“Gobernadores Saqueadores”
Cualquier ciudadano con la más elemental lógica podría suponer que los distintos funcionarios públicos que están en los diferentes órdenes de gobierno y poderes de la Unión, son ciudadanos verdaderamente comprometidos con la función pública que detentan, para con esa actuación, pudieran beneficiar a la sociedad mexicana en su conjunto, ejerciendo por ejemplo, los recursos públicos con eficiencia, pulcritud, transparencia y rendición de cuentas. Uno bien podría pensar que a esos cargos públicos accederían los mejores hombres y mujeres, no sólo con los elementos formativos y académicos necesarios para cumplir eficientemente sus labores, sino eminentemente, con las cualidades requeridas para manejar los destinos de un pueblo: capacidad, honestidad, ética, integridad, compromiso, sencillez, etc. Con todos aquellos principios y valores que hicieran posible la transformación de nuestra sociedad y que se tradujera en la elevación de la calidad de vida para la mayoría de los mexicanos.
Pero, salvo contadas y honrosas excepciones, que las hay,esta pautano es así, ni lo ha sido durante muchos años. Las evidencias demuestran que quienes acceden al poder lo hacen buscando un “modus vivendi” y un “modus operandi”, es decir buscando medrar con los recursos de la nación. Buscando enriquecerse y auto promoverse para saltar al siguiente cargo, muchas veces sin haber terminado su actual encargo público. Buscando acceder a los cuantiosos sueldos, prestaciones y beneficios, inaccesibles para la mayoría de los mexicanos, esto sin mencionar, en muchos casos, sus innumerables y oscuros ingresos al margen de la legalidad.
Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo en cuanto al enorme y lacerante saqueo de los recursos públicosque desde tiemposinmemorialescometen los gobernantes y funcionarios públicos en México, nos damos cuenta que lamentable y constantemente, la devastación del erario y de los recursos naturales de nuestro país no cesa ni un ápice, a pesar de que, gracias a la alternancia democrática, se han ido generando leyes e instituciones fiscalizadoras,supuestamente, para evitarlo, tendiendo a inhibir esas conductas delictivas, sin que, a la fecha, hayan logrado contenerlo.
El hurto de caudales del erario, entiéndase vil robo, aunque en el argot legislativo se le conozca como “peculado”, y otros delitos tipificados en las leyes, aquél se ha venido sofisticando en una serie de múltiples formas descaradas unas, sutiles otras, pero finalmente solapadas por los de arriba en el escalafón jerárquico gubernamental y que, sin empacho alguno, llega hasta el presidente de la República.
En la historia reciente, abundan casos de gobernadores de distintos estadosdel país que han sido famosos, algunos inclusive en el ámbito internacional, no por haber construido obras en beneficio de sus gobernados, o haber sacado de la pobreza a sus habitantes, sino por haber cometido toda clase de latrocinios para enriquecerse “explicablemente”, sin que inexplicablemente se les haya fincando algún tipo de responsabilidad ni política, ni administrativa, y mucho menos penal.
¿Quiere usted recordar? porque claro está que usted lo sabe, qué gobernadores han sido en buena medida, los causantes de la pobreza en México: Rubén Figueroa, Ángel Aguirre, Carlos Hank González, Enrique Álvarez del Castillo, Jorge Carrillo Olea, Arturo Montiel, Alfredo del Mazo, Antonio Toledo Corro, Mario Villanueva (éste sí encarcelado), Francisco Labastida Ochoa, Guillermo Cosío Vidaurri, Manuel Cavazos Lerma, Humberto Moreira, Tomás Yarrington, Fidel Herrera Beltrán, Natividad Parás, Eugenio Hernández, Renato Vega, Andrés Granier Melo, Rodrigo Medina, César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo, Guillermo Padrés, Luis Armando Reynoso Femat, Enrique Peña Nieto, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, Fausto Vallejo,Salvador Jara, Eruviel Ávila y una larga lista para la cual faltaría tinta.
La mayoría de esos gobernadores saqueadores son o han sido militantes del PRI, aunque desde luego los hay del PAN y del PRD, principalmente.Algunos de ellos se han coludido con la delincuencia organizada, bien sea para encaramarse al poder y/o para obtener dineros sucios; otros gobernantes han recurrido al clásico desvío de recursos, peculado y retención de recursos federales; operación con recursos de procedencia ilícita; enriquecimiento inexplicable; o han creado empresas fantasmas para operar contratos de bienes y servicios públicos no realizados, como es el caso de Javier Duarte de Ochoa, quien además elevó la deuda pública de Veracruz de 11mil mdp.a 52mil mdp., y sobre el que pesan acusaciones de haber ordenado homicidios de periodistas incómodos para su régimen, además de otras atrocidades, que rebasaron cualquier límitepara que su patrón Peña Nieto estuviera en posibilidad de seguirle brindando protección, a cambio de los 2,500 mdp.,que se sabe, Duarte entregara a la campaña presidencial peñista a manera de cuota. Por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó orden de aprehensión en su contra.
Veamos unos casos más, sólo como un pequeño botón de muestra: como el de Humberto Moreira Valdés, otrora gobernador de Coahuila, y Presidente del Comité Ejecutivo del PRI, quien fue enlistado por la revista Forbes como uno de los “10 mexicanos más corruptos”; acusado de lavado de dinero por la corte de Texas y sobre quien, entre otras trapacerías, pesóuna orden de aprehensión española en su contra, pero, una vez encarcelado, la libró gracias a las negociaciones del gobierno mexicano, quizás, la promesa de extradición del “Chapo”, ya que de repente, los estadounidenses no tenían nada en contra de Moreira. Oiga usted, cómo se vería que un expresidente del PRI, quedara en ese entredicho.
