Amarga realidad
Judith Álamo López
¡No se mata la verdad matando periodistas!: consigna en el acto de protesta ante la Segob 25/01/22
Una pregunta a los titulares de los Gobiernos federal y de los estados de la República: ¿Quiénes son los responsables de los asesinatos de periodistas?
¿Acaso son sólo los sicarios que llegan a la víctima y, sin mediar palabra, la acribillan?
¿A quién beneficia acallar las voces de profesionales de la comunicación qué hacen denuncias públicas de presuntos actos de corrupción de servidores públicos y particulares o revelan nombres de quienes incurren en abusos de poder, delitos laborales, complicidades con delincuencia organizada, acoso laboral y otras actividades delictivas, etc.?
¿Cuál es la reponsabilidad moral del presidente de la República ante el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López?
Todos sabemos hoy que el mandatario hizo caso omiso ante su demanda de auxilio por estar en riesgo su vida, situación ampliamente expuesta por la hoy víctima durante una conferencia mañanera de marzo del 2019.
El mandatario pudo mandar investigar la denuncia en contra de su correligionario Jaime Bonilla Valdez, a quien la hoy víctima acusó de abusar de su poder en un litigio laboral –dueño de PSN, la compañía demandada–, o brindarle protección a la comunicadora cuya vida sentía amenazada con algún mecanismo federal. Triste final: tres años después, a días de resolverse su caso, fue arteramente acribillada.
¿A quiénes deben proteger los gobernantes? A todos los ciudadanos que representan a través de las instituciones disponibles ¿Por qué la periodista acudió al presidente de la República? Ella lo dijo, por que el demandado laboralmente era poderoso y usó su posición para incumplir un laudo laboral, además figuraba como candidato al gobierno de Baja California, de la coalición (de AMLO) Juntos Haremos Historia.
La victimización de la periodista ha indignado a todo el gremio que ayer se manifestó en todo el país, con #¡Ya Basta! en protesta por el asesinato de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa, los tres asesinados durante los primeros 23 días de 2022. La condena es mundial, cualquiera puede sumarse https://chng.it/gtCb74y2
El Presidente de la República pretendió eludir su responsabilidad pero el clima de inseguridad y la falta de protección a profesionales de la comunicación sí competen a quien debe mantener el orden público y seguridad necesarias para que los ciudadanos podamos gozar de nuestras garantías constitucionales. Es sentencia internacional condenar el asesinato y violencia física contra periodistas como un crimen contra la sociedad porque se considera un acto para cercenar la libertad de expresión.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en su informe más reciente dio a conocer que aumentaron en 88.7% las agresiones contra periodistas durante el gobierno de la 4T; durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) asesinaron a 29; en el de Felipe Calderón (2006-2012), a 83; en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), a 56 y en el de Andrés Manuel López Obrador llevamos el promedio más alto, en tres años, van 51.
Respecto a la impunidad, aunque López Obrador insista en elevar la voz para asegurar que esta ya no se permite y que ellos son diferentes, en los hechos son peores, el mismo subsecretario Encinas, recién informó que quedan en la impunidad el 98 % de las agresiones contra los comunicadores, y esta amarga realidad se suma la incompetencia de investigadores, ministerios públicos y jueces.
El mandatario ha contribuido a crear un clima adverso a la prensa, a todos los comunicadores que ganaron relevancia en el pasado y no opinan como él, los descalifica, los llama chayoteros, conservadores o neoliberales, y mientras el periodista más se mantenga crítico e independiente frente a un líder autoritario, en Palacio Nacional tienen origen los descalificativos mismos que se multiplican en redes en ondonadas de bots ofesivos.
AMLO, en su narrativa, denosta cada día los gobiernos del pasado y sus relaciones con la prensa corrupta; pero no considera ni logra articular siquiera en el discurso una defensa de las libertades de expresión e información consustanciales a un Estado moderno, sino por el contario quiere manipularlas con propaganda para preservarse él mismo como el más grande y único comunicador. Para ello montó su show diario: sus prédicas mañaneras plagadas de mentiras, trasmitidas por canales oficiales, deben ser ley que se cumpla para todos.
Y por leyes internacionales y nuestra Constitución, le toca como máxima autoridad hacer lo necesario para prevenir, investigar y sancionar a quienes cometen crímenes en contra de los periodistas por su connotación en contra de las libertades y derechos de toda la sociedad.
Noam Chomsky, el intelectual estadounidense, se refiere a las audiencias pasivas de los medios televisivos: el show presidencial hace competencia a los programas televisivos comerciales por sus horarios de transmisión en vivo a través de Canal 11 y Canal 22.
¡Pobre audiencia! El espectador consume con el presidente propaganda política no verificable: “otros datos”, “la cuarta transformación”, cápsulas históricas a modo, “quién es quién” para enfocar ofensivas al crítico o adversario, etc. Mientras que en las revistas matutinas televisivas le venden a los espectadores publicidad, ofrecen prolijamente productos milagro para rejuvenecer, hacer ejercicio, alimentarse sin grasa, protegerse del Covid… como si fueran de primera necesidad.
La presión por no compartir la visión de la llamada 4T, para muchos una verdadera regresión histórica a la que nos quiere condenar nuestro actual mandatario, es tan incisiva que ya ha provocado un movimiento estudiantil de rebeldía y resistencia en el CIDE (Centro de Investigación y Doscencia Económica) donde según él al igual que en otros centros de educación superior se han infiltrado teorías neoliberales.
Todo comenzó en agosto de 2021, cuando a través de la directora de CONACYT impuso a José Romero Teleache, como director general, sin cumlir con los estatutos internos. El objetivo alarma a toda la comunidad intelectual y científica del país, para ello recién lanzaron un manifiesto para evitar la pretendida intervención del gobierno actual en la orientación de la educación superior y acabar con la libertad de cátedra en todas las áreas del conocimiento.
Pero la voluntad de López Obrador alcanza para tratar de controlar todos los poderes y todos los estados, enfocado a un futuro de permanencia, dio el pitazo de arranque a la carrera por la sucesión presidencial desde los primeros meses del 2021, y sigue enderezando cualquier intento de independencia. Como el que animó a Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, a manifestarse como aspirante a la presidencia, sin ser mencionado como una de las “corcholatas” de AMLO.
Igual espíritu lo inspiró a crear una comisión sobre el tema Veracruz. No obstante, fue el último en enterarse de que un grupo de senadores convocó a una reunión antes de la sesión plenaria el próximo viernes 28 del presente mes para decidir el futuro de esta propuesta, misma que al parecer será desechada, aunque él dijo confiar en que permanecerá la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como comisión senatorial.
El senador Monreal reiteró su plena lealtad con el presidente López Obrador, de él y del grupo, y ratificó la denuncia de que en contra de José Manuel del Río, secretario técnico de la Jucopo y un grupo de personas inocentes, son víctimas de persecución en Veracruz y por tanto merecen solidaridad institucional e individual, hizo un llamado a los legisladores veracruzanos a la unidad, humildad y serenidad.
Duros tiempos para Monreal, que nos hacen recordar su origen político como joven abogado y ferviente demócrata, exsecretario de aquél tenaz y talentoso abogado José Luis Lamadrid Souza, “el jefe Lama”, artífice de varias páginas de la Reforma Política en la década de los 80´s.