Hacer que funcione o morir en la irrelevancia
Este año se cumplen 10 años de la reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, el primer esfuerzo institucional dirigido a atender la corrupción como una problemática pública, multifactorial y de responsabilidad compartida, no sólo política, entre ciudadanía y entidades públicas. En el marco de esta conmemoración, el 28 de mayo pasado, muy alejado de un acto de celebración, se hizo un llamado a “revitalizar el sistema”, ni más ni menos que por quien hoy encabeza la política de anticorrupción de la administración pública federal, la Secretaria Raquel Buenrostro, mensaje que en tiempos de cambio e incertidumbre institucional obligan, en principio a hacer un corte caja sobre el camino andado pero casi en simultáneo a emprender los siguientes pasos, a mirar las particularidades locales, pues aun cuando se trata de un sistema nacional, cada entidad federativa guarda no solo complejidades y resistencias propias sino también esfuerzos institucionales diversos.
En Michoacán el Sistema Estatal Anticorrupción tiene 6 años de operación, tiempo en el que se han avanzado en la generación e innovación de insumos técnicos (Política Estatal Anticorrupción y su Programa de Implementación, procesos de monitoreo y seguimiento de la política pública, recomendaciones no vinculantes, etc.) y tecnológicos (como la creación de sistemas informáticos propios, en denuncia y alerta ciudadana, así como la promoción y administración de los sistemas que integran la Plataforma Digital Estatal y Nacional). Así como de programas de sensibilización y capacitación sobre el impacto de la corrupción y las responsabilidades públicas y colectivas en la materia; solo por mencionar algunas de las acciones implementadas en los últimos años, pero que reflejan las funciones sustantivas, en prevención, de acompañamiento, coordinación y coadyuvancia, no operativas, con la que si suele pedir cuentas a los sistemas estatales, y propiamente a sus Secretarías Ejecutivas; por ejemplo respecto del número de investigaciones o personas vinculadas por actos de corrupción.
Además del enfoque preventivo por el que ha se ha decantado el Sistema Nacional desde su creación, en Michoacán éste se ha caracterizado también por nutrirse de una visión holística y transversal. La primera porque responde a un conjunto de causas diversas, pero en el que se reconocen hilos conductores, como antivalores y prácticas profundamente arraigadas, que no solo normalizan, sino que terminan por ser el caldo de cultivo vivifica la corrupción, porque no solo le mantiene, sino que lo reproduce, porque “las cosas son como son y no puedes hacer nada para cambiarlo”.
Esta visión integral de la corrupción, demanda también la necesidad de promover e instrumentar distintas estrategias para su atención, que van desde las ampliamente documentadas internacionalmente, como la relacionadas con compras, adquisiciones y obra pública, pero que, recupera también la identificación de espacios específicos de mayor proclividad, así como áreas y materias prioritarias, factores sociales y grupos poblacionales en los que la corrupción tiende a impactar de manera diferenciada, como ocurre con población en condición de pobreza, mujeres o personas de la comunidad LGBTQ+.
Por su parte, la transversalidad permite reconocer el impacto de la corrupción en el Estado por entero, en sus poderes y órdenes de gobierno, órganos autónomos, distintos ámbitos de la vida social, en el ámbito privado como público, en cuyos procesos internos como de intercambio o contacto con entidades públicas, tienen lugar acciones y omisiones que trastocan bienes y objetivos institucionales. Por lo que, al mismo tiempo que es posible identificar víctimas de corrupción, también a quienes son partícipes y perpetuadores de un fenómenos o sistema de redes, de complicidades y favores compartidos; porque se premian, solapan, haciendo perpetuar la corrupción como forma de vida y como mecanismo de acceso y permanencia del poder en turno, del sistema mismo, de ese que con insistencia se nos repite “no podemos cambiar”.
En el análisis contextualizado de la corrupción, para Michoacán sobresalen los ejercicios de rendición de cuentas y transparencia en las comunidades indígenas con presupuesto directo, que sin estar claramente normadas ejecutan buenas prácticas anticorrupción, que por su nivel de cercanía y vecindad con la comunidad, favorecen una participación ciudadana más genuina, informada e involucrada en las decisiones como del control de los recursos públicos, en los que, por ejemplo, la destitución de una autoridad y el señalamiento público se convierten en sanciones de mayor trascendencia que aquellas de tipo jurídica.
Para la Secretaría Buenrostro, el objetivo del Sistema Anticorrupción hoy es hacer que funcione o condenarse a la irrelevancia, para ello señala, se requiere voluntad política, liderazgo institucional y compromiso colectivo, pero en esos propósitos, importa el ¿cómo?, la comprensión de lo que se pretende resolver; que pasa por trascender los cumplimientos normativos, el cumpliance, los sistemas y esquemas corporativos que traídos a las administraciones públicas, en cuando menos los últimos veinticinco años, empezaron a endoprivatizar los gobiernos, en los que se impulsan mejoras estéticas, temporales y muy costosas para cumplimentar certificaciones, un check list, que apenas contribuye a modificar la percepción de la instituciones, pero sin tocar las causas culturales y sistémicas de la corrupción.
Es por ello que, no condenarse a la irrelevancia, la del Sistema Anticorrupción, pero en general de cualquier institución pública, requiere hacer cosas diferentes, tomarse en serio la corrupción y la ética de la responsabilidad pública, porque se refrenda un día si y otro también, como conducta practicada, porque si bien parte de atender y mejorar un ambiente normativo y de procesos, es más profundo que ello, porque promueva la participación genuina, la transparencia, la rendición de cuentas y la pedagogía pública como legado institucional, inmaterial, porque comparte y reproduce su visión de lo público, que es también rumbo y valor social.
Los tiempos de incertidumbre, de cambios normativos e impermanencia institucional, obligan a acelerar el paso, a dar sentido de trascendencia para no morir en la comodidad, la inoperancia y la irrelevancia; es hoy no mañana.
