Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas

BURLÁNDOSE DE LA CIUDADANÍA

No cabe duda que la aprobación del paquete de leyes del Sistema Anticorrupción, en los términos que se dio por parte de las Cámaras de Senadores y Diputados, durante el período de sesiones extraordinario celebrado en días recientes, no debiera sorprender a nadie; el madruguete imposición de los grupos parlamentarios del partido del gobierno y sus satélites es algo inherente a su propia naturaleza.

El hecho de introducir al cuarto para las doce modificaciones al Artículo 32 de la de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, para que los particulares que reciban fondos públicos tengan que presentar sus declaraciones, fiscal, patrimonial, y de conflicto de interés, constituye en realidad un intento de los legisladores afines al gobierno federal de desvirtuar la esencia de la iniciativa ciudadana. Iniciativa que tuvo como propósito principal el de establecer mecanismos genuinos para el escrutinio patrimonial de quienes se dedican al servicio públicodesde posiciones de privilegio, y que se han servido de sus posiciones para enriquecerse en forma obscura, en lugar de servir a la ciudadanía que los mantiene a través de los impuestos.

La puntada de los legisladores que aprobaron la Ley 3 de 3 con las modificaciones señaladas es, además, muestra clara de que la opinión pública los tiene sin cuidado. No se puede pasar por alto que la iniciativa fue presentada con el respaldo de más de 634,000 firmas y apoyada por cientos de miles más. A pesar de ello, los legisladores que la aprobaron, lo hicieron sin recato alguno y mostrando su absoluto desprecio por sus supuestos representados, los ciudadanos que la impulsaron. Como dice el refrán “genio y figura, hasta la sepultura”; lo prioritario para los comedidos legisladores es mantener la opacidad para resguardar sus intereses; al pueblo “atole con el dedo”.

El argumento de que las modificaciones de último momento al texto del Artículo 32 de la llamada Ley 3 de 3,busca incorporar como sujetos de la misma exclusivamente a quienes tienen participación directa en los procedimientos de licitación o asignación de recursos a nombre de las personas morales señaladas en el inciso B, es decir a los particulares que concursan y ganan obras y adquisiciones licitadas por el gobierno, resulta una cortina de humo para diluir el esfuerzo de escrutinio sobre los servidores públicos.

Como dijo el dirigente del PAN, la conducta del partido del gobierno y sus satélites “es una trampa vil, mediante la que se busca activar amparos contra la legislación y frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política”. Por su parte el fugaz dirigente de unos de los partidos de la dividida izquierda, el PRD, abundó:“el Sistema Nacional Anticorrupción se quedó muy corto, no sólo con la Ley 3 de 3, sino también porque el nombramiento del fiscal anticorrupción, que debería ser autónomo, lo hará el presidente de la República, aunque lo ratificará el Senado”. Cuestión que de inicio siembra la desconfianza entre los ciudadanos.

Los argumentos de los legisladores que modificaron con su voto el espíritu ciudadano de las inactivas del Ley del Sistema Nacional Anticorrupción resultan absurdos al argumentar, que de lo que se trata es medir con la misma vara que a los servidores públicos a los empresarios que se benefician con la asignación de obras y contratos licitados por el gobierno. Y no se trata de defender a los empresarios que ciertamente se benefician del contubernio con servidores públicos corruptos, sino de nos desvirtuar una demanda de terminar con la corrupción que se genera en y desde el gobierno mismo. La vigilancia y escrutinio de los particulares se da ya desde otros ámbitos. Y si se trata de vigilar, y sancionar en caso de corrupción, a aquellos que se benefician de la asignación de obras y contratos gubernamentales, habrá que diseñar mecanismos y normas legales especiales, pero no pretender confundir y desvirtuar un esfuerzo demandado por la ciudadanía que ha sido construido de manera participativa y transparente.