Se busca titular de la educación michoacana

Michoacán vive, desde hace más de un mes, una anomalía que debería alarmar a cualquier sociedad que se asuma responsable del porvenir de su niñez y de su juventud. El gobierno del estado carece de una persona titular al frente de la Secretaría de Educación en el Estado. Desde el veinticuatro de junio de dos mil veintiséis, cuando la extitular presentó su renuncia para formalizar su incorporación a la disputa interna de su partido rumbo al proceso electoral de 2027,  la dependencia que administra la educación de más de un millón doscientos cuarenta y siete mil niñas, niños y jóvenes permanece sin conducción formal, sin nombramiento definitivo y, lo que resulta más inquietante, sin una fecha comprometida para resolverlo. Un sistema educativo estatal no admite interinatos prolongados ni encargaturas de despacho sin rostro público. Cada día que transcurre sin una persona titular plenamente investida representa decisiones postergadas, negociaciones magisteriales sin interlocutor con autoridad plena y una señal preocupante hacia el magisterio, hacia las familias y hacia la propia estructura administrativa de la dependencia.

El relevo quedó pendiente desde ese mismo instante, y el gobierno estatal se abstuvo de informar quién ocuparía de manera definitiva una de las áreas más relevantes de la administración pública.

Un mes después, la incógnita seguía intacta. Cuestionado en su conferencia semanal sobre si existía ya un perfil para cubrir la vacante, el gobernador Ramírez Bedolla ofreció una respuesta que retrata la distancia entre el discurso institucional y la urgencia educativa: “El sector educativo está de vacaciones, y al regresar de este periodo tomaremos la decisión”. La frase, pronunciada el 27 de julio, equipara el receso escolar de niñas, niños y adolescentes con el funcionamiento de una secretaría de Estado, como si la gobernanza educativa pudiera entrar en pausa junto con el calendario de clases. Mientras tanto, ha habido una encargatura de despacho, sin que exista un nombramiento oficial que respalde esa función ni certeza jurídica sobre el alcance de sus atribuciones.

La acefalía de una secretaría de Estado durante más de treinta días trasciende el simbolismo político y se traduce en parálisis administrativa concreta. Una encargatura de despacho carece de la investidura plena que exige la representación institucional frente a la federación, frente al magisterio organizado y frente a la propia sociedad michoacana. Las decisiones presupuestales de mayor calado, la interlocución formal con los sindicatos y, especialmente, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la instrumentación de los acuerdos firmados en junio, la definición de política pública en infraestructura escolar y la atención a la violencia dentro de los planteles quedan sujetas a la fragilidad de una autoridad interina que actúa sin el respaldo pleno de un nombramiento constitucional. 

Ningún proveedor, ningún ayuntamiento y ningún organismo federal negocia con la misma disposición cuando su contraparte carece de investidura definitiva. Esa reticencia se traduce, tarde o temprano, en trámites detenidos y decisiones diferidas. El diagnóstico se agrava al situarlo en el calendario político del estado: Michoacán transita ya hacia el proceso electoral de 2027, que comenzará formalmente en un par de meses, mientras que, la vacante coincide con la salida simultánea de otras figuras del gabinete que también compiten por espacios internos de su partido, lo que sugiere que la cartera educativa quedó subordinada al calendario electoral interno de Morena, relegando a segundo plano la atención cotidiana de un derecho constitucional que exige continuidad, planeación y rendición de cuentas.

Prolongar la vacante trae consecuencias que se acumulan con cada semana que transcurre. Se pierde el rumbo en la planeación del ciclo escolar 2026-2027, que exige decisiones oportunas sobre calendario, infraestructura y plazas docentes. Se debilita la posición negociadora del estado frente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y frente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que enfrentan a una encargada de despacho sin investidura para comprometer acuerdos de fondo. Se fragiliza jurídicamente cualquier convenio, contrato o decisión presupuestal que suscriba o avale la encargatura, expuestos a impugnaciones posteriores. 

Crece el riesgo de subejercicio de recursos destinados a infraestructura escolar y programas educativos, y se pierde representatividad de Michoacán ante instancias nacionales de coordinación educativa. Se deteriora, además, la confianza ciudadana en la capacidad del gobierno estatal para priorizar la educación por encima del calendario electoral de su propio partido. Y la consecuencia más grave se proyecta sobre la niñez y la juventud michoacanas, quienes ven postergada la atención a problemas estructurales como la violencia escolar, el rezago educativo y la desigualdad entre regiones. 

