Muy poco le importan a los gobiernos y tampoco a la sociedad. Seguramente son temas que incomodan y de los cuales poco o nada debiera de hablarse. Seguramente es enojoso que se haga mención de que las políticas para cuidado, tratamiento, disponibilidad humana del agua, no están logrando los resultados que se anticipaban; también debe ser molesto que los datos duros y fríos, indiquen que los bosques se vienen achicando a velocidad abrumadora y que igualmente las políticas respectivas estén demostrando su fracaso.

La semana pasada, los días 21 y 22 de marzo se celebraron respectivamente el día internacional de los bosques y el día mundial del agua. La razón por la que se instituyeron tales fechas fue para que hubiese un referente global que motivara mejores políticas para atender dos problemas cardinales que son decisivos para la vida de la humanidad. Dichos días deberían de ser referente para evaluar resultados de políticas públicas, la interacción de las actividades económicas con bosques y aguas y las características de la cultura que marca la manera en cómo se relacionan los seres humanos con estas entidades.

En el contexto nacional ambas celebraciones transcurrieron en la marginalidad. La oportunidad que tenía el gobierno federal, considerando su reciente inauguración en la administración pública, para fijar nuevas y mejores políticas, para señalar la condición crítica con que se administran las aguas nacionales y también la situación preocupante del deterioro de nuestros bosques, quedó marcada por el silencio.

Es una pena que esto ocurra. Si bien es cierto que un cambio radical para atender el problema de la corrupción es imprescindible en el México actual y sea el centro de la preocupación gubernamental, también es cierto que la agenda medio ambiental tiene una relevancia imposible de ocultar. Cierto que el problema de la corrupción es un fenómeno “transversal” que afecta a todos los ámbitos de la vida nacional, incluido el problema del medio ambiente. Pero también es cierto que la agenda de bosques y aguas, por sí misma, supone acciones preventivas de diversa índole, que deben atenderse con urgencia. Es una agenda que implica la toma de acciones urgentes que no puede posponerse u olvidarse más que a costa de incrementar los riesgos para la sustentabilidad de nuestra civilización. Debe entenderse que sin medio ambiente estable y sano no habrá condiciones para la vida, la paz, ni en el extremo, para el ejercicio de la economía o la política.

La ausencia de directrices, que supongan un verdadero cambio, a la altura de los problemas ambientales de México, solo alentará a los agentes sociales y económicos que hoy por hoy han tomado a las aguas nacionales y a los bosques como mercancías para acumular riqueza en un esquema predador de los recursos naturales. Alentará el modelo de generación de riqueza que se ha soportado en la destrucción de estos componentes ambientales que son esenciales para la vida de todos los mexicanos y de la humanidad. En verdad es preocupante que no haya ni siquiera el atisbo de un cambio paradigmático en esta materia.

Era imprescindible, de cara a la nueva administración -pero sigue siendo urgente-, una revisión de las instituciones medio ambientales federales, que supusiera reformas a las leyes que las sustentan y a las prácticas que vienen desarrollando y cuyos resultados han sido negativos. Por ejemplo, no han podido siquiera contener el cambio ilegal de uso de suelo a costa de bosques y selvas, no han podido impedir la creciente privatización ilegal de las aguas para beneficio de empresas agrícolas e industriales. Así como están y han venido actuando las instituciones federales ambientales sólo son garantía de una ruta, la del abatimiento de los bosques y el acaparamiento de aguas.

Instituciones como CONAGUA siguen una inercia perversa, completamente distinta a su obligación que es la de considerar al agua como un derecho humano y asumirla como un asunto de seguridad nacional. Ha crecido la cantidad de pueblos y comunidades que hoy día han sido despojados de sus aguas por aguacateros y cultivadores de frutillas con el consentimiento y aprobación “legal” de quien debía velar por el derecho humano de los pobladores, también es evidente el incremento de conflictos por el acceso al agua y de localidades que emigran por ese motivo.

La ausencia de una perspectiva integral del fenómeno ambiental ha dado resultados catastróficos. Pensar que la cuestión del agua, de los bosques, de la tierra, deben ser separados porque para ello se han creado secretarías o direcciones distintas es un absurdo. En la vida real aguas, bosques y tierra son interdependientes. La interacción con los bosques tiene consecuencias en la disponibilidad de agua y en el deterioro de la tierra. El cambio de uso de suelo está ligado con la deforestación y ésta con el acaparamiento de agua. Si los gobernantes no modifican este paradigma las instituciones seguirán justificando su visión parcelaría: sólo el agua, sólo el bosque, sólo la tierra.

Sin embargo, sólo se entiende el silencio del gobierno federal frente a estas fechas, que debieron ser cruciales para sus definiciones, por la concesión implícita a los poderes fácticos. Qué lamentable que el medio ambiente haya sido, nuevamente, colocado a la cola del resto de las políticas. Qué absurdo porque la vida debería de ser primero. En nuestro caso estamos convencidos que las políticas públicas del siglo XXI deben ser ambientales o no habrá más civilización.