Refranes y otras verdades/José Manuel Álvarez Lucio

El domingo por la noche, la reconocida periodista Carmen Aristegui dio a conocer a través de su canal de youtube una investigación sobre la tesis de licenciatura del presidente de la república Enrique Peña Nieto.  Según este reporte, 197 párrafos, 29% de la tesis, fueron copiados de manera textual, de obras de al menos 10 autores, ninguno de ellos citados y muchos de ellos sin haber sido nombrados en la bibliografía. El video en mención se ha vuelto viral, llegando a dos millones de reproducciones en tan sólo 4 días.

Lo que en países como Hungría, Rumania, y Alemania ha derivado en la dimisión de presidente, primer ministro y ministros de educación y defensa respectivamente, en México ha sido prácticamente ignorado por el ejecutivo federal, haciéndole, como se dice coloquialmente, lo que el viento a Juárez. No es sorpresa que esta investigación no inmute al presidente; el famoso caso de la Casa Blanca, claro ejemplo de corrupción y/o tráfico de influencias, pretendió resolverlo con una “disculpa pública” un año después, mientras que en países como Islandia, Brasil y Guatemala este tipo de escándalo ha supuesto el retiro del cargo de sus mandatarios.

El hecho de minimizar esta investigación por tratarse de un suceso de hace 25 años, por argumentar que la periodista tiene una consigna personal contra el presidente, por tratarse de “un error de estilo”(vocero de la presidencia), o un “error de imprenta”(asesor de tesis), hablan de un cinismo descarado para aminorar la gravedad que amerita el caso. Quizás el hecho de que la aprobación de su gestión oscile del 23 al 29% de acuerdo a diferentes encuestas suponga que esto es sólo “una raya más al tigre”, sin embargo, la calidad moral y capacidad de nuestros gobernantes debe ser una inquietud permanente de los ciudadanos. Los servidores públicos, y con mayor razón, quienes ejercen puestos de elección popular, siempre estarán en el escrutinio público. Quien quiera ser payaso deberá aguantar las carcajadas.

En este sentido, apegados al propio discurso que nuestros representantes utilizan en campaña, los ciudadanos debemos exigirles una profesionalización en sus labores. Aún y cuando no es requisito para muchos de ellos el tener un grado académico, son quienes toman las decisiones más importantes de este país y quienes, en gran medida, ponen las reglas de juego para otros actores, como ministros o cuerpos colegiados de organismos autónomos, a quienes les exigen tener estos grados y demás requisitos académicos. En nuestro país sólo el 19% de los gobernadores tienen algún posgrado mientras que en Estado Unidos esta cifra es del 72%.

Para el caso de Michoacán, si tomamos como ejemplo a nuestros legisladores del Congreso Local, según el Registro Nacional de Profesionistas, sólo 20 de los 40 tienen cédula profesional de educación superior. Si bien esto en sí no refleja la capacidad, cercanía y vocación de servicio, si hace notar la falta de vocación académica y de legitimidad profesional ante la sociedad a la que representan.

El caso de plagio de nuestro presidente le ha dado la vuelta al mundo. Seguramente no es el único representante popular que ha cometido plagio y también abundan quienes dicen ostentar un título que no poseen. Afortunadamente, esta semana hemos visto que al que de ajeno se viste, en la calle le desnudan.