Seguridad y defensa/Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa

Alerta en gabinete: Presupuesto y PIB y la crisis de seguridad interior

La presentación de los documentos presupuestales para el 2021 han encendido focos de alerta en materia de seguridad. Si bien se trata de un gasto austero determinado por la crisis económica del Covid-19, de todos modos, en su inevitabilidad sobresale el escenario interno de una nueva fase de crisis de la seguridad interior.

De nueva cuenta se va a tener que debate el concepto de seguridad interior que viene desde la Constitución de Cádiz de 1812 y se quedó en las constituciones federalistas mexicanas. La doctrina de seguridad interior es una de las más importantes que forman el cuerpo teórico de la educación superior militar porque forma parte de la seguridad nacional que es la esencia de las fuerzas armadas.

Aquí lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero hay que repetirlo porque los funcionarios y políticos que deciden suelen olvidarlo: la seguridad interior es la obligación del Estado para garantizar el funcionamiento económico, democrático y social de la república ante los embates de la delincuencia. En términos teóricos, la doctrina de defensa nacional lo establece de la siguiente manera:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional“.

Los factores que interrumpan la producción, el funcionamiento económico institucional y la creación de bienestar en toda la república son riesgos de seguridad interior: pobreza, marginación, desempleo, bandas criminales.

En este sentido, el presupuesto federal para 2021 y las expectativas de PIB dibujan una situación de crisis de gasto y de crisis económica que tendrá impactos en la seguridad. El presupuesto tendrá una baja en términos reales con respecto a 2020 y la recaudación sin deuda pública ni aumento de impuestos tendrá que lidiar con las necesidades de gasto de la pandemia.

Pero la parte más grave, de acuerdo con las cifras oficiales, estará en las expectativas de crecimiento. Los Criterios Generales de Política Económica para 2020 señalan un PIB de -8% para 2020, un rebote de 4.6% en 2021 y un promedio de 2.5% para 2022-2024. En total, las cifras oficiales prevén un PIB promedio anual para 2020-2024 de 0.8%, frente a una tasa de 2.4% de aumento de la población económicamente activa y de 1.9% de la tasa de natalidad.

El PIB promedio anual de 0.8% implicará, sobre todo, menos empleo, menos bienestar y mayor marginación y pobreza. Pero lo más grave del asunto es que las organizaciones delictivas en sus diferentes especialidades aprovechan justamente la crisis de crecimiento en las regiones para tomar el control político y social pagando salarios que la economía no puede sufragar.

SI la seguridad interior es la tarea del Estado para mantener el desarrollo nacional –es decir: el bienestar de la sociedad–, entonces la expectativa de PIB debe prever otra fase más de crisis en la seguridad interior: las bandas criminales y sus costales de dinero sucio para a apoderarse de zonas territoriales de la soberanía del Estado ante la falta de desarrollo-bienestar promovido por el Estado.

La tesis central de este racionamiento es simple: sólo el crecimiento económico regional, el bienestar de la población y el empleo formal y legal son la garantía de seguridad dentro de la república. Hasta ahora, los programas emergentes del Estado en zonas rurales de presencia delictiva son menores a las inversiones salariales de los criminales.

De ahí el llamado de atención: mientras haya austeridad y PIB bajo, el Estado no podrá garantizar el desarrollo y el bienestar y dejará las plazas a las organizaciones criminales que derraman empleos y salarios, ilegales, pero que han llegado a salvar vidas de mexicanos olvidados por la crisis. Y ante ello, la intervención de las fuerzas de seguridad es consecuencia, no causa de la crisis de inseguridad.

Ley de la Omertá

El presupuesto para el 2021, las expectativas oficiales del PIB y la crisis de la seguridad interior como cesión de plazas al crimen organizado obliga a regresar al planteamiento original de este gobierno: el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Y recordar que hubo dos planes: el doctrinario del presidente de la república y el programático de Hacienda; el segundo fue desechado.

Pero ahora se requiere de un Plan programático de planes, obras, planteamiento regional, de reorganización del modelo de desarrollo, del papel del Estado para reactivar procesos productivos y cadenas industriales, de regresar al Estado a ocupar el campo que hoy está en manos de las bandas criminales.

Hay iniciativas de compra estatal de productos y de regreso de precios de garantía, pero sin coherencia local, sin estrategia y con procesos marcados por la corrupción. El campo fue el último que se cayó en la pandemia y será también el último que se reactive. Y sin empleo para campesinos, los trabajadores del campo se irán a la delincuencia, a los cinturones de miseria o a la migración a los EE. UU.

La seguridad, por lo tanto, no debe ser tomado como un asunto de policías y ladrones, de arrestados y muertos en choques, de cifras de homicidios dolosos y delitos contra el patrimonio. La seguridad es un reflejo cabal de la seguridad interior: bienestar y desarrollo social. Cuando los políticos, los gobernantes, los empresarios y los congresos fallan, entonces la economía se criminaliza y es cuando llaman a las fuerzas de seguridad y éstas llegan a luchar contra grupos delictivos fuertemente armados y entonces surgen las quejas de abuso de fuerza.

La seguridad debe ser la última instancia de estabilidad social; la primera es el desarrollo como objetivo de Estado, de fuerzas productivas y de gobernantes. La crisis, la pobreza y la delincuencia deshicieron los tejidos sociales, políticos y económicos en las zonas del interior de la república y hasta ahora ninguna estrategia de seguridad ha sido operativa en asumir la seguridad interior como un tema de desarrollo, bienestar y crecimiento económico.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.