Opinión/Elizabeth Juárez Cordero

Consulta y  no impunidad

El ejercicio de la consulta popular, si bien de importancia por tratarse de la primera vez que se realiza en nuestro país; a juzgar por los resultados, la escasa participación de apenas 7% del electorado, pasará a la historia como un ejercicio costoso como innecesario, que lo mismo hubiera dado su no realización.

Y es que si bien, el objetivo de los mecanismos de democracia directa reside en fomentar el involucramiento y la más amplia participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, más allá del mero acto de votar. Mucho me temo, que de origen la solicitud de la  consulta por el presidente de la república, tuvo como principal motivación responder a las presiones hechas con base en sus propios dichos como parte de la campaña electoral de 2018, la de someter a los ex presidentes,  a investigación y sanciones por la presunta comisión de delitos.

Y no, como se ha pretendido justificar, como parte de una necesidad fundada en una verdadera preocupación por castigar a quienes desde el poder han violentado derechos humanos y delinquido sobre los bienes de la nación, hasta hoy en impunidad. Prueba de este interés y no interés, de que se participara en la consulta que no consulta, fue la solicitud presentada ante el Senado el mismo día en el que se vencía el plazo para hacerlo (15 de septiembre, 2020), así como los pronunciamientos por parte del presidente afirmando que no participaría y que de hacerlo sería por el “no enjuiciamiento”.

En este sentido, vale la pena traer a colación un ejemplo paradigmático de corrupción e impunidad, abiertamente reconocido para distintos países de América Latina, incluido México; el de la constructora brasileña Oderbretch y su enorme red sobornos y triangulación de recursos, caso del que hasta el día de hoy México sigue siendo el único país sin ninguna persona procesada, a diferencia de otros, en los que incluso sus jefes de Estado  fueron llevados ante la justicia, como Perú y Brasil.

La mención no es casual, Emilio Lozoya ex Director de Pemex, a poco más de un año de su extradición, es el único actor que  se encuentra sometido como parte de un proceso penal, pero en calidad de “testigo protegido” de cuyas declaraciones a decir por los detalles públicos y la larga lista de personajes que involucra, hasta ahora solo tienen preso al ex senador José Luis Lavalle.

Bajo esta misma lógica, se encuentra la compra de la empresa de fertilizantes Fertinal, vendida a sobreprecio a Pemex; el botín durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, proceso que ha quedado prácticamente cerrado vía un acuerdo reparatorio de poco más de 200 millones de pesos, en favor de Alonso Ancira presidente de Altos Hornos, actualmente libre por delitos tan graves, como lavado de dinero.  

Este par de ejemplos, recientes y de amplio conocimiento público, son evidencia de que la preocupación no está ahí; en la no impunidad, la justicia  o el derecho de  las víctimas, porque para ello bastaría la aplicación de la Constitución, del marco legal como del funcionamiento de las instituciones mandatadas para la investigación y la presentación de pruebas para el enjuiciamiento penal u otros procedimientos de esclarecimiento por la toma de decisiones políticas, presentes o pasadas.

Aun cuando se trata del primer ejercicio en su tipo, la reformulación de la pregunta extremadamente confusa por parte de la Suprema Corte de Justicia, las dificultades a las que fue sometido el Instituto Nacional Electoral por falta de presupuesto para su organización y en general la poca claridad respecto de lo efectos resultantes de la consulta, demeritan no solo su valor histórico sino sustantivo.

La no impunidad de este país, el castigo para quienes desde el abuso del poder han violentado los derechos humanos y hecho de los bienes públicos patrimonio propio, no está ni estuvo puesto sobre las mesas receptoras de casilla el día de ayer, ojalá lo hubiera estado.

Los mecanismos y procedimientos en democracia son siempre perfectibles, por ahora todo parece indicar que el ejercicio como pre entreno democrático nos queda debiendo, no por el recurso invertido, sino porque en su debut, fue reducido a un afiche político, un pretexto para la polarización y una vez más pagar el alto costo de defender nuestras simpatías y creencias políticas por la renuncia a nuestro pensamiento crítico, desde la oposición tanto como de la versión desde el poder. 

Pero sí al final de leerme estimado lector, aun se pregunta cuál es mi posición ante el tema que dicen era el consultado el día de ayer, estoy a favor del Estado de Derecho, de la no impunidad, la justicia, la verdad y el resarcimiento del daño a las víctimas,  aunque soy escéptica en la utilización que se suele dar a los mecanismos de democracia directa, creo que usados correctamente pueden ser vehículos para ampliar los horizontes de la participación y consolidar nuestros principios democráticos; mejorémoslos, antes de que los actores políticos terminen por vaciarlos de contenido, por deslegitimarlos.