Michoacán 2027: mover las piezas, cambiar el juego

En política, como en el ajedrez, no basta con tener buenas piezas: es indispensable comprender el tablero, anticipar los movimientos del adversario y reconocer cuándo la estrategia original ha dejado de responder a la realidad.

La sucesión gubernamental de Michoacán ha entrado en una etapa distinta. La decisión de Morena de mantener a Carlos Torres Piña como coordinador estatal, frente a las inconformidades de Raúl Morón y sus aliados, plantea un escenario que exige mucho más que declaraciones de unidad y encuentros entre dirigentes.

Torres Piña enfrenta una circunstancia que merece analizarse con detenimiento: la posibilidad de construir su proyecto político sin la participación plena del moronismo. Ello no significa que la ruptura sea definitiva ni que deban cerrarse los canales de entendimiento. Significa, sencillamente, que cualquier estrategia responsable debe reconocer esa posibilidad y sus consecuencias.

La interrogante no es solamente cuántos liderazgos acompañan al coordinador, sino qué representa cada uno, cuál es su capacidad real de interlocución y qué proyecto colectivo puede construirse a partir de trayectorias distintas.

Y en ese tablero hay alfiles de considerable peso político.

Fabiola Alanís Sámano ocupa un lugar preponderante por su trayectoria legislativa, su experiencia nacional y su vinculación con las agendas de igualdad y derechos de las mujeres. A ello se suma un activo político de particular relevancia: cuenta con un equipo propio y una estructura territorial con presencia en distintas regiones del estado, construida a lo largo de años de trabajo político. Su presencia, por tanto, no representa solamente una trayectoria individual, sino también una capacidad de organización e interlocución que merece ser reconocida. Es una expresión política con identidad propia que no debería diluirse en una fotografía de unidad.

Junto a ella aparecen Ernesto Núñez, con su trayectoria partidista y legislativa; Gladys Butanda, cuyo paso por la administración pública permite abrir una discusión sobre infraestructura, movilidad y gestión gubernamental; Luis Navarro, asociado a la conducción de las finanzas públicas; Celeste Ascencio, con experiencia legislativa federal y una agenda de derechos; y Osvaldo Ruiz, entre otros actores que forman parte de la diversidad política michoacana.

Se trata de perfiles distintos, con historias, fortalezas y ámbitos de interlocución que no necesariamente coinciden. Precisamente por eso, su convergencia plantea una pregunta relevante: ¿puede construirse una conducción colectiva con responsabilidades claras, objetivos programáticos y resultados evaluables, o prevalecerá la tradicional suma de nombres sin un proyecto compartido?

La respuesta importa porque el problema de fondo no se resuelve distribuyendo posiciones políticas. Se resuelve definiendo para qué se busca gobernar.

También corresponde revisar el desempeño de las representaciones y delegaciones federales en Michoacán. No para convertirlas en instrumentos electorales, algo incompatible con los principios de imparcialidad y legalidad que deben regir el servicio público, sino para exigir que sus responsabilidades institucionales se traduzcan en resultados concretos para la población.

La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno debe contribuir a hacer efectivas las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin confundir las obligaciones del Estado con los intereses de un partido o de sus aspirantes.

Existe, además, un problema discursivo que atraviesa la discusión.

Las encuestas que registran niveles importantes de aceptación de Morena no deben interpretarse como un respaldo automático a cualquier candidatura. La identificación con un partido, la aprobación de un gobierno y la confianza personal en un aspirante son fenómenos relacionados, pero diferentes.

Un discurso político construido casi exclusivamente sobre los logros del régimen puede resultar insuficiente para explicar qué sigue. Reconocer avances es legítimo; convertirlos en sustituto de una propuesta de futuro representa una limitación evidente.

Michoacán necesita discutir asuntos que trascienden las disputas internas: seguridad, extorsión, desarrollo económico, oportunidades para las nuevas generaciones, fortalecimiento del campo, atención a las víctimas, derechos de las mujeres y recuperación de la confianza en las instituciones.

Jóvenes, empresarios, campesinos, madres buscadoras, familias encabezadas por mujeres y beneficiarios de programas sociales no constituyen un conjunto homogéneo. Sus necesidades son diferentes y merecen respuestas específicas, construidas mediante diálogo público y compromisos verificables.

De poco serviría una plataforma que pretendiera reunir todas esas demandas mediante una simple acumulación de promesas. Lo indispensable es articular una visión de desarrollo con prioridades, instrumentos, presupuesto e indicadores de cumplimiento.

Ahí aparece otro desafío: la autocrítica. Ningún proyecto de continuidad puede aspirar a una discusión pública seria si solamente reconoce aciertos y evita examinar sus pendientes. La capacidad de corregir también forma parte de la responsabilidad de gobernar.

Torres Piña cuenta hoy con el reconocimiento de la dirigencia nacional de Morena como coordinador estatal. Pero esa definición partidista no cancela los desafíos de representación, cohesión interna y legitimidad social que plantea la elección constitucional.

Tampoco puede asumirse que la ausencia del moronismo sea inevitable. Los acuerdos políticos siguen siendo posibles, aunque no deberían sustituir la discusión de fondo sobre el rumbo del estado.

El nuevo tablero de Michoacán exige distinguir entre una victoria interna y la construcción de un proyecto de gobierno. La primera se resuelve dentro de las estructuras partidistas; el segundo debe someterse al escrutinio de toda la sociedad.

Porque en el ajedrez político, mover las piezas no sirve de mucho si se insiste en jugar una partida que ya cambió.