La recta final para el 5 de junio 

“La civilización no dura porque a los hombres sólo les interesan los resultados de la misma: los anestésicos, los automóviles, la radio. Pero nada de lo que da la civilización es el fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde.”

José Ortega y Gasset

Cuando usted lea este artículo faltarán pocos días para que se lleve a cabo la jornada electoral del 5 de junio en diversas entidades de la República. Este evento es importante por sí mismo por varias aristas: primero, porque se renovarán los poderes públicos en distintas entidades; segundo, porque en la Ciudad de México se elegirá al Constituyente Originario; ytercero, porque estas elecciones son resultado de la reforma electoral del 2014, pero en entidades en donde no se tiene la concurrencia y, por lo tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) las ha supervisado de forma más estrecha.

En algunas entidades el fulgor es mayor, y no les falta motivo porque se elegiráal Poder Ejecutivo, lo cual incrementa el interés de la ciudadanía y de los círculos políticos. Otro ingrediente adicional que hace más interesante estas elecciones es la participación deauténticos y pseudos candidatos independientes, más organizados y con más bríos, con menos limitantes y victimizándose, en algunos casos.

Existen pocos estados que incorporaron el voto en el extranjero, pero en esos casos este tema se reguló con algunas modalidades diferentes a las que presenciamos en el 2014-2015, como la elaboración del padrón de los ciudadanos en el extranjero que estuvo a cargo ahora del INE.

La ubicación e integración de las mesas directivas de casilla continuó a cargo del INE, con una minúscula participación de los organismos electorales locales, pero con un trabajo más en conjunto que fortaleció el trabajo preparatorio de la elección.

Por tanto, estas elecciones son diferentes a las presenciadas en el 2014-2015, porque si bien se realizan bajo una misma norma –producto de la reforma del 2014–, no son concurrentes y también es cierto que el papel del INE cambió, porque no participó de manera directa en la elección –es decir, no existieron comicios federales– salvo el caso de la Ciudad de México,lo que permitió que la instancia nacional pudiera vigilar y coadyuvar en el sano desarrollo de las mismas.

Son elecciones diferentes porque existen acuerdos y lineamientos emitidos por el INE y por los propios órganos locales que en varios casos no son los mismos que se utilizaron en el 2014-2015;y no son las mismas normas porque de la experiencia de las elecciones pasadas se implementaron mecanismos más prácticos y efectivos que evitarán cualquier tipo de conflicto entre las instituciones organizadoras de la elección, es decir, las juntas locales del INE y los institutos electorales de cada entidad federativa.

En lo que siguen siendo las mismas elecciones que en el 2014-2015, o las de hace tres, seis, nueve y hasta doce años, a pesar de la reforma electoral, es que se cambiaron las diferencias existentes en las últimas elecciones entre los órganos locales electorales y las juntas locales del INE, ya superadas, en su mayoría, por la pésima relación entre organismos hermanos electorales de una misma entidad federativa; siguen siendo las mismas porque continúa la intromisión de los poderes de los estados en las entidades federativas con los organismos electorales, llámense administrativos o jurisdiccionales; continúan igual por la tentación de algunos diputados y senadores de las Cámaras del Poder Legislativo Federal por intervenir en los procesos electorales; esto, afortunadamente, no sucede en todas las entidades federativas que participan.

Lo que tampoco cambió fue la intromisión de figuras de alta envergadura política que antaño participaron en la vida pública del país o de los estados,en el proceso electoral, contaminando las elecciones con comentarios desafortunados a favor o en contra de funcionarios o candidatos de las entidades federativas; no cambió tampoco la simulación y el engaño a la ciudadanía con declaraciones de desacreditación y calumnia a los candidatos y a los militantes de los partidos políticos, y si se imaginaba que los candidatos independientes iban a ser -independientes- ajenos a esta tentaciones, la respuesta obviamente es negativa, porque también le entraron al garlito, descubriéndose la manta que ocultaba en la mayoría de los casos su origen y espíritu partidista.

Lo que tampoco cambió fue que una vez más se volvió a violentar el espíritu de las candidaturas independientes, al lanzarse candidatos como francos camicaces políticos, con el único objetivo de quitarle adeptos a su adversario político o, lo que es peor, para enfilar la candidatura de algún partido político.

