Índice de inclusión de las personas con discapacidad

El primero de abril de 2022, en el marco de las actividades del Festival de la Inclusión, se entregó un pronunciamiento a los Poderes del Estado relacionado con el impulsar el cumplimiento de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo; el propósito,  transitar de una ley que se debate en la iniciación y se pervierte en el disimulo, a un marco jurídico vivo, dinámico, con rostro humano, que dé la oportunidad a miles de personas en condición de discapacidad de acceder a sus derechos humanos, libertades y a que se resignifique el contenido de su dignidad humana con los mandatos de dicho instrumento jurídico y que hoy por hoy este gobierno puede hacer posible.

El documento de mérito, fue suscrito por Miguel Ángel Martínez Jiménez, presidente de la organización “Ángel de Corazón porque te Nace Ayudar A.C.”, Estela Meneses Martínez, presidenta de la organización “Arte, Cultura y Katarsis” y Gerardo A. Herrera Pérez, presidente de “Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán, OBC”, así como diversas organizaciones y personas que se sumaron a este planteamiento colectivo y de impacto general para todos, todas, todes las personas.

En este contexto,  se confirma que los fines de los derechos humanos, es la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y la progresividad; cuando hablamos de los derechos humanos de las personas con discapacidad es fundamental conocer que tanto hemos avanzado en la aplicación de sus derechos humanos a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que abrieron una nueva vía  para este siglo XXI, en términos de mover las estructuras de los estados miembros de la ONU para apropiarse de los planteamientos de dicha Convención y diseñar normas, aprobar estructuras y sobre todo generar políticas públicas para hacer realidad dicha normativa internacional suscrita por el Estado mexicano.

Hoy, a más de una década de aprobada la Convención y suscrita por el Estado mexicano, la pregunta es clara, cuánto avance en beneficio de las personas con discapacidad se tiene, igualmente preguntarnos, cuánto beneficio han recibido las personas con discapacidad derivada del marco legal federal y de  la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Michoacán; desafortunadamente aun no tenemos ningún modelo que mida el beneficio, continuamos conociendo parcialmente la percepción, es decir, de avances de la percepción en las mejoras de la discapacidad, por ello, es importante, preguntarnos, sí en este siglo XXI y en esta administración Federal y Estatal el índice de inclusión de las personas con discapacidad ha mejorado en cada una de las personas con discapacidad y sus familias, hacerlo es conocer sobre el respeto a su dignidad humana.

Se reconoce que existen avances, pero aun falta mucho por hacer (presupuesto, derecho al trabajo, a la salud, educación, seguridad, recreación, vivienda, entre otros), por ello, se convocó a las autoridades estatales del Consejo Michoacano, para conocer de viva voz los avances en la aplicación de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo, y por ende los beneficio recibidos por parte de las personas con discapacidad; el planteamiento que se presenta,  es parte de un compromiso de atender el problema en gobernanza: autoridades, población en condición de discapacidad y organizaciones de la sociedad civil, incluida la academia y toda aquella persona que se interese en sumar a estas acciones.

En días pasados, se llevó a cabo, por instrucciones de la oficina del Gobernador,  la primera reunión de acercamiento con la autoridad del Sistema DIF Estatal de Michoacán y las organizaciones convocantes, a efecto de establecer las mesas de trabajo operativas para una revisión de los avances institucionales del mandato del cuerpo normativo jurídico.

Fueron diversos aspectos los que se abordaron y  en los que se avanzará, derivado de los acuerdos tomados entre la Dirección del Sistema DIF Estatal, el CREE y las representaciones de las organizaciones convocantes, así como Salvador Sierra y Viridiana González: primero,  la difusión del marco jurídico para conocimiento y aplicación de los mandatos de ley a los miembros obligados; segundo; avanzar en el diseño de la campaña de difusión para la sensibilización de la población y del servidor público; tercero, el establecimiento de mesas de trabajo con las dependencias de conformidad con la dinámica ya establecida por el Consejo Michoacano, a las cuales serían invitados los representantes de las organizaciones convocantes. Estos aspectos acordados, constituyen una primera etapa en la revisión y análisis del documento, para continuar avanzando.

Finalmente, consideran los convocantes que, el movimiento social que se genera a lo largo y ancho de la geografía mexicana por diversos colectivos, organizaciones y personas en lo individual, ha ido avanzando en su lucha social en contra de la trasgresión de sus derechos y también de las opresiones que se mantienen vigentes como la invisibilidad, estigma, prejuicio, violencia, discriminación, la exclusión.

Desde el plano internacional, los organismos públicos de dimensión universal como la ONU, nos plantean en la “Agenda 2030 Objetivos del desarrollo sostenible”, que sus 17 objetivos, están sustentados en un solo principio rector: “que nadie quede excluido”. Es decir, para que ello se cumpla, se debe de hacer llegar los beneficios de dichos objetivos a todas las personas, sin exclusión o discriminación; hacerlo, es el reto de la normativa, de las estructuras operativas y del diseño de política pública, pero también de las decisiones políticas e institucionales que se tomen por las autoridades.Por ello, en Michoacán, se requiere avanzar significativamente, en gobernanza y con trabajo colaborativo para impulsar lo esfuerzos que permitan desarrollar un índice de inclusión de las personas con discapacidad. El objetivo es y será medir los resultados de desarrollo para el segmento de población en comento, al poder medir el avance de las políticas, programas e inversiones públicas para fortalecer la inclusión de los derechos de quienes viven con una discapacidad. El índice de inclusión contrae el compromiso de conocer y evaluar: 1.- una mayor participación política y cívica de las personas con discapacidad; 2.- educación inclusiva; 3.- seguridad personal, así como la prevención y atención de la violencia; 4.- bienestar económico y laboral y desde luego, la atención al derecho a la salud, entre otros.