro país, ni pueden utilizar la aeronave equipada con la más alta tecnología de localización y que se utilizaba para ubicar a los líderes de los cárteles y grupos delincuenciales; su utilización era invaluable para las misiones y la efectividad de la DEA en México.
De hecho, el aparato fue removido del aeropuerto de Toluca y ya no se encuentra en el país, lo que sorprendió a los senadores Chuck Grassley y Dick Durbin que pidieron a la DEA información sobre las operaciones de la Agencia Antidrogas en el extranjero, incluyendo el cierre de una unidad especial en México, supuestamente a petición del gobierno mexicano.
Los senadores, aseguran que “sucesos recientes en México generan preocupación adicional y hablan de la necesidad de una supervisión constante por parte del Congreso”, refiriéndose a la cancelación de la cooperación binacional en la lucha contra la fabricación y tráfico de las drogas que realizaban ambos países desde hace décadas.
En específico, aludieron al anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el cierre, el año pasado, de una investigación de la DEA que operaba en el país. Meses más tarde, el mandatario mexicano, canceló las operaciones de la DEA porque estaba infiltrada por criminales.
Los senadores también piden explicaciones sobre las circunstancias en que fue removido de México un avión usado en misiones de la DEA preguntan si el avión de la DEA fue removido a solicitud del gobierno mexicano, bajo qué circunstancias y el impacto que dicha remoción tiene para las operaciones de la agencia.
Un agente que pidió el anonimato, afirmó a los senadores que esa decisión más parecería una medida de protección contra los líderes criminales, que una decisión tomada por la existencia de actos de corrupción.
Por ello, la preocupación en el Senado de Estados Unidos por las políticas que el presidente mexicano está adoptando ante la delincuencia organizada en el país.
Al parecer, sus últimas declaraciones sobre el cuidado a los miembros de los grupos antisociales, no solo es para ellos, sino extensiva para sus dirigentes. Solo eso nos faltaba.