Indicador político
Hablar de justicia en México era una burla, una palabra al viento, una lucha sin final.
Bien lo decía el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón: “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”, sin embargo, cuando el arbitrario se encuentra al interior de los juzgados y tribunales –donde deberían estar quienes nos defienden–, es complicado creer esta frase tan ambiciosa.
Cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de mi estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realicé mis prácticas profesionales en el Ministerio Público y en un par de despachos jurídicos, uno en materia Mercantil y el otro en Penal y Civil, entre otros.
Para mí, era sorprendente que para que un caso, asunto o proceso avanzara, se tuviera que pagar a actuarios, peritos, policías y a toda la cadena que continúa…, si no era así, el asunto se archivaba. Por eso, los juicios simples se convierten en una odisea para la mayoría de las personas, en especial para quienes carecen de recursos económicos y quienes no tienen “palancas”.
Una buena mañana “me cayó el 20” de por qué tenía que trabajar y esforzarme más que los demás: sería la primera abogada de la familia. Eso significaba picar piedra en un ambiente nuevo. Y en efecto, mientras cursaba el cuarto año de la licenciatura, un día dejé de ver a uno de mis compañeros –el típico chico al que le gusta la fiesta y saltarse las clases–. Para mi sorpresa, lo saludé tiempo después en uno de los juzgados, ya bien acomodado, con trabajo seguro. En ese momento me cuestioné: ¿debí haber sido hija de abogados o juzgadores para tener un trabajo seguro desde antes de terminar mi licenciatura? La respuesta, en aquel 2013, era: sí.
Más allá de las criticas constructivas… o no… por la reforma al Poder Judicial y la reciente toma de protesta de múltiples juzgadores en todo el país, ver ahora a jueces con ideales del humanismo mexicano representa, para muchas generaciones de estudiantes de Derecho, la posibilidad real de acceder a espacios a los que antes solo se llegaba con dinero e influencia. Muy poco valían entonces los méritos académicos y el esfuerzo de litigio.
Por una parte, esta reforma ha abonado, por primera vez en la historia, a la paridad e inclusión, permitiendo que participen más personas en igualdad de condiciones. Aunque también cabe la crítica: ¿cuántos perfiles realmente llegaron sin esas “palancas”?
La ventaja es que, al ser electos por el pueblo, también pueden ser demandados por el mismo. Es decir, ahora sí, tienen que trabajar, sin extorsionar para ganar más.
Es atinada también la reflexión acerca de que Benito Juárez fue el primer presidente indígena que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1857. Han pasado 168 años para que hoy tengamos un segundo presidente indígena. La pregunta es inevitable: ¿cuándo llegará una mujer indígena a presidir este órgano?
Concluyo expresando que Michoacán es un estado lleno de historia y amor por la justicia real, por lo que una mujer humanista michoacana se siente profundamente orgullosa de haber nacido en esta tierra de lucha y vanguardia, donde se instauró el primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana.
Los retos son muchos, y la justicia no se hará presente de la noche a la mañana. Requerimos más reformas que abonen para erradicar la corrupción en las dependencias y fiscalías, y que realmente protejan a las víctimas.
Pero vamos avanzando, y el tiempo dirá si fue oportuna esta reforma. Hoy, México empieza a vislumbrar un nuevo Poder Judicial. Las aristas son muchas, el papel poco, y las personas lectoras cada día se pierden más; pero vale la pena creer que alguien leerá estas líneas, no al aire, sino a los sectores con hambre y sed de justicia.




