Entre micrófonos y mordazas/Enrique Rivera
En un país donde la libertad de expresión aún se conquista todos los días, la nueva iniciativa de la Presidenta de México para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión levanta más alarmas que aplausos. Si bien es legítimo y necesario proteger la soberanía informativa frente a campañas de propaganda extranjera —como la tristemente célebre pieza antiinmigrante promovida desde el extranjero—, el remedio propuesto podría salir más caro que la enfermedad, sobre todo para un sector vulnerable pero vital: las radios universitarias públicas.
La reforma plantea sanciones severas —de hasta el 5% de los ingresos— para medios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros. Aunque el espíritu de la ley busca blindar a México de influencias ajenas, el diablo está en los detalles. Y esos detalles, en este caso, son los vacíos conceptuales y las ambigüedades que podrían poner en jaque a emisoras con vocación educativa y sin fines de lucro.
La columna completa en Quadratín Bajío
