Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas

LOZOYA Y ASOCIADOS. FRAUDE A PEMEX CON ETILENO XXI

La todavía reciente extradición y detención de Emilio Lozoya Austin, ex Director de Petróleos Mexicanos durante los primeros años de la administración en que presidió el país el ahora tristemente célebre Enrique Peña Nieto, constituye un golpe espectacular para el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En palabras del mandatario mexicano “le viene como anillo al dedo”.

Pero para que se transforme en el cumplimiento de uno de sus principales compromisos de campaña, y así lo reconozcamos la mayor parte de los mexicanos, dicha acción requiere llevarse hasta sus últimas consecuencias. Esto es, que se identifique con pruebas claras y contundentes a los responsables intelectuales, materiales, directos e indirectos, de los fraudes cometidos en contra de Pemex y del pueblo de México y, se les sancione con todo el peso de la Ley.

El presidente puede no guardar rencores y estar dispuesto a perdonar a sus antecesores, pero no puede, ni debe ignorar que los delitos en materia de corrupción se persiguen de oficio, y es obligación de la Fiscalía General de la República darles seguimiento puntual y correcto hasta su conclusión.

Tal objetivo pareciera sencillo a primera vista, pues los señalamientos públicos y sospechas que se han venido conociendo durante varios años han fortalecido la hipótesis que, ahora, pareciera se puede demostrar con las pruebas materiales que entregue Lozoya Austin, a través del Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, la tarea será compleja ya que si bien las pruebas están a la mano, existen muchos interesados en desvirtuarlas y minimizarlas, tanto por el lado de quienes son señalados como autores intelectuales y responsables directos, de quienes coadyuvaron como actores de reparto para el logro de tales ilícitos, y quienes ahora los representan: funcionarios públicos de administraciones anteriores que subsisten en la estructuras actuales de la FGR e integrantes del Poder Judicial al servicio del mejor postor.

Es por lo tanto indispensable que quienes tienen algo que aportar para fortalecer los señalamientos de los múltiples casos de corrupción y fraude en perjuicio de Pemex, tanto directamente como en los temas de Odebrecht, Braskem/Idesa, Etileno XXI, Infraestructura Energética Nova (IEnova), e indirectamente, como algunos exconsejeros de OHL/Aleática (beneficiarias de la concesión para operar el Circuito Exterior Mexiquense), contribuyan al fortalecimiento de las evidencias que acrediten la dimensión de los hechos de corrupción en contra de la paraestatal, que fuera por muchas décadas el puntal del desarrollo nacional.

Tal es el caso de la denuncia presentada recientemente por el abogado Paulo Diez Gargari y el exconsejero del IFE Alfredo Figueroa Fernández, en contra de quienes resulten responsables de haber celebrado, por dos asuntos diferentes, pero complementarios. El primero, un contrato de suministro de gas etano entre Pemex, como vendedor, y los grupos Braskem, filial de Odebrecht, e Idesa (grupo mexicano vinculado a los más altos directivos de Pemex), a través de la asociación Braskem/Idesa (Etileno XXI), como comprador, para adquirir etano a precios por abajo del mercado durante por lo menos 20 años, cuando Pemex ni siquiera tiene, ha tenido, ni tendrá, la capacidad de hacerlo por no generar etano en cantidad suficiente. El segundo, por la emisión de dos decretos presidenciales, por virtud de los cuales el Gobierno Federal desplazó ilegalmente a los posibles competidores de Etileno XXI, mediante el incremento del impuesto a la importación de polietileno, para poder permitir a esa asociación empresarial vender polietileno caro en México.

Valga mencionar que este asunto se fraguó durante los últimos años de la administración federal, encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, y los primeros años de la adminitración de Enrique Peña Nieto.

La denuncia señala que por decisión del Consejo de Administración de Pemex y de su dirección general, durante el último año del gobierno calderonista, que estaban a cargo del entonces Secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña y de Juan José Suárez Coppel, respectivamente, se tomó la decisión de suminitrar etano al proyecto Etileno XI durante los siguientes 20 años, y 3 plazos renovables de 5 años cada uno. Esto, a pesar de haber sido cuestionado el acuerdo por uno de los consejeros externos de la paraestatal al calificarlo como irrecional e ilegal.

Este acuerdo fue ratificado a principios de la administración de Peña Nieto por los funcionarios en turno que fungían como, Presidente del Consejo de Administración y el Director General de la Paraestatal, Luis Videgaray, también Secretario de Hcienda, y Emilio Lozoya Austin, respectivamente.

De acuerdo a señalamienos de la Auditoría Superior de la Federación, citados en la denuncia, solo entre marzo de 2016 y diciembre de 2017 el proyecto Etileno XXI resultó en una pérdida para Pemex de $3,642 millones de pesos. Además en el período 2016-2018 se generaron penalizaciones para la petrolera por el incumpliento en el suministro de gas etano de $2,769 millones de pesos.

Como parte de la segunda cuasa de la denuncia, el 23 de noviembre de 2012, siete días antes del término de la administración del presidente Felipe Calderón, se pubilcó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se incremntaba el impuesto a la importación de polietileno, firmado por el propio Calderón y su Secretario de Hacienda, José Antonio Meade. El mandato debía entrar en vigor el 1º de enero de 2015, unos meses antes de la fecha programada para el inicio de operaciones del proyecto Etileno XXI. La medida generó una disminución sustancial de las importaciones de polietileno, cuyo valor en 2017 (según el Banco de México) fue 25% inferior que las de 2014.

El 6 de enero de 2016, unos meses del inicio tardió de las operaciones de Etlieno XXI, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto firmado por el Presidente Peña Nieto y su Secretraio de Hacienda, Luis Videgray, por virtud del cual se creaba una nueva fracción arancelaria para el polietileno de baja densidad lineal.

De acuerdo a la denuncia presentada por Diez Gargari y Figueroa Fernández, “con estos hechos los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, además de atentar contra las finanzas de Pemex para beneficiar a la asociación entre particulares constituida por Braskem/Idesa (Etileno XXI) atentaron contra los interses nacionales. “El polietileno es una materia prima fundamnteal para elaborar artículos de consumo necesarios o generalizado, y es tambien una materia prima esencial para la actividad de la inustria nacional. Por otra parte, la intención de del Gobierno Federal con esta medida era y es precisamente evitar o dificultar la libre concurrencia en el comercio, encareciendo la importación del polietileno para beneficiar indebidamente a Braskem/Idesa, lo que se tradujo en una reducción muy importante de las importacioines de poletileno a partir de 2015 cuando entró en vigor el Decreto Calderón/Meade en relación con el impuesto a la importación de ese producto”.

Para quienes tengan interés en los términos de esta ta denuncia se sugiere leer el artículo de la reportera Guadalupe Fuentes López, en el portal de internet de la revista digital Sin Embargo: https:/./.www.sinembaargo.mx/.13-08-2020/3840314, asi como el video en youtube, de la entrevista otorgada po el abogado Pablo Diez Gargari a los periodistas, Alvaro Delgado y Alejandro Paez, la liga: https:/./.youtu.be/J6HZ02slnz4. El texto de la denuncia debe ser publica y obrar en los archivos de la FGR.

Sería de esperar que las acusaciones fundadas sobre los temas de corrupción que tanto afectan a nuestro país, que son presentadas desde la soiedad civil, como es el caso, reciban la misma atencion que las presentadas de las instituciones gubernamntales, tanto por parte de la FGR como del Poder Judiail en su conjuto, Es la vía para que Mexico recupere los valores de justicia, ética y transparencia.