No cambiaron las diatribas, las calumnias, los descréditos y las mentadas a las autoridades electorales, pensando que con ello se ganarían más adeptos. No se modificó la conducta de querer ganar las elecciones con quejas y con denuncias ante las autoridades. En su reciente visita a la entidad el fiscal general para la Atención de Delitos Electorales señaló el número estrepitoso de denuncias presentadas en los procesos electorales en ciernes, las cuales se aumentaron casi en un 500 por ciento.

También en su visita a esta ciudad capital un connotado consejero destacó los criterios discrepantes con los que se resolvía la ola inmensa de quejas e impugnaciones que presentaban los partidos políticos, diferentes de un proceso electoral a otro y aunen el mismo proceso electoral, situación que no puede pasar por inadvertida.

Lo que siguió igual también, para colmo, fue la indiferencia de las autoridades para dotar de los recursos necesarios a los organismos electorales locales para hacer frente a los gastos generados por el proceso electoral. Casos como en el 2014-2015 –Baja California y Morelos– se volvieron a vivir, pero ahora duplicados. Es decir, en por lo menos cuatro entidades federativas no se les proporcionaron los dineros para el proceso electoral, curiosamente en aquellos lugares en donde existe la amenaza de alternancia partidista.

Decía Francisco de Vitoria–y decía bien– que las leyes deben obligar a conciencia;o sea, que los actos y las normas emitidas por la autoridad, más allá de su cumplimiento, por el temor al ejercicio de la fuerza coactiva del estado, deben obligar moralmente a los miembros de la sociedad a su obediencia, bajo el entendido de ser un compromiso del colectivo en buscar el bien común, y un elemento que permite lograrlo es la obediencia a la norma, y actuar con principios éticos y morales.

Tal pareciera que nos empecinamos en desacreditar el trabajo en el que nosotros mismos participamos. Nos encanta contribuir en generar una nube de dudas del desarrollo del proceso electoral y de las instituciones encargadas de organizar y llevar a cabo los procesos electorales en el país. Nos encanta prestarnos a la deslegitimación de los candidatos que legalmente han obtenido las preferencias electorales. Desestimamos la madurez e inteligencia de los electores al presumir que prefieren una noticia calumniosa y oprobiosa por encima de una propuesta que ponga solución a una o varias necesidades sociales.

No se necesita ser Harry Houdini para saber que en la próxima jornada electoral va a repetirse el cuestionamiento del triunfo de los candidatos, so pretexto de esperarse al cómputo de las elecciones, y llegado éste empezarán los trabajos de deslegitimación a los órganos electorales y a los triunfadores de la contienda. Pero lo peor es que en un mismo estado, en un mismo distrito, la mayoría de los partidos políticos exigirán que se les reconozca su triunfo, pero no querrán aceptar el triunfo de su adversario político, e igual conducta seguirán los candidatos independientes. Este hecho quedará más que evidenciado cuando los partidos políticos exijan el reconocimiento de su triunfo en las gubernaturas de los estados, sin reconocer su derrota en aquellos en donde no les fue favorable el voto.

Así las cosas, debemos asumir conductas que den confianza a la ciudadanía y permitan empoderarse y legitimar a los candidatos que legalmente hayan obtenido el triunfo. Se debe transitar por un camino terso de alternancia política, en el que todos los actores –partidos políticos, candidatos y autoridades– salgan fortalecidos y se les permita ejercer sus facultades.

La norma debe adecuarse para no generar un espacio tan largo entre la elección y la toma de protesta de los candidatos ganadores. No nos debe espantar la judicialización de las elecciones, pero tampoco debemos acostumbrarnos a tener los recursos legales como un mecanismo ordinario de legitimidad del triunfo de los candidatos. Acudir a un órgano jurisdiccional no debe equipararse en resolver en esa arena los conflictos políticos; los Tribunales no fueron creados para eso.

No busquemos como recurso ordinario el alboroto social para justificar ante los adeptos y militantes la derrota electoral. Sumemos esfuerzos y conciencias que permitan ejercer el gobierno en aras de un bien común, para generar estabilidad y certidumbre, para provocar la gobernanza y una actitud social solidaria.

