Los niños michoacanos al centro/Horacio Erik Avilés Martínez

Este lunes arrancó el Ciclo Escolar 2018-2019 y con ello, prácticamente todos los actores del sistema educativo realizaron sus jugadas largamente preparadas. Lo anterior, aunado al periodo de transición política que vive nuestra nación, debería reforzar el hecho de que el derecho a aprender debe ser salvaguardado como nunca y que la educación mexicana debe perder etiquetas patrimonialistas o caudillistas. Sin embargo, hemos leído muy pocas noticias en torno a reforzar el interés superior de los niños y jóvenes en estos días.

El posicionamiento de actores clave del sistema educativo nacional en su historia reciente vale la pena tenerlo en cuenta. Sin embargo, por encima de los recursos, intereses y posiciones políticas que algunos grupos, gremios o actores puedan llegar a asumir, siempre debe de emplearse el derecho a aprender de los niños y jóvenes mexicanos como criterio principal para desmitificar o validar su discurso.

Pensar en el inmovilismo de la normatividad o de un modelo educativo resultaría ingenuo, dogmático y determinista. Hagámonos a la idea que una reforma que sí transforma, constantemente se reforma de manos de quienes la conforman; si no, se deforma.

Resultaría impensable realizar una cancelación irreflexiva de la normatividad vigente, no solamente en materia educativa, sino en lo general, en la nación, ya que equivaldría a dilapidar la experiencia colectiva y las fortalezas que pudiera tener, posibilitando un retorno a estadios pretéritos de la evolución social.

Si bien es cierto que la normatividad está realizada para ser analizada y modificada continuamente, por la propia dinámica evolutiva de la sociedad y sus fenómenos, así como por las cambiantes necesidades y demandas de la población, también es cierto que el cambio de rumbo debe soportarse en los ámbitos más favorables del presente, con una visión de mejora continua.

Al respecto, es de remarcarse que la denominada Reforma Educativa logró puntos favorables en el garantismo del derecho a aprender de los mexicanos, como el conformar concursos de oposición abiertos para que sean los mejores profesionistas educativos disponibles en el mercado laboral quienes ingresen a las aulas como docentes, erradicando mecanismos de corrupción que operaban traficando plazas.

También son de destacarse los pasos dados en torno a la conformación de un sistema de gobernanza educativa nacional a través de las cuatro escalas de participación social que proveen los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación (CEPS); los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación (CMPSE), los Consejos Estatales de Participación Social en la Educación (CEPSE) y el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE), que ya son reconocidos como parte importante del modelo educativo recién presentado, el cual constituye un planteamiento completo para modernizar la educación nacional, dotándole de flexibilidad curricular y de contenidos más actuales.

Y más allá de las fortalezas de la normatividad vigente, así como de sus intrínsecas conquistas en torno al derecho a aprender de los mexicanos, preocupa que esta denominada cancelación pueda conllevar un retorno al pasado normativo, el cual adolecía de enormes falencias o incluso, que pudiera conllevar una entrega de facto del sistema educativo nacional a los grupos de presión, políticos o empresariales; por lo que más allá de lo anterior, vale la pena considerar hacia dónde llevaría el nuevo plan educativo a construirse. Es de trascendental importancia estar muy al pendiente respecto al proceso de consulta y validación del mencionado plan que anunció AMLO, para participar activamente. No olvidemos que, tal vez el compromiso más grande que entabló nuestro presidente electo es escuchar y consultar a los diferentes actores, a todas las voces, para conformar política pública. En ese contexto, la Reforma Educativa merece ser analizada y dimensionada por sus fortalezas y debilidades, no ser desechada desde una posición meramente política.

Esto adquiere un matiz especial en Michoacán, donde a pesar del esfuerzo realizado en los últimos años en cuanto al cumplimiento de las responsabilidades educativas de la entidad, aún nos encontramos en la posición 31 a nivel nacional, solamente por encima de Chiapas. Los indicadores exhiben que la inclusión de la niñez y juventud en el sistema educativo estatal falla triplemente: no están todos los infantes y jóvenes en la escuela, ubicándose nuestra entidad en el último lugar en permanencia escolar a nivel nacional; ni tampoco participan como se debería, ya que estamos en último lugar en conformación de Consejos Escolares de Participación Social en la Educación; ni mucho menos podemos estar seguros de que los estudiantes aprenden los contenidos esperados en la escuela, porque no se aplican las pruebas para conocer el logro educativo en la entidad. Es preciso realizar un esfuerzo sistémico para revertir esa situación.

En ese contexto, el hecho de que se dé a conocer un plan distinto a la Reforma Educativa, tal como lo anunció el presidente electo, es hasta cierto punto lógico y natural, pero en todo caso éste debe realizarse basándose en los éxitos y fracasos de la política pública vigente, así como en las necesidades, demandas y anhelos de los mexicanos, especialmente de los estudiantes, padres de familia y maestros. Esperemos que haya éxito en el proceso de construcción y en el resultado final, cuyo gran tamiz será el impacto que tenga en poner al centro y expandir el derecho a aprender de los niños y jóvenes mexicanos, requiriéndose un esfuerzo adicional para lograr llevar a Michoacán a la media nacional en todos los indicadores educativos.