Descomplicado
El escándalo en el Instituto Nacional Electoral que hasta hace poco encabezó Guadalupe Taddei, es de escala nacional e internacional y una vergüenza de proporciones tales que pone en riesgo los principios básicos que deben guardar las elecciones democráticas de cara al 2027.
La confianza en la institución, fundada en la imparcialidad del árbitro, hoy se encuentra en crisis. La causa principal de ello fue la reforma de Morena en 2024 que permitió concentrar en la presidencia del instituto las funciones esenciales para preparar, organizar y dirigir los procesos electorales, que hasta hace unos meses se decidían colectivamente, entre todos los consejeros electorales. El resultado fue que se abrieron sin escrúpulos las puertas a la corrupción y el enriquecimiento de funcionarios, hijos y familiares de “la ejemplar e intachable” sonorense.
Ahora Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena argumentan falsamente que la corrupción viene desde los tiempos de Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova, y que ellos también tienen responsabilidad y deben ser auditados e investigados.
Dicho a la manera del obtadorismo, cuando son exhibidos con las manos en la masa exclaman que esa harina se las pusieron otros, los “neoliberales”, porque ellos “no mienten, no roban y no traicionan”. Son “impolutos”, “no son iguales”.
Pero el oficialismo, atrapado con los dedos en la puerta, en voz de la señora Sheinbaum, exclama un día que “Taddei traicionó la confianza del pueblo” (como si “el pueblo” la hubiera nombrado y no ellos) y al día siguiente reparte culpas y busca cambiar el discurso sobre los resultados electorales desde el 2000, sosteniendo que fueron producto de oscuras negociaciones de Zedillo y sus sucesores con los Estados Unidos porque “la verdadera democracia mexicana llegó con el triunfo de López Obrador en 2018”. Vaya disparate.
La realidad de fondo es que López Obrador, Sheinbaum y Morena son los verdaderos responsables de esta tragedia, la cual empezó a producirse desde que el INE de Taddei, de la mano del nefasto Tribunal Electoral, otorgó una inconstitucional mayoría calificada al oficialismo en las cámaras legislativas federales. Ello les permitió modificar la Constitución para deshacerse de un poder judicial autónomo e independiente, mediante unas falsas elecciones de las cuales surgieron los “ministros del acordeón”, todo validado por esos delincuentes electorales. Y, por si fuera poco, luego impulsaron y validaron las mencionadas reformas que concentraron el poder del INE en la morenista Taddei.
Eso pudrió al INE desde sus entrañas. Ahora esa profunda descomposición ha quedado exhibida y la credibilidad, basada en que el organismo electoral tenga una conducta imparcial, está en franco riesgo. Como en riesgo está la credibilidad de tener elecciones democráticas para el próximo año. Un riesgo que pone en entredicho la estabilidad del país.
Por eso es tan importante y fundamental que en la Cámara de Diputados, controlada absolutamente por Morena y sus aliados, se atrevan -con responsabilidad- a nombrar una presidencia del INE que sea imparcial, que cuente con el acuerdo y el consenso de todos los partidos. Que sea imparcial no es sinónimo de oposición al régimen, sino que actúe con apego a la ley y a la Constitución. Eso es lo que requiere hoy México. ¿Sucederá? Tengo severas dudas, pero ¡ojalá y si!




