Ni meme, ni expresión religiosa
Ante la situación educativa michoacana actual, se ha llegado a un punto en el cual no se podrá continuar cumpliendo y haciendo cumplir la ley sin un reforzamiento de parte de la Federación, especialmente de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública.
Recientemente se anunció en reunión con el sector empresarial, por parte del Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado de Michoacán, la intención del Gobierno Federal de detener temporalmente la implementación de las medidas progresistas en materia de nómina educativa, en donde se está suspendiendo la aplicación de descuentos a los trabajadores de la educación que abandonaron su centro de trabajo durante la llamada “jornada de lucha” de la CNTE, así como los mecanismos de control del pago de nómina, en relación a que los cheques ya serían intransferibles y exclusivos para cobro por parte del beneficiario, así como la progresiva bancarización de la nómina educativa. Todo lo anterior se promueve por parte de la Federación en aras de avanzar en las mesas de negociaciones entre SEGOB y las diferentes expresiones estatales de la CNTE, lo cual se realiza sin dar debida cuenta a la sociedad mexicana y genera enorme incertidumbre entre la sociedad civil, padres de familia, académicos y medios de comunicación.
En este escenario, Michoacán queda en una posición muy incómoda, ya que por una parte, es insoslayable que si no interviene la Federación de manera positiva para reforzar la aplicación debida de la ley vigente en materia educativa nos quedaremos al margen una vez más del progreso educativo nacional. Por otra parte, si la Federación da pasos retrógradas o titubea en lo avanzado durante el último cuatrienio, nuestra entidad federativa queda en el vacío al estar haciendo esfuerzos muy dignos por recuperar la rectoría de la educación estatal, que lamentablemente no estarían siendo respaldados por el orden de gobierno superior, con lo que estarían siendo desconocidos de facto por parte de la CNTE en cuanto a la negociación y búsqueda de privilegios, así como el torcimiento de la ley a su antojo.
Esta situación desesperada, que está aún más enrarecida por las constantes acciones de presión de la CNTE y la respuesta desconcertante de las autoridades en materia de procuración de justicia y de prevención del delito, ha propiciado la reacción de organizaciones y cámaras empresariales, quienes se han pronunciado en contra de seguir pagando impuestos si no se garantiza la estabilidad y paz social en nuestra nación; lamentablemente, resulta imposible lograr revertir la ilegalidad promoviendo la desobediencia a la ley.
La pregunta es, entonces ¿qué hacer ante la situación educativa estatal actual? Primero, reconocer que el Gobierno del Estado debe de continuar cumpliendo y haciendo cumplir la ley, con base en las atribuciones que le confiere el haber ganado en las urnas. Debido al debilitamiento institucional, el gobierno del Estado debe de promover con todos los medios a su alcance, la participación ciudadana en el sistema educativo estatal para que se encuentre debidamente acompañado en este proceso de aplicación de la ley y no se encuentre solo ante un grupo de presión, muy bien organizado e hipermovilizado durante décadas.
Segundo, la Federación tiene la obligación ineludible de hacer valer la ley en la nación, especialmente en materia educativa en Michoacán. Resultaría inaceptable cualquier intento de claudicar en el irrestricto cumplimiento de la legislación vigente en la materia. Especialmente, es menester que la Subsecretaría de Educación Básica estatal se descolonice y se sanee, para lo cual se requiere del apoyo total de la Federación.
Especialmente, la educación básica estatal es la que ha padecido las consecuencias de la colonización y corrupción rampantemente presentes. Urge un mejoramiento radical de los indicadores de cobertura y calidad. Es de exigirse un plan de acción conjunto entre Federación y Gobierno del Estado, plenamente coordinados, para tales efectos, en el que se encuentre omnipresente la Subsecretaría Federal de Educación Básica, suministrando recursos y acompañamiento para que la Secretaría de Educación en el Estado no se encuentre sola en cada acción que realice.
Tercero, los ciudadanos debemosalzar la voz para lograr que esto se transforme a la brevedad. Es inaceptable cualquier paso atrás, cualquier medida retrógrada, omisión o intento por serlo castigará seriamente a los niños y jóvenes michoacanos. O se pone orden o tendremos la garantía de continuar con un sistema educativo fallido como durante muchos años previos. Por tanto, debemos exigir que se nos informe día a día, de cada negociación que se dé entre la Federación y la CNTE, entre Gobierno del Estado y la CNTE, para estar presentes y poder acompañar a nuestras autoridades como ciudadanos, impidiendo que las cúpulas de la CNTE cuenten con información privilegiada respecto a la sociedad. Especialmente útil debería de ser que se transmitieran en vivo las reuniones.
En toda esta confusión, el ciclo escolar 2016-2017 está en riesgo una vez más, ya que en las mesas de negociación de la Secretaría de Gobernación con las diferentes expresiones de la CNTE se ha depositado la amenaza de que en caso de que no se ceda a todas las exigencias y caprichos de las organizaciones gremialistas, se modificará el arranque del ciclo escolar. No permitamos que la autoridad quede rebasada y que se violente el aprendizaje de nuestros hijos. Por esta razón, hagamos un llamado a la Federación a intervenir en pro del derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos.
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