¿Qué con la legalización de las drogas?

Apenas el pasado 18 de julio, la señora Sarah Sanders, portavoz de Donald Trump, presidente de los Estados expresó su oposición a la posibilidad de que se lleguen a legalizar las drogas en México o a cualquier política que resulte en la entrada de más drogas a los Estados Unidos. Su declaración la hizo durante una rueda de prensa, cuando salió al paso a una pregunta sobre la posible despenalización de las drogas por parte del próximo gobierno de México que encabezará el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo al portal de Aristegui noticias, la funcionaria señaló: “Vamos a continuar teniendo contactos con nuestros socios mexicanos. No tengo un anuncio específico de una política en ese frente”, respondió Sanders en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

“Puedo decir que no apoyaríamos la legalización de ninguna droga en ninguna parte y ciertamente no nos gustaría hacer algo que permita la entrada de más drogas a este país”, añadió.

Lo anterior a partir de que Olga Sánchez Cordero, propuesta para Secretaria de Gobernación del próximo gobierno mexicano, señaló la víspera que para lograr la pacificación de México, entre otras cosas, es necesario considerar despenalización de las drogas.

Las afirmaciones de la vocera del presidente estadounidense son acordes al estilo autoritario de su jefe, que está acostumbrado a señalar lo que desde su particular perspectiva es correcto y que no, no solo para los habitantes de la nación que preside, sino para todos los países del mundo.

Esa posición resulta contradictoria con la que el gobierno estadounidense practica en cuanto a la libertad que existe en su territorio con respecto a la venta de todo tipo de armas, prácticamente a cualquier ciudadano que lo desee, con las consecuentes implicaciones que eso tiene al ser llevadas a otros países donde el uso de armas está fuertemente reglamentado. En ese ámbito la posición del gobierno estadounidense es la de que cada quien se rasque con sus propias uñas.

En este contexto el gobierno que habrá de conducir los destinos de México a partir del próximo 1º de diciembre deberá tener muy claro que enfrentará fuertes reacciones de parte de la administración estadounidense cada vez que pretenda implementar una acción que pudiera tener algún efecto en su territorio.

Respecto a la eventual legalización de cualquier tipo de medidas para la despenalización de las drogas en nuestro país, vale recordar el intento que se hizo durante el último año de la administración del gobierno encabezado por el General Lázaro Cárdenas (ya comentado en este espacio en febrero de este año) que con la asesoría y supervisión de un grupo de médicos y académicos del entonces Departamento de Salud, formuló mediante un decreto administrativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 1940 (hace 78 años) que establecía el “Reglamento Federal de Toxicomanías”. Mediante ese instrumento el gobierno cardenista legalizó y reglamentó el uso de las drogas, a través de la supervisión del Departamento de Salubridad Pública (ver: http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=191983&pagina=5&seccion=1 ).

De acuerdo al historiados Froylán Enciso, en su libro: Nuestra historia narcótica, Editorial Debate, 2015, el Dr. Leopoldo Salazar y el grupo de trabajo que encabezaba en el departamento de Salud Pública del Gobierno cardenista, contrastaron el costo y efectos de la persecución; dándose cuenta que tenía más repercusiones el combate al narcotráfico por la violencia que generaba, que la legalización.

El Presidente Cárdenas pensaba que la persecución de los adictos a las drogas era contraria al concepto de justicia “… toda vez que debe conceptuarse al vicioso más como enfermo a quien hay que atender y curar, que como verdadero delincuente que debe sufrir una pena”.

En la exposición de motivos del Reglamento citado se señala:

“Que el único resultado obtenido con la aplicación de (la normatividad vigente hasta entonces) el reglamento de 1931, ha sido el del encarecimiento de las drogas y hacer que por esa circunstancia obtengan grandes provechos los traficantes.”

Desafortunadamente la vigencia del reglamento decretado por el Presidente Cárdenas fue efímera ya que el gobierno estadounidense amenazó y presionó al gobierno mexicano con bloquear la importación de medicamentos si no volvía a criminalizar el consumo de las drogas.

De acuerdo a Enciso: “Tristemente la medida de Cárdenas sólo duró unos meses (hasta septiembre de 1940) pues Estados Unidos se opuso. Ellos, señala el autor, lo que necesitaban era regular el mercado de drogas, sobre todo la morfina para los frentes de batalla de la segunda guerra mundial. No estuvieron nada de acuerdo con esta política de que los consumidores estuvieran en manos de médicos en lugar de vendedores.

“Estados Unidos amenazó al gobierno de Lázaro Cárdenas con suspender el comercio de medicinas y al mandatario mexicano “no le quedó otra que desistir de esa política, pero dejaron un antecedente que vale mucho la pena analizar. Yo no creo que sea un fracaso, la evidencia es que los narcotraficantes estaban enojadísimos.

“El “experimento” en la legalización de las drogas, duró poco… A partir de entonces se garantizó el desplazamiento de la Secretaría de Salud sobre el tema, para confirmar el dominio de la Procuraduría General de la República. Se dejó de hablar de un tema de salud pública, y se garantizó las criminalización de la producción, comercialización y consumo”.

Casi ochenta años después de ese fallido intento por darle un tratamiento racional, inteligente y autónomo al manejo del fenómeno de la producción, consumo, y trasiego de las drogas en nuestro país, las presiones e intento de intervenir en nuestras decisiones del gobierno estadounidense parecieran mantenerse vigentes, tal vez con la excepción del trato que se viene dando en su territorio a la mariguana, cuyo uso medicinal y recreativo se ha legalizado ya en buena parte de las entidades estatales de es país.

Tan importante resulta el trato que se dé en años futuros al narcotráfico y a las actividades que conforman su cadena productiva y de consumo, como lo ha señalado la exministra de la Corte y potencial Secretaria de Gobernación del gobierno que encabezará André Manuel López Obrador a partir del próximo 1º de diciembre, Olga Sánchez Cordero, que su posible reglamentación legal puede ser la llave para empezar a superar la crisis de violencia en que está sumido el país y tiene aterrorizada a la mayor parte de la población. Además, su adecuado manejo contribuiría a la reconstrucción de los tejidos sociales actualmente en estado de deterioro crítico, así como a dar un impulso a la generación y formalización de empleos bien remunerados, y a generar una fuente de captación de ingreso públicos por la vía de los impuestos, como está ya sucediendo en países donde la producción de la mariguana y algunos precursores de drogas han sido reglamentadas.