Hablando en serio
Recientemente, el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional, que, de aprobarse, cambiaría de forma sustancial la forma en que se eligen a las autoridades y el número de los legisladores en el Congreso federal, así como en las legislaturas estatales.
De entrada, la propuesta no ha tenido una buena aceptación por parte de numerosos estudiosos en la materia, pues centraliza los órganos electorales, al desaparecer los institutos estatales, así como los tribunales locales, para quedar solamente un instituto responsable de las elecciones a nivel federal, que agregaría, en comparación con el que ya existe, la responsabilidad de realizar las consultas.
Los integrantes de conformar los organismos electorales saldrían de entre 70 posibles candidatos, que serían propuestos 20 por el Presidente, cantidad similar por la Suprema Corte y otros 20 por parte del Congreso de la Unión, en razón de 10 por la Cámara de Diputados y otros 10 por el Senado, para luego ser electos en votaciones muy similares a las constitucionales, por el grueso de la ciudadanía.
Una de las razones que esgrime el Presidente, es que los órganos electorales se han pervertido por el sistema de cuotas, que hace que los partidos se repartan entre sí, los cargos en los organismos autónomos, al grado que en cada proceso donde se debe de nombrar a alguien, se sabe qué organización política lleva mano.
Si bien, dicho mecanismo restringe las posibilidades de quienes no llegan con el cobijo del partido que le toca en turno, hay que destacarse que en general estos órganos han sido eficientes en su funcionamiento.
Hoy, en particular, me interesa hacer una pequeña reflexión, sobre la forma de elegir a los miembros de Institutos, y no nada más el electoral, sino también los que tienen que ver los otros que existen.
Es buena la idea de evitar que los partidos metan mano para designar uno u otro con base a sus filias y fobias, eso debe de rescatarse de la iniciativa, pero creo que se podría mejorar en el sentido de que no sean los ciudadanos quienes decidan en una elección, porque haría que los expertos que aspiran a ser parte de un organismo autónomo, se convirtiera en un candidato más, haciendo campaña y pues llegando a ofrecer para ganar el voto, acciones que no le corresponderían por ganar simpatías y hacerse atractivo a los electores, pues, para el nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consultas, tendría que hacer campaña contra 59 aspirantes más, para lograr uno de los siete espacios con los que el nuevo consejo se compondría. Ninguna elección del país, ni de lejos, tendría el número de candidatos que aquí se presentarían.
Pero, qué tal si en lugar de hacer que la ciudadanía vaya y vote para la integración de un organismo, que tal vez no sepa ni cómo funciona, ni cuáles son sus verdaderas funciones, por qué en lugar de pensar en elecciones, no ir a una insaculación, donde todos los aspirantes cumplieran con determinados requisitos legales, algunas pruebas de conocimiento avalada por alguna universidad y al final, quienes hubieran cubierto los requisitos, pasaran a una insaculación pública, donde la suerte fuera quien terminara por determinar quiénes serían parte de los órganos autónomos; este mecanismo generaría la igualdad de posibilidades para los aspirantes, pues ya no estarían sujetos al palomeo por otros actores políticos y haría que la suerte fuera, entre personas de las que ya se habría verificado su sapiencia en el tema, decidiera.
Sin duda que no se trata del mejor mecanismo para integrar órganos autónomos, pero tiene una gran virtud: logra eliminar la subjetividad natural de las personas para decidir quién puede o no, ser parte de estos órganos, que a final de cuentas son los responsables por custodiar los derechos de la ciudadanía.




