Las políticas públicas en el sector salud, en conjunto con las de otros sectores, deben ser vistas como prioridad en lo que se refiere a hilar todos los esfuerzos a favor de la salud de las comunidades. Esto representa un complemento importante de las reformas de la cobertura universal y de la prestación de servicios médicos; pero, lamentablemente, en la mayoría de las sociedades dicho potencial está en gran medida desaprovechado y es muy común que no se llegue a implicar eficazmente a otros sectores. Si miramos al futuro, a los múltiples desafíos que plantea el creciente envejecimiento de las masas, el desarrollo urbano y los determinantes sociales de la salud, resulta evidente que hacen falta mayores capacidades para aprovechar este potencial. Ello explica que la promoción de mejores políticas públicas junto con la cobertura universal y la atención primaria se vuelvan temas prioritarios en cualquier país del mundo.
En días pasados, el senado en México aprobó en lo general con 67 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con lo cual desaparece el Seguro Popular, que contaba con 16 años en operación y tenía 51 millones 629 mil afiliados, principalmente de los sectores más vulnerables del país.
Con esta reforma, se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, entrando en vigor el 1 de enero del 2020.
De acuerdo a fuentes gubernamentales, el INSABI brindará atención a la salud integral de todos los ciudadanos, garantizando la prestación de servicios gratuitos, medicamentos, incluidos los de enfermedades crónico-degenerativas como cáncer y diabetes, así como insumos para quienes no cuenten con seguridad social. El INSABI operará de manera directa los sistemas de salud, que hasta ahora estaban a cargo de los gobiernos locales y financiados por el Seguro Popular. Esto, siempre y cuando los gobernadores lo acepten a través de convenios.
Existe una clara preocupación por parte de la oposición, quienes argumentan que en estos 11 meses de la administración de López Obrador, no han sido ni capaces de garantizar el abasto de medicamentos fundamentales para preservar la salud de miles de mexicanos. De hecho durante la sesión en el Senado, después de muchos jaloneos y opiniones a favor y en contra, permitieron el acceso al recinto a un grupo de manifestantes, padres de familia de menores con cáncer, quienes pedían ser escuchados y que sus peticiones fueran incluidas en la presente reforma.
Si, sin realizar ningún cambio de fondo, únicamente intentando mantener la operatividad de los hospitales y centros de salud en todo el país, ha habido errores y fallas determinantes, es perfectamente entendible estar preocupados por la desaparición formal del Seguro Popular, y la repentina implementación del INSABI.
No hace falta estar en los zapatos de esos desafortunados padres de familia, que tienen que dejar sus trabajos para poder dar seguimiento y tratamiento a sus hijos con cáncer, para ser empáticos, y todos manifestarnos a favor de garantizar los insumos y las condiciones que permitan que esos niños recuperen su salud.
En mi opinión, en estos temas no hay espacio para la improvisación, no hay cabida para temas políticos, no hay oportunidad para experimentar e indagar con bonitos propósitos, que a todas luces carecen de una planeación y un proyecto perfectamente programado para estar listos, arrancar y estar en condiciones de cumplir a partir del 1 de enero del año 2020.
Y es que el INSABI viene prometiendo muchas acciones que plasmadas en el papel son atractivas a la vista, pero dado el desempeño del gobierno actual, es fácil poner en duda los cómos y sobre todo, los para cuándo.
Me llama la atención por ejemplo, que la ley señala entre muchos de sus cambios, la universalidad en la atención médica a las personas que se encuentren en el país y así lo requieran, a partir de criterios de universalidad, igualdad, inclusión y gratuidad y serán beneficiarias de los servicios públicos de salud, cuando antes la norma solo aludía a los residentes en el país, sobre todo a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Aquí me pregunto yo. Si el gobierno actual no ha sido capaz de garantizar el abasto de medicinas para los pacientes mexicanos, ahora imagínense el escenario con fenómenos importantes migratorios, que además van a la alza. Estamos incentivando la migración de personas que puedan venir a nuestro país a atenderse de manera gratuita, bajo un criterio de universalidad, igualdad e inclusión. Y les pido no malinterpreten mi comentario, pero la obligación del gobierno es garantizar los derechos de sus ciudadanos. Cuando esto ocurra, cuando en México seamos capaces de cubrir con las necesidades de todos nuestros adultos mayores, de nuestros niños enfermos, de las mujeres con cáncer de mama y cervicouterino y tristemente un largo etcétera, por mi encantada, abramos las fronteras e incluyamos estos criterios en nuestras leyes a favor de nuestros hermanos latinoamericanos, antes no.
“Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución, sin importar su condición social”, a la letra dice la legislación recién enviada a promulgar al jefe del Ejecutivo.
Perdón, pero el México que yo conozco no está preparado y me temo que no muy pronto estará preparado para una ley así de abierta e incluyente. Ojalá, repito ojalá me equivoque.