Gobernar sin ignorar a la oposición
Uno de los principios políticos básicos de la democracia es el reconocimiento de las diversas opiniones sobre los asuntos más importantes de la sociedad. Pretender ignorarlas desde el gobierno, con el argumento de que se cuenta con el aval mayoritario de la sociedad expresado en las urnas, es la puerta de entrada a las tentativas autoritarias.
Preocupantemente, durante el sexenio anterior se impuso un sello gubernamental antidemocrático cuyo fin fundamental fue borrar del mapa político al conjunto de las fuerzas opositoras. Al final de cuentas estas lograron el 45% de los votos en las urnas en las elecciones del 2024, lo cual no es poca cosa, sin cuestionar el contundente triunfo de la actual presidenta.
Ella, la titular del poder ejecutivo, ha dicho recurrentemente que el suyo es un gobierno democrático, que no debe ser equiparable con dictaduras latinoamericanas, como las de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Esto ha salido con mucha relevancia en el debate público de los últimos días a la luz de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones propuesta por Claudia Sheinbaum, ya que ha generado airadas reacciones desde distintos ámbitos de la sociedad debido a que el núcleo duro de esa pretensión atenta contra la libertad de expresión y otorga enormes facultades al gobierno para anular a voces opositoras. Por ello el coro unánime de comunicadores, especialistas en la materia, grupos de la sociedad civil y empresarios en contra de dicha iniciativa legal.
Celebro que ante esta multiplicidad de opiniones contrarias a la mencionada reforma, la presidenta Sheinbaum haya retirado su inicial instrucción de que fuera aprobada fast track y que, en cambio, haya admitido la necesidad de abrir un espacio de diálogo con los especialistas en la materia y el conjunto de las voces opositoras, más allá del usual lenguaje oficial descalificador contra ellos.
Lo digo además, porque como constructor de los acuerdos del Pacto por México, fui partícipe de las reformas en materia de telecomunicaciones que democratizaron el uso del espacio radioeléctrico de nuestro país y bajaron el costo de la telefonía (al eliminar, entre otros, el sobreprecio de las llamadas de larga distancia y de la televisión de paga), así como el impulso del Internet, entre muchos otros logros. Una parte muy importante de todo esto se pretende echar abajo con esta reforma, con lo cual se favorecería la concentración monopólica en unas cuantas manos.
Ojalá y de verdad sean escuchadas y tomadas en cuenta todas las voces conocedoras del tema y no se trate de una simulación de “parlamento abierto”, como ya lo vimos en los años del gobierno obradorista.
Los tiempos para nuestro país son cada día más complicados. Las amenazas crecientes de Trump contra México seguramente se acrecentarán. Los riesgos de recesión muy probablemente se acentuarán, más allá de los buenos deseos (y negación de la realidad) por parte del gobierno federal.
Ese escenario económico nada favorable para nuestro país traerá dificultades adicionales para captar recursos fiscales que permitan solventar el gasto en los programas sociales, todos, incluyendo salud, educación, investigación y cultura, como los más básicos, así como para el sostenimiento y funcionamiento normal del aparato gubernamental.
Por eso es saludable la apertura de este espacio de diálogo en la materia de telecomunicaciones; ojalá y sea una señal positiva para entablar un diálogo constructivo con el conjunto de las oposiciones, que siente las bases para un gran acuerdo nacional y cierre el camino a quienes, desde el bloque gobernante, insisten en acentuar una ruta autoritaria de esencia dictatorial. Lo sabremos en cosa de semanas.