Asumamos, pues, en los estados en donde se tienen elecciones el próximo 5 de junio actitudes cívicas y patriotas que permitan el ejercicio del voto, el respeto a los resultados electorales, la información objetiva del desarrollo de la jornada y del cómputo de la elección y el transitar hacia un escenario político y social con nuevas autoridades.

Por lo pronto,usted ¿qué opina?

Ramón Hernández R.

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@HernandezRRamon

La propaganda electoral, institucional y gubernamental

Parte I

Un sociólogo norteamericano dijo hace más de treinta años que la propaganda era una formidable vendedora de sueños, pero resulta que yo no quiero que me vendan sueños ajenos, sino sencillamente que se cumplan los míos.

Mario Benedetti

Un aspecto importante que debe ser tomado en consideración por el legislador al momento de arrastrar la pluma para las adecuaciones de la ley en materia electoral es el relativo a la propaganda electoral, la cual debe ser regulada más allá de los procesos electorales. Dada su envergadura, a la propaganda electoral la podemos analizar desde dos puntos de vista; el primero, respecto de la propaganda colocada en diversos medios de comunicación que no tengan que ver con radio y televisión; y la segunda, relativa a la comunicación a través de la radio y televisión.

Si bien es cierto que la propaganda electoral es utilizada principalmente en los procesos electorales —es cuando en realidad ocasiona un impacto fuerte ante el electorado— no debemos olvidar que también existe otra propaganda que puede o no estar dentro de losprocesos electorales, y se encarga de difundir los ideales y aspectos importantes de los institutos políticos,de manera primordial, o instituciones gubernamentales: la llamamos propaganda institucional y gubernamental.

En efecto, la propaganda va dirigida a tres aspectos, a saber: 1) la propaganda electoral, la que conocemos dentro de los procesos electorales, cuya finalidad es posicionar a los contendientes políticos, y en su caso a los institutos políticos que los postulan; 2) la propaganda institucional, la que se utiliza por parte de los partidos o agrupaciones políticas, cuya finalidad es posicionar ante la ciudadanía los ideales y principios partidarios o gremiales; y por último, 3)la propaganda gubernamental, que es la utilizada por los entes gubernamentales para dar a conocer a la ciudadanía acciones, mensajes y obras de gobierno.

En términos político-electorales, las tres clasificaciones de la propaganda pueden ser dirigidas a través de dos vertientes: 1) radio y televisión, cuya administración corresponde única y exclusivamente al Estado a través del Instituto Nacional Electoral; y 2) las utilizadas a través de diversos medios de comunicación que no son radio y televisión; éstas pueden ser a través de espectaculares, medios impresos y digitales de comunicación, bardas, pintas, volantes, páginas de internet, salas de cine, camisas, plumas, etc.

Dada su trascendencia y la importancia que este tema reviste, lo analizaremos en dos partes; primero analizaremos la segunda de las clasificaciones y en el siguiente artículo abordaremos la propaganda en radio y televisión. Veamos:

Actualmente, la legislación permite llevar a cabo propaganda electoral, institucional y gubernamental, como ya mencionamos. Cada una tiene finalidades y espacios diferentes: mientras la primera sólo puede utilizarse en el proceso electoral y se califica en propaganda de precampaña, respaldo ciudadano y campaña, la segunda puede ser utilizada dentro o fuera de proceso; en tanto, la tercera puede ser utilizada en cualquier momento, menos en las campañas electorales. Existen otras reglas respecto de las promociones personalizadas, pero ésas las abordaremos más adelante.

El aspecto importante a analizar, más que los cómos—es decir, los contenidos de la propaganda electoral—, es la manera en la cual ésta se difunde y los espacios utilizados para ello. La legislación actual permite llevar a cabo la promoción de propaganda —en sus tres aspectos— en diversos lugares y a través de distintos medios, siempre y cuando no se coloque en equipamiento urbano (banquetas, puentes peatonales, postes de luz y de teléfono, oficinas públicas, monumentos, mupi’s –mobiliario urbano con aprovechamiento publicitario-, entre otros) y en accidentes naturales (montañas, arboles, accidentes geográficos, entre otros).

