De frente y de perfil
«La virtud es más fuerte que la fortuna, y no hay caída de la que no pueda levantarse quien vive con rectitud.»: Séneca.
Estamos a 199 días de las elecciones federales que habrán de decidir si México tiene un futuro como nación democrática u opta por retroceder al pasado y consolidarse como un régimen totalitario, autocrático, presidencialista, antidemocrático.
Morena se asemeja al viejo PRI al disponer de la fuerza del Estado para avasallar a opositores y críticos, obtener triunfos electorales con alianzas inconfesables; construye un régimen corruptor y populista, señalado cada vez más como una de las principales narcocracias a nivel mundial.
El punto de inflexión lo ha dado el último espectáculo de corrupción del morenismo en el Instituto Nacional Electoral (INE), protagonizado por la consejera presidente, Guadalupe Taddei, con daños a la reputación del organismo responsable del proceso electoral que culminará el próximo 6 de junio de 2027.
Sin embargo, la reacción del oficialismo no podría haber sido más incierta al dejar a los protagonistas del vergonzoso episodio en libertad frente a la afrenta cometida a una institución ciudadana, fundamental para la democracia. A menos de que la acometida sea parte del plan para consolidar el nuevo régimen.
Todavía hay resquicios para aceptar que llegó al poder un grupo diverso cuyas similitudes están en la capacidad para obedecer al líder que ascendió gracias a la estructura creada por un sistema democrático, conquistó la cima con la bandera de ser de izquierda democrática.
El segundo piso de la Cuarta Transformación ha dado muestras de estar dispuesto a debilitar de forma deliberada a las instituciones democráticas que se erigieron en las últimas tres décadas, ya se han eliminado instituciones y contrapesos legales que protegían a la ciudadanía frente a los abusos del poder del Estado.
La presidente Claudia Sheinbaum ha definido la llamada Cuarta Transformación como "un régimen humanista" orientado al Estado de bienestar y la prosperidad compartida.
Hace horas, en su visita a China durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, precisó que México cuenta con un modelo propio de desarrollo económico, el cual nace de nuestra historia y de la experiencia del país, cuya estrategia busca colocar la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.
Luego de la reunión con el líder Xi Jinping, en Shenzhen, China, anunció una "Nueva Era" en las relaciones bilaterales enfocada en ciencia, tecnología, energías limpias y agricultura. No precisó cuál será el aporte mexicano a una nación que ocupa el liderazgo mundial en esos rubros y con la que México presenta una relación asimétrica de 10-1, a favor del gigante asiático; por cierto, nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos.
A los más de mil empresarios internacionales, asistentes a la APEC CEO Summit 2026, los invitó a invertir dentro "del Plan México para convertir los recursos naturales y el talento mexicano en motores de desarrollo con soberanía y justicia social".
La presidente de México fue en busca de aumentar la inversión China en México en los sectores energético, alimentario, ambiental y con incentivos en los Polos de Desarrollo (PODECOBI) y una meta de inversión pública, privada y mixta de 432,000 millones de dólares en infraestructura hacia 2030.
Sin embargo, si fuera realista, la presidente comenzaría por poner orden en casa, tendría que reconocer que México no está en condiciones de atraer a inversionistas extranjeros mientras no se les ofrezcan garantías, como respeto al orden constitucional vigente; se acabe la impunidad del 99 por ciento en los delitos, incluido el de extorsión; se aplique el orden jurídico y se administre justicia de forma imparcial; se garantice seguridad pública en el territorio nacional; se frene la violencia delincuencial; se aplique la ley a narco-políticos y se acabe con los narco-estados en el país.
Según informes de organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch, la democracia es el entorno indispensable para garantizar el orden en casa y atraer inversiones extranjeras para el desarrollo. Cuando los regímenes autocráticos o en proceso de autocratización capturan o desmantelan estas estructuras, los ciudadanos quedan en estado de indefensión jurídica.
El desmantelamiento de las instituciones autónomas debe acabar, urge revertir el control corrupto instaurado en el INE y poner fin a la impunidad de los presuntos delincuentes, como la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, cabecillas de una red de cómplices que cobraban comisiones millonarias a los proveedores; mientras los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto ganan el salario mínimo.
A nadie que tenga principios éticos y altura de miras le conviene continuar demoliendo al INE, el Congreso de la Unión debe escuchar el pronunciamiento de los exconsejeros y exconsejeras del Instituto, hecho este día, en voz de José Woldenberg, quien llamó de manera urgente a hacer lo necesario para que el Instituto Nacional Electoral recupere la credibilidad y confianza ciudadanas, necesarias para que las elecciones del 6 de junio de 2027 sean legales y legítimas.
Con la participación de Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdoba Vianello, en conferencia de prensa, hicieron un enérgico llamado al poder legislativo para que inicie el proceso para elegir al nuevo consejero presidente o presidenta del INE con apego a la Constitución, que prevalezcan los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y confianza de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. El consenso será necesario para reconstituir a una institución tan vulnerada por los últimos acontecimientos.
Lo ocurrido en el INE ha hecho crecer la desconfianza en los resultados electorales del 2024. ¿Recuerdan que se ignoraron los reclamos de fraude presentados por varias organizaciones de observadores electorales? Fue debido al margen del triunfo de Claudia Sheinbaum (59.8 por ciento del voto). Pues hoy, ante la ausencia de conducta ética de algunos morenistas el tema regresó al debate público.
Lo ocurrido en el INE ha hecho resurgir dudas sobre el régimen autoproclamado del pueblo. Hoy la presidenta consejera que calificó las elecciones del 2024 es repudiada, y es señalada por haber hecho caso omiso de las denuncias de uso de recursos públicos para hacer propaganda a favor de Morena; hubo organizaciones sociales y políticas que denunciaron un fraude cibernético y el uso de votos de migrantes extranjeros, entre otras irregularidades.
Durante la calificación electoral de los pasados comicios, al INE de Taddei y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), presidido por la magistrada Mónica Soto Fregoso, se les acusó de parcialidad al otorgarle a Morena ficticiamente en lugar de la mitad, dos tercios de los integrantes en las cámaras de Diputados y favorecer numéricamente también a la de Senadores.
Con la sobrerrepresentación pusieron aprobar las reformas constitucionales que desaparecieron el Poder Judicial e instituciones autónomas que garantizaban transparencia, vigilancia de abusos de poder, rendición de cuentas y contrapesos al régimen presidencial.
Para aprobar la reforma al Poder Judicial Federal, el voto que faltaba en el Senado lo consiguieron con el panista Miguel Ángel Yunes. A cambio, el oficialismo, según varias versiones periodísticas, le ofreció impunidad ante una orden de aprehensión en su contra de un juez veracruzano y la FGR canceló una orden de extradición a Estados Unidos.
Por el bien de México, primero la legalidad y la congruencia con los compromisos hechos a los ciudadanos que los llevaron al poder, de continuar la demolición democrática, para el 2027 México acabaría siendo un país sin libertades ni derechos garantizados; con un gobierno sin margen de maniobra porque su legitimidad sería cuestionada dentro y fuera del país.




