¿Qué hacer con la justicia?

Para la construcción del estado autoritario que pretende el jefe máximo de Morena, es indispensable destruir a quien se constituyó como un formidable dique frente a las arbitrariedades: el Poder Judicial. Con una gran capacidad para imponer narrativas y polarizar, se propuso desmontar la judicatura federal y, de pasada, las de las entidades.

Lo de la narrativa fue fácil: se aprovechó lo complejo que resulta para un ciudadano comprender, en un país federado y con competencias diferenciadas, los sistemas de seguridad y de procuración e impartición de justicia.

Se ocultó a la población que la justicia federal vivía un proceso de mejora y que las reformas en derechos humanos y en materia penal representan una mayor carga de garantías para las personas, pero también una fuerte complejidad, por ejemplo, para las autoridades que persiguen delitos o los juzgan.

A la población se le mintió al culpar a los jueces por la tardanza en los procesos, no se aclaró que hay pocos y mal pagados. Tampoco que, en los casos de índole penal, los asuntos que interesan a la población son de carácter local y, en muchas ocasiones, nadie es castigado por las deficiencias en las carpetas de investigación, por actos de tortura o porque el inculpado nada tiene que ver con el ilícito.

El resultado: en dos meses, el país va a una votación que es una farsa. En términos generales, el ciudadano desconoce quiénes contienden y para qué. Los autores de la maquinación van a completar su hazaña con el uso de la maquinaria del Estado. El acarreo y las cuotas ya se preparan; los responsables serán los cuervos de la nación y una bola de burócratas que hace años se inmolaban por la democracia.

¿Qué hacer para evitar el desastre mayúsculo? No hay muchas opciones, menos cuando el engaño es de tal magnitud que parece importar a pocos lo que va a suceder. Una de las respuestas, tal vez la única, es la exhibición: desnudar la patraña y sus resultados. La pieza clave: la actuación de jueces inexpertos o deficientes y el incumplimiento en la mejora que se prometió en la materia. 

Es momento para que las instituciones académicas y las agrupaciones de abogados armen observatorios que den seguimiento a procesos y sentencias. Se requiere que, ante la opinión pública nacional e internacional, se analicen las decisiones judiciales y que los casos donde se resuelva en contra del derecho se conviertan en un escándalo que demuestre la impericia del juzgador o la presión de las fuerzas fácticas.

La oposición muy pronto tendrá un argumento inevitable: la faramalla de la votación no va a mejorar la justicia, y eso se debe convertir en una consigna para el debate. Claro, el poder no es manco y trabaja en destruir la libertad de prensa y expresión.