REFORMA EDUCATIVA FALLIDA
La mejor etapa de México en el ámbito de la estabilidad social en su historia reciente se dio durante el período post revolucionario comprendido entre los gobiernos de la República encabezados, por el General Lázaro Cárdenas del Rio y el tristemente célebre José López Portillo, desde luego con matices diferentes y momentos difíciles, particularmente los movimientos estudiantiles de 1968 y de 1971 en la ciudad de México.
Esas cinco décadas fueron el escenario de la construcción y práctica del modelo conocido como desarrollo estabilizador, que permitió que el país creciera en lo económico, generara distribución de la riqueza, permitiendo el crecimiento de una efímera clase media, que ha venido a menos desde 1982.
La estabilidad y el crecimiento económico alcanzado durante esos años se dio bajo el dominio de un sistema político vertical, en momentos autoritario, pero a la vez paternalista, en el que las grandes decisiones eran tomadas desde arriba, pero considerando y consultando a los sectores populares, de forma que estos se sentían tomados en cuenta y eran receptores de beneficios que elevaban su calidad de vida y manteníanla esperanza de mejoría,a partir de las decisiones de los actos de gobierno y las políticas públicas.
En ese contexto se dieron exitosamente: la nacionalización de la industria petrolera y la industria eléctrica, la política de reparto agrario y el apoyo al campo, caracterizado por el surgimiento de la banca de desarrollo, los apoyos al almacenamiento y comercialización de alimentos básicos a través de la Conasupo y sus subsidiarias, el surgimiento de una planta productiva industrial. En materia social, con el fortalecimiento de la educación pública y los servicios de salud; el primero con los programas masivos de construcción de escuelas de nivel básico y la formación de los maestros, crecimiento de la escuela rural, el impulso decidido a la educación técnica y universitaria de nivel medio y superior, la fundación del Instituto Politécnico Nacional y el sistema de Institutos tecnológicos regionales a lo largo y ancho del país, y el crecimiento con educación de calidad de la UNAM y las universidades estatales. En esos años surgieron los sistemas de seguridad para los trabajadores de los sectores, privado y público; el IMSS y el ISSTE, y se fortalecieron los servicios asistenciales de salud a través de la Secretaria de Salubridad y Asistencia.
Sin embargo, a partir de 1982, con la adopción del modelo de desarrollo neoliberal por el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid -modelo que continua vigente hasta nuestros días-, muchos de los beneficios,de lo que se podría considerar como el estado de bienestar, empezaron a desmantelarse sistemáticamente.
En los hechos, a partir de entonces, los diseñadores e implementadores de las políticas públicas, formados con un sentido social en las universidades públicas, empezaron a ser desplazados por jóvenes egresados de las universidades privadas con maestrías y doctorados en las universidades estadounidenses reconocidas como los íconos del neoliberalismo.
Se trataba,de acuerdo a los implementadores del nuevo modelo, de vincularnos al mundo comercialmente, y aprovechar nuestra ventajas competitivas, de reducir el tamaño del aparato gubernamental y hacerlo eficiente, de estimular la creatividad individual, de volvernos exportadores, de dar el brinco al desarrollo. Los paladines del libre mercado aprovecharon la coyuntura de los crecientes precios del petróleo crudo en los mercados mundiales y de las ricas reservas que hasta la década de los ochentas era incosteable extraer, para transformar al país en un exportador de crudo de grandes ligas. Los ingresos petroleros se volvieron abundantes; durante varios años Pemex obtuvo utilidades brutas superiores a os 50 mil millones de dólares anuales. Sin embargo el bono petrolero se tiró al caño; no se construyeron las vías de comunicación ni la infraestructura que el país requería para desarrollarse, no se incrementó el ingreso de la mayor parte de los mexicanos, aunque si de grupúsculos privilegiados, nomejoró la calidad de la educación pública ni de los servicios de salud, no se generaron beneficios tangibles para las grandes mayorías del país, que por el contrario, se han venido empobreciendo cada día más. Todas las políticas públicas y las acciones de gobierno fueron como antes, impuestas desde arriba, pero a diferencia de los tiempos del modelo de desarrollo estabilizador, sin voltear a ver y consultar a los de abajo.
El fenómeno de la inconformidad social frente a las decisiones verticales del gobierno se ha venido intensificando paulatinamente hasta hacer crisis como sucede ahora. Las celebradas reformas estructurales, cocinadas en los centros de poder económico mundial, bajadas en el país a través de Los Pinos, e impuestas con el apoyo mayoritario del Congreso de la Unión, empiezan finalmente a mostrar sus graves contradicciones.
El rechazo a la llamada Reforma Educativa, que es en realidad una reforma laboral con objetivos de adecuación del sistema de enseñanza formal, es una muestra clara del estilo prepotente del gobierno de la República de imponer criterios sin siquiera voltear a ver a los sujetos de sus decisiones. ¿Qué no hubiera sido más racional poner las propuestas de reforma a consideración del magisterio y los padres de familia, antes de imponerlas unilateralmente?¿Qué no hubiera sido más inteligente para el gobierno buscar lograr en esa materia lo posible, más que lo deseable? Es obvio, por la manera en que se pretendió imponer la accidentada reforma, que ni siquiera pasó por la mente de sus implementadores la sospecha de que les podría estallar en las manos, como en los hechos ha sucedido.
Lo delicado del asunto es que el estilo neoliberal de gobernar ha generado graves contradicciones entre grupos de la sociedad y dejado una estela de estragos económicos, que en el mejor de los casos llevará tiempo remontar.
Sería de esperarse que la lección se haya aprendido, y se busque una salida racional al desastre causado, generando las condiciones para una profunda revisión y rectificación de los instrumentos legales en materia laboral educativa, impuestos desde las cúpulas del gobierno y los organismos financieros internacionales.