Opresión: invisibilidad y violencia feminicida

Existen casos de feminicidios que son visibles y mediáticos, y otros que no lo son, pese a que se trata del mismo problema, violencia de género, violencia contra las mujeres y las niñas, se trata de feminicidio, no obstante, es atendido desde el servicio público de diferente manera, aun cuando existe protocolos de actuación en caso de violencia de género y feminicidio; muchos de los casos de homicidio contra mujeres, no es atendido desde la perspectiva de género.

Las mujeres asesinadas, no solo son un dato, son expresiones de la violencia extrema que genera el patriarcado en contra de ellas. En el triángulo de la violencia de Johan Galtung nos presenta que en la cúspide se encuentra la violencia física, esa violencia que se ve, que se utiliza para someter, controlar y disciplinar el cuerpo, que es utilizado como territorio del  hombre; abajo, o sea, en la base del triángulo, se ubican la violencia estructural, dominada por las instituciones, por las estructuras operativas que soportan las normas y los patrones culturales sobre la conducta y comportamiento de la mujer, así como la violencia cultural, que no es otra cosa que la normalización y naturalización de prácticas e ideologías que subordinan, e incluso dominan los cuerpos de las mujeres, ambas violencias no son visibles pero representan la cultura patriarcal. A mayor violencia estructural y cultural, mayor violencia física.

Las herramientas que tienen ahora el servicio público, pero igualmente las mujeres, destacan las convenciones de CEDAW, Belén Do Pará, las sentencias de organismos internacionales y nacionales, la jurisprudencia internacional, nuestro marco legislativo y constitucional y los protocolos para atender la violencia de género y feminicida, pero además los protocolos para juzgar con perspectiva de género de la SCJN. Es decir, un servidor público debe someter sus criterios a la norma jurídica y las mujeres deben conocer los instrumentos y demandar su cumplimiento, como lo hicieron los familiares de la mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, ante la Comisión Interamericana de los DDHH y la Corte Interamericana de los DDHH, quien se pronunció con la sentencia de Campos algodonero y Fernández Ortega contra el Estado mexicano por violaciones internacionales a los DDHH.

Cuando una hija desaparece, cuando un hijo no regresa, son las madres de familia las que salen a buscar al no llegar a su casa  éstos y no avisar sobre sus ausencias; en efecto, será la madre la que salga a buscar a su hija o hijo o hije cuando no regresa, pero es la madre porque de manera natural y normalizada, es ella quien genera las condiciones para el cuidado y atención de sus descendientes, pero estos estereotipos se encuentran en transformación, no son estáticos, son dinámicos, y hoy vimos en el caso de la joven Debanhi  de Nuevo León que han sido su padre y su madre quienes han salido a buscar, desafortunadamente y después de casi dos semanas, la han encontrado en las condiciones que usted ya conoce y que por respeto a ella, no lo mencionaré.

Hoy, esa lucha en la búsqueda de los hijos e hijas por los familiares, confirma con dolor, la indignación, el coraje, la impotencia de no haberla encontrado viva o vivo, pero de haber encontrado su cuerpo, porque saben dónde descansaran ahora sus restos, el gran tema, es cuando pese a esa búsqueda no se localizan sus cuerpos y no hay donde llorar, no hay donde encontrar la paz, la calma, el sosiego.

Conversando con mis compañeros y compañeras del doctorado en Género y Derecho, expresábamos, que hoy conocemos en algunos casos, los nombres de personas desaparecidas, hombres y mujeres, pero desafortunadamente no conocemos el nombre de quienes fueron sus victimarios, dónde se localizan, porque ellos no se encuentran en un centro de reinserción social, nadie sabe dónde localizarlos, y los delitos pueden quedar impunes.

Los casos mediáticos por feminicidio, los más sonados, los que nos dejan conocer como sociedad, pueden constituir un verdadero acicate para los ejecutivos de los estados para impulsar procesos de transformación y de creación de conciencia y conocimiento consciente del servicio público; de lo contrario seguirán siendo casos que queden en la impunidad y que, en razón de ello, no se utilice la perspectiva de género.

Desde la sentencia de Campo algodonero por parte de la CIDDHH al Estado mexicano, hubo cambios en las normas, la creación de instituciones y la definición de nuevas formas de atender el diseño de política pública, hubo también alerta de violencia de género; además,  se brindó capacitación por cientos de horas y cursos a servidores públicos y a la población; pero la pregunta es hasta dónde esto ha permitido una transformación en el modelo patriarcal, porque es evidente qué ahí continua el problema, en el mandato de masculinidad de los hombres y sus potencias.

En Michoacán también fue declarada la Alerta de violencia de género, y esta en 14 municipios, es evidente que las autoridades responsables de dicha política pública, deben pensar, despensarse y repensarse en como redefinir el diseño de la política pública, que requiere de otros apoyos, es decir, de trabajar con la deconstrucción de las masculinidades, de trabajar con los servidores públicos no solo en la profesionalización, sino también en la vocación de servicio, en el conocimiento consciente, en la creación y desarrollo de conciencia e inteligencia emocional y desde luego insistir en el conocimiento exhaustivo de la perspectiva de género.

El feminicidio, la guerra contra las mujeres, la utilización de sus cuerpos como territorio, esta presente en todo el país, no lo podemos ignorar, no requerimos solo de cifras de mujeres asesinadas y desaparecidas, requerimos de datos de las personas que ejecutaron esos cuerpos, no pueden seguir libres e impunes frente a una realidad que nos interpela y que es buscar al o las personas culpables para que reciban la pena por el delito cometido.