“Si te maltrata y no haces nada, estás dejando que lo haga”

-Monserrat Delgado-

Con esta frase me gustaría comenzar con este tema tan complejo y aunque es fácil de entender resulta difícil de llevar a la vida práctica, a pesar de los esfuerzos realizados en esta y en anteriores administraciones poniendo de relieve especialmente la entrada en vigor en 2007 del instrumento jurídico denominado Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), misma que tiene por objeto salvaguardar la integridad de las mujeres, estableciendo mecanismos que les permitan el libre desenvolvimiento dentro de la sociedad, las numerosas modificaciones que se han realizado, así como las propuestas del Poder Legislativo y de la sociedad civil organizada, el feminicidio se mantiene a la cabeza como una de las peores amenazas que afectan el libre desarrollo de las mujeres en México y América Latina.

Actualmente existen convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, especializados en este tema del que somos partícipes los latinoamericanos como es, la Convención Interamericana  para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer conocida como Convención de Belem do Pará, publicada en 1996, suscrita en la República Federal de Brasil, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) que surge de la consulta Interamericana sobre la Mujer y la Violencia realizada por la Comisión Interamericana de Mujeres en 1990, consta de 25 artículos, con el propósito de hacer valer los derechos de las mujeres, su desarrollo individual y la creación de una sociedad más justa, solidaria y pacífica, tiene la finalidad de solucionar el problema de  violencia contra la mujer. De acuerdo con la Convención de Belem do Pará, el feminicidio es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte.

Los indicadores hablan por sí solos, de acuerdo a la ONU es particularmente grave en Centro y Sudamérica y se acentúa en las regiones de mayor vulnerabilidad; 9 de las 12 naciones que registran los niveles más altos de este delito se encuentran en estas regiones, sin distinción de raza, clase social, religión, cultura, nivel educativo, edad o cualquier otra condición los abusos contra la mujer son renuentes y afecta negativamente a las propias bases sociales, es por ello que considero urgente tomar medidas que contribuyan a sensibilizar a la población, no solamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, a celebrarse los días 25 de noviembre, sino además que se trate este problema con educación con perspectiva de género.

De acuerdo con el Programa Únete de la ONU, en el 2014 la tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes en Honduras es de 13.3, en El Salvador es de 5.7, en República Dominicana 3.6, Guatemala 2.7, en nuestro país alcanza el 2.5 con tendencia a la alza, Puerto Rico 2.3 y en Panamá 1.3  por citar algunos países. En México según cifras del Inegi, en cuanto a homicidios  se tiene una tendencia de 2 a 3 asesinatos por cada 100 mil mujeres, con un importante incremento en los últimos años. Esta problemática es eminentemente cultural y el incremento a las penas poco ha contribuido a bajar el índice delictivo. En nuestro país se establece en el Código Penal Federal (CPF), penas que van desde los 40 a 60 años y multas de 500 a mil días de salario mínimo, pérdida de derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, posicionando como uno de los países con la regulación más severa, por ejemplo, en El Salvador las penas van de los 20 a los 35 años y respecto a la figura agravada de 30 a 50 años de prisión, en Guatemala 25 a 50 años de prisión, en Costa Rica de 20 a 35 años de prisión e inhabilitación de uno a doce años.

Aun así los índices se mantienen a la alza y las políticas públicas implementadas por las administraciones estatales y municipales tampoco han sido efectivas para combatir el problema de raíz, para expertos en feminicidio de países latinoamericanos los homicidios y las agresiones contra mujeres son un problema que requiere de mayores esfuerzos y acciones para disminuir y castigar esos crímenes, por lo que exhortan a los gobiernos a reforzar las leyes y mecanismos de protección, además de fomentar una cultura de respeto a los derechos de las mujeres al interior de sus sociedades.

En nuestra República Federal únicamente 20 entidades cuentan con los protocolos que marca la LGAMVLV y en el CPF, es por ello que en el mes pasado de este año la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó mediante un Punto de Acuerdo que los 32 Congresos Estatales homologuen sus respectivas legislaciones con esta LGAMVLV y con el CPF, con la finalidad de lograr una efectiva prevención de agresiones contra la población femenina, incluidos los feminicidios. El dictamen menciona que en el Estado de México se registraron 840 asesinatos, entre los años 2011 a 2013, en Jalisco sumaron 151 víctimas tan solo en el último año; en Morelos en los últimos 10 años se han acumulado 686 feminicidios. También advierte que las agresiones contra las mujeres se expanden, puesto que se procesan nueve solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Genero en Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Colima, Baja California, Sonora, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, a la fecha únicamente 11 estados han emitido protocolos en la materia. Especialmente en Michoacán y en otros 10 estados más, el delito de feminicidio no es autónomo, es decir, es considerado tan solo una variante del homicidio.

El dictamen define que uno de los graves problemas para contrarrestar estos delitos de odio contra las mujeres es que no se reconocen como tales, es decir entre 2012 y 2013, 613 casos de un total de 3 mil 892, fueron investigados por feminicidios, por lo anterior, la Comisión Permanente solicitó a las Procuradurías Generales de Justicia establecer protocolos de actuación, para investigar y sancionar todas las muertes violentas de mujeres por razones de género, en aras de reducir la impunidad.

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CoIDH), a través de su sentencia González y otras vs México de 2009, recomendó al estado mexicano la creación de  protocolos. En el resolutivo 18 de la sentencia, también conocida como “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, menciona: “El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y a los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género, conforme a lo dispuesto en los párrafos 497 y 502 de esta sentencia”.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, documento de trabajo que rige la programación y presupuesto de toda la Administración Pública Federal, en sus estrategias transversales especifica en la perspectiva de género, que la presente administración considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres. Creo que es inconcebible aspirar a llevar a México a su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. En este caso el objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de gobierno.

En la actualidad las redes sociales son un arma de doble filo, pues aunque representan un factor de riesgo, han jugado un papel importante debido a que estamos mejor informados y representa una poderosa herramienta para que las mujeres puedan denunciar los abusos, solicitar ayuda y alertar a otras mujeres, por desgracia no toda la población cuenta con esta útil herramienta. Por último, pongo sobre la mesa la reflexión de mi amigo Juan Ramón Díaz, especialista en Derecho Constitucional. “En un país dominado por el machismo, las madres mexicanas tienen en sus manos la formación de los futuros hombres”. Las mujeres no son el problema, pero son parte esencial de la solución.