Una de las grandes inconformidades ciudadanas al referirse a las diversas propagandas —más allá de su contenido— es su colocación y divulgación indiscriminada, la cual se acentúa en los procesos electorales. La ciudadanía se encuentra constantemente asediada porlos distintos mensajes que en espectaculares, periódicos, volantes, camisas, plumas, vasos yrevistas, así como en los medios electrónicos masivos de comunicación, lanzan los candidatos, los partidos y agrupaciones políticas, los servidores públicos y los entes de gobierno. La pregunta obligada aquí es saber cómo se regula la publicidad de los partidos políticos, sus candidatos, los entes gubernamentales y los servidores que permitan armonizar de manera natural con la sociedad. La respuesta es clara: colocando la misma en espacios materiales y por periodos de tiempo determinados.

De inicio partimos de dividir los espacios en tiempos en los que se debe publicitar la propaganda, y así tenemos que en proceso electoral se prohíbe la propaganda tanto institucional partidista como la gubernamental y del servidor público, dada la naturaleza que abarca el propio proceso, en el cual la propaganda de precampaña, respaldo y campaña va inmersa de manera natural la propaganda partidista. Además, para generar condiciones de equidad e igualdad en la contienda no es recomendable transmitir o difundir propaganda gubernamental o del servidor público, dado que puede favorecer o perjudicar a los candidatos y a sus partidos políticos; es decir, por principio de cuentas la propaganda en periodo electoral debe ser única y exclusivamente para precampaña, respaldo ciudadano o electoral, dejando afuera a la institucional y gubernamental.

Hay que añadir que a la propaganda institucional y gubernamental —fuera de proceso electoral— se le prohíbe la utilización de imágenes personalizadas tanto del servidor como del funcionario partidista; es decir, se prohíbe que en dicha propaganda se utilicen en todo caso distintos rostros o imágenes en las cuales aparezca la figura del servidor o del dirigente partidista, y se centre en informar mensajes de utilidad a la ciudadanía con contenido sustancial o de difusión —a excepción de los informes gubernamentales—.

Al mismo tiempo, es importante también definir un espacio o sección determinada en donde se transmita la propaganda electoral, institucional o gubernamental, dejando al ciudadano como opción —y no como obligación— a su libre albedrío el informarse o no respecto del contenido de la propaganda.Esto nos lleva a que tanto en las ciudades como en pueblos o rancherías, así como en periódicos, medios electrónicos de comunicación, revistas y las salas de cine —físicamente o en los previos o créditos de las películas o documentales—, espectaculares, volantes, etc., exista un lugar o espacio determinado en donde se lleve a cabo la publicidad ante la ciudadanía de la propaganda de que se trate, y no en toda la ciudad, en cualquier parte del contenido de los periódicos, revistas, páginas de internet o reproducciones en las salas de cine y en todos los espectaculares, y que es precisamente lo que ocasiona antipatía y molestia a la ciudadanía.

Existen antecedentes como es el caso del municipio de Apizaco y en Chile, en donde existen acuerdos y regulaciones legales, en las cuales no sólo se prohíbe la colocación de propaganda electoral en determinados lugares, sino que la propaganda electoral se encuentra circunscrita a ser colocada en un espacio determinado para tal efecto, al cual los ciudadanos pueden acudir a informarse de manera libre —llámese propaganda electoral, institucional o de gobierno—, espacioen el cual se limitaría la repartición de volantes, trípticos, plumas, gorras y demás aspectos relativos, incluso los debates públicos, generando así una cultura de información y debate cívico democrático ante la ciudadanía.

A lo anterior sólo hay que agregar que en los medios impresos, electrónicos y salas de cine pudiera existir un suplemento especial o espacio señalado para la difusión de la propaganda, que también fuera opcional al ciudadano acceder o no a ella.

Con las medidas mencionadas —que se insiste no son novedosas, ya han sido utilizadas en otras latitudes con éxito— nosólo se generaría que se elevara el debate público, sino que se utilizarían mecanismos de persuasión, difusión y disuasión más efectivos que permitiesen a los ciudadanos ser más críticos y objetivosen la toma de decisiones electorales, partidistas y de gobierno. Se trata de convencer, no de imponer ante el ciudadano. Por lo pronto… usted ¿qué opina?

Ramón Hernández R.

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@HernandezRRamon