O el del panista, Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, acusado entre otras linduras dedefraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares; de creación de empresas fantasmas; de ejercicio indebido de funciones, hablándose de un desfalco de más de 32 mil mdp. Exgobernador por el que la Interpol ha emitido ficha roja para su localización.
O el de Roberto Borges Angulo, exgobernador de Quintana Roo, al que además de dejar en quebranto financiero a la entidad, se le acusa de haber derrochado la friolera cantidad de más de 51 millones de dólares, algo así como mil millones de pesos, en pagos de renta de dos aviones y un helicóptero utilizado en sus traslados.
O el de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, quien adicionalmente a dejar a su estado con una deuda pública superior a los 46,000 mdp., es acusado de amasar una fortuna multimillonaria,“con base en el uso del gobierno, de la información del gobierno, de los programas, del presupuesto.Por lo que en su expediente judicial hay evidenciaspor las que están planteados (los delitos de) peculado, enriquecimiento ilícito, uso abusivo de funciones y facultades, uso indebido de funciones, lavado de dinero”.
La gran mayoría de los gobernadores se ha beneficiado de los diezmos y moches; de la asignación de contratos sin licitación a sus amigos; del desvío de recursos;del nepotismo; de la simulación; de los gastos excesivos en publicidad y promoción de su imagen, y otras lindezas encubiertas que los presidentes municipales emulan, por cierto, con tanto éxito. Y como hemos visto prácticamente sin haber ejecutado obras de infraestructura que hayan justificado la onerosa y desmedida deuda pública en que han sumido a sus entidades federativas. En otras palabras: ¿dónde quedó el dinero objeto de tan enormes deudas? Todo ello con la complicidad de los diferentes presidentes de la República y sus gabinetes.
El esquema es el mismo: buscan llegar por todos los medios, lícitos o no, al poder para enriquecerse a costillas del erario público que es del pueblo, sin que se hayan destacado realmente por su quehacer social, económico, cultural y encima, dejando muy endeudados a sus estados
Por esa razón, entre otras, el monto total de ésta deuda subnacional, se ha venido elevando de manera significativa, aunándose a la deuda pública nacional que rondará a finales de 2016, los 9 billones de pesos, representando el 48.5% del producto interno bruto (PIB).
De manera que, urge que entre en funciones el cacareado Sistema Nacional Anticorrupción. Mientras la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) recién informó que el 75% de los órganos de fiscalización locales están reprobados en su desempeño, la Auditoría superior de la Federación (ASF) denuncia que “las irregularidades detectadas en el manejo de recursos federales, que por diversos fondos se trasladan a los gobiernos estatales se ha incrementado sustancialmente”, por lo que ha promovido denuncias contra 26 estados de la república.Michoacán se incluye con 18 litigios legales ante la PGR.
Mientras no se finquen las debidas responsabilidades a los funcionarios públicos continuará el sempiterno saqueo nacional. Como vemos los casos de delitos en contra del erario se reproducen a lo largo y ancho de toda la geografía, sin que pase nada. Esta situación de inmensa corrupción de continuar así, podría desembocar en un estallido social.
En Michoacán el historial de las finanzas públicas y su deuda es un verdadero desbarajuste, brillando por su ausencia el papel de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).Por lo que, la información más confiable ha resultado ser la del Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE), organismo que asegura que en “lo que va de la actual administración en Michoacán, la deuda pública a corto plazo se incrementó en más de 10 mil millones de pesos, situación que podría generar un colapso en la economía del estado. La deuda que dejó el exgobernador interino Salvador Jara Guerrero ascendió a los 26 mil millones de pesos, con Aureoles Conejo, a marzo de 2016, llegó a más de 33 mil millones de pesos, 17 mil millones en bancos y 16 mil a corto plazo “eso es muy peligroso”, pues el estado ya perdió la capacidad de pago”, aseguró el presidente de dicho Centro.
En ese orden de cosas, resulta imperativo para losmichoacanos en particular, exigir al Congreso Estatal, esclarezca y transparente a la brevedad la situación real de las finanzas y la deuda pública, y al gobernador Aureoles que cumpla a cabalidad, entre otras cosas, con el “Decreto Administrativo de Medidas de Austeridad, Transparencia y Eficiencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado de Michoacán”.
Sería desastroso para el Estado que continuará creciendo exponencialmente la deuda pública, mientras el gobernador y sus funcionarios se pasean en helicóptero para asistir a giras en donde lo único que resaltan son sus fotos donde aparece abrazando a bebés y niños o saludando a personas de la tercera edad o discapacitadas; o mientras se pasea en estados unidos con su séquito, en lugar de ejecutar obras públicas y planes de relevancia para el desarrollo del estado. En vez de resolver la grave problemática de inseguridad pública que aqueja al estado con el crimen organizado, incluyendo al que perpetran la CNTE, los normalistas y aquellos grupos que bloquean, incendian y roban vehículos, y al igual quevandalizan las ciudades, todo, de manera impune. O en lugar de resolver el problema de la Universidad Michoacana. Lejos de ello, la situación de inseguridad y de falta de gobernabilidad se está tornando insostenible, y lo seguirá estando mientras en el estado mande la federación, para beneficio de ésta y no de aquél. Para beneficio del gobernador quien quiere la silla presidencial. ¿Así cómo?
Si resulta que Silvano Aureoles Conejo engrosa la lista de gobernadores saqueadores, y todo indica que así será, la responsabilidad también lo será de la sociedad permisiva. ¡Al tiempo!carlosilvaldes@hotmail.com @carlosilvaldes