Guanajuato, estado fallido

En la década de los noventa comenzó a acuñarse en los ámbitos político y mediático el término estado fallido, que hacía referencia, principalmente, a las naciones cuya vida institucional era peligrosamente frágil.

Se aplicaba para aludir a estados con instituciones públicas que habían quedado rebasadas, perdido el control de su territorio y con reducida o nula su capacidad del uso del monopolio de la fuerza pública. En sí, un estado fallido es aquél que padece un profundo vacío de poder.

La definición de estado fallido comenzó a aplicarse respecto a las naciones, sin embargo, el uso del término fue generalizándose para hacer referencia   a todo tipo de gobierno, federal o local.

Referir a un gobierno fracasado refleja el contraste entre un Estado con un gobierno surgido del respaldo popular por medio del voto en las urnas, que cuenta con el consenso social mayoritario y todo el apoyo institucional constitucional: facultades legales, poder de decisión, uso lícito de recursos y uso de la fuerza pública para garantizar la seguridad y la vida de sus habitantes, pero rebasado por su incapacidad.

Guanajuato, el estado cuna de la Independencia es una de las entidades del país con un gobierno fallido.  Hay otras entidades, pero esa entidad es el prototipo del vacío de poder.

Reúne todas las características propias de un Estado -gobierno- rebasado:  ha sido omiso, displicente, y con capacidades muy limitadas en el ejercicio de gobierno. La mayor evidencia lo constituye el hecho de que es una de las entidades con mayor número de homicidios dolosos y con eventos violentos con el mayor número de muertes de civiles.

“La vida no vale nada…”

El dicho inmortalizado por José Alfredo Jiménez, de que “La vida no vale nada”, se aplica en esa entidad no como parte del folclor nacional y regional, sino como recuerdo cotidiano, dicho en forma de sátira e ironía, de la tragedia que vive la entidad.

Durante muchos años, ante los propios ojos de las autoridades federales y, sobre todo locales, es decir Gobierno del estado y Gobiernos locales, el “Marro”, líder criminal, sentó sus reales en la entidad y zonas aledañas, no solo con el lucro ilícito de la extracción de gasolina de los ductos de PEMEX; sino también sembrando el terror a través de secuestros, levantones y masacres.

La detención y encarcelamiento de José Antonio Yépez, “El Marro”, no significó, en los hechos, el fin de esa ola de terror en la entidad. Los sucesores de ese líder de la delincuencia organizada encontraron en la región y el estado los mismos incentivos para seguir operando a sus anchas, con las consecuencias que ello implica: más asesinatos, levantones, balaceras y control de territorios propios del estado a sangre y bala.

Y lo que muchos se preguntan, con bastante ingenuidad es, ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde esta el Gobernador Diego Sinhue?, donde están el alcalde de Santa Rosa de Lima, un Municipio ubicado en la región suroriente del país, ¿dónde está el alcalde León, de Celaya, y otros de la lastimada zona del bajío que hoy es sinónimo de violencia y muerte.

Llamada la atención el comportamiento, para muchos omiso -por decir lo menos- de Diego Sinhue, que se esmera en proyectar una imagen de un Guanajuato próspero, innovador, de oportunidad para la industria, el empleo y el crecimiento económico, ejemplar, pero a costa de mucha sangre, porque en el ejercicio de su función pública como gobernante es cada vez más displicente en el tema de las masacres, los asesinatos y el crecimiento exponencial del imperio de la violencia, como lo marcan  las estadísticas oficiales.

Es notorio que el tema lo rehúye, lo traslada de manera discreta a sus subalternos, claro para eso están, pero como Gobernador del estado no denota un interés específico, especial dada la gravedad, por generar condiciones de mínima de seguridad pública y por lo tanto de evitar que Guanajuato se le escurra entre las manos.

La seguridad pública, al garete

Según estimaciones de México Unido contra de Delincuencia, en tres años consecutivos Guanajuato se ha posicionado como la entidad con mayor número de homicidios en todo el país. En 2018 alcanzó la primera posición con 3,436 homicidios, en 2019 se mantuvo con 3,875 y en 2020 alcanzó su máximo histórico en los últimos treinta años con casi 5 mil.

Datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana señala que, de enero a junio de este año, seis estados de la República concentran el 49 por ciento de los delitos de homicidio dolosos en todo el país, con un total de 7 mil 605 personas que fueron asesinadas.

Guanajuato ocupa el primer lugar con mil 556; le sigue Michoacán, Baja California, Estado de México y Jalisco.

Si hablamos de “eventos” violentos, es decir balaceras, masacres, ajustes de cuentas o “levantones”, en lo que va del año se tiene el registro de 45 casos a nivel nacional. En esos hechos trágicos el número de víctimas -homicidios dolosos- van de los 5 hasta los 20 en un mismo hecho.

Los 45 casos de violencia registrados a la fecha, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno de México, han generado 320 personas asesinadas, principalmente en los estados de Guanajuato, Michoacán, guerrero, Puebla, Durango, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Morelos, Colima, Nuevo León, Sonora, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí.

Para dimensionar mejor la tragedia que vive Guanajuato y el vacío de poder que lo acompañada, con un gobierno panista que hace como que “no pasa nada”, se tiene el registro de que el número de homicidios en 17 años se multiplicó 20 veces.

El INEGI reporta que, en el año 2020, en plena pandemia de COVID 19, cuando se supone que la mayoría de las personas se resguardaban en sus casas del virus, ocurrieron 5 mil homicidios dolosos solo en Guanajuato, una cifra récord.

El discurso del gobernador Diego e seguramente como parte de la estrategia comunicacional, elude al máximo esa tragedia social que vive su entidad, pero la realidad no se puede ocultar, menos cuando el saldo se refiere a decena o cientos de víctimas inocentes, cuya mayor tragedia fue la de vivir en un estado fallido, con un gobierno fallido y con un gobernante que no ha logrado cumplir lo que ofreció en materia de seguridad pública.