Michoacán arrastra memoria reciente de lo que significa una secretaría sin capacidad de respuesta oportuna: el homicidio de dos maestras en la Preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas, ocurrido meses atrás, exhibió las fragilidades del sistema para anticipar y contener la violencia dentro de los planteles.

Michoacán cuenta, pese a todo, con actores capaces de exigir que la vacante se resuelva con responsabilidad y celeridad. El Congreso del Estado conserva la facultad de fiscalizar el desempeño de la administración pública y de solicitar comparecencias que expliquen la ausencia prolongada de una persona titular. Las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa del derecho a la educación mantienen una vigilancia constante sobre los indicadores educativos del estado. El propio magisterio, tanto el organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como el institucional, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tienen interés legítimo en contar con un interlocutor investido de autoridad plena. Las madres y los padres de familia representan igualmente una fuerza capaz de trasladar la exigencia desde las aulas hacia el Palacio de Gobierno.

La designación que se resuelva en las próximas semanas debe atender un perfil construido sobre atributos concretos y verificables, y no exclusivamente sobre la cercanía política del momento. La persona titular debe acreditar experiencia comprobada en la gestión de sistemas educativos públicos y conocimiento profundo de la estructura, el financiamiento y la normatividad que rigen a la dependencia, de manera que la curva de aprendizaje del cargo no se traduzca en meses adicionales de parálisis. Se requiere capacidad probada de diálogo con las organizaciones magisteriales sin que ese diálogo comprometa la gobernabilidad ni la disciplina presupuestal del estado, una trayectoria pública de honestidad y transparencia, y sensibilidad genuina con los derechos de la niñez y la adolescencia. Resulta igualmente necesaria una sólida capacidad de gestión financiera y presupuestal, una visión de política pública basada en evidencia, independencia frente a los intereses político electorales que atraviesan al gabinete estatal, y capacidad de interlocución institucional sólida con la Secretaría de Educación Pública federal. La persona designada debe reconocer, además, la diversidad territorial de las regiones michoacanas, desde la Meseta Purépecha hasta Tierra Caliente y la Sierra-Costa, a la vez que asumir un compromiso explícito con la rendición de cuentas y la evaluación educativa.

En cuanto a las cartas negras, debe de evitarse que se asigne la titularidad a personas que hayan estado involucradas en actos de corrupción, tanto ellas como sus familiares más cercanos, así como también que hayan signado minutas que comprometiesen el erario educativo, que tengan procesos de responsabilidades administrativas previos y que tengan una fama pública cuestionable.  No hay necesidad de entregar la educación a perfiles que tengan malos antecedentes.

El tiempo apremia. Al gobierno del estado le restan, contados desde hoy, catorce meses de administración antes de que concluya su periodo constitucional el 30 de septiembre de 2027. Catorce meses representan un margen breve para sostener una secretaría sin rostro definido, y cada semana adicional de vacante compromete la posibilidad de dejar un sistema educativo ordenado a quien reciba la administración entrante. 

Por lo anterior, llamamos al titular de la administración pública estatal a fijar una fecha pública y verificable para anunciar a la persona titular y a explicar con transparencia los criterios que orientarán esa designación. Llamamos al Congreso del Estado a ejercer con firmeza su facultad de fiscalización, solicitando una comparecencia que informe sobre el estado que guarda la dependencia. Y llamamos a las familias michoacanas, a los medios de comunicación y a la sociedad civil organizada a mantener una vigilancia sostenida sobre este proceso, sin permitir que la designación se resuelva entre negociaciones internas ajenas al interés superior de la niñez.

La educación estatal no es un premio de consolación ni un trampolín hacia otras ambiciones políticas. Es, ante todo, un derecho constitucional que exige continuidad institucional, planeación prospectiva y una conducción capaz de sostener la mirada más allá del ciclo electoral inmediato. Exijamos que esta prolongada vacante se resuelva con la urgencia que la niñez michoacana merece, con un perfil cimentado en su capacidad técnica, honestidad comprobada y compromiso genuino con el derecho a la educación. En Michoacán se busca titular de la educación,  la cual no admite más vacaciones.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.