El Corso/Ramón Hernández

Reconocimiento a las instituciones…al TEPJF

Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria.

Mahatma Gandhi

Hace algunos días se informó por los medios de comunicación de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual a partir de la semana entrante estará conformada por José Luis Vargas Valdez, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Janine Madeline Otálora Malassis, Indalfer Infante Gonzáles y Reyes Rodríguez Mondragón. Todos ellos, abogados de reconocida trayectoria jurisdiccional y quienes, por cierto, cuentan con toda la legitimidad de ocupar el cargo al que fueron asignados por parte del Senado de la República. Tienen ante sí un reto enorme: continuar con la consolidación de uno de los organismos encargados del control de la legalidad de los mecanismos de participación ciudadana en nuestro país.

Es curioso comprobar cómo existen voces que a priori ya los están descalificando, cuando ni siquiera toman aúnposesión de sus nuevas encomiendas. Se trata de la política a la vieja usanza: descalificar antes de conocer, descalificar las instituciones, desconocer los órdenes y los niveles de gobierno. Ésta es, sin embargo, una nueva oportunidad que tenemos los mexicanos para que, a partir de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,cambiemos de mentalidad y de actuar, fortaleciendo nosotros mismos las instituciones encargadas de salvaguardar nuestros derechos, como es el caso.

Pero el artículo del día de hoy–si bien es cierto versa sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– no es sobre su nueva integración, a quienes, insisto, se les debe tener todo el reconocimiento para ocupar la silla por la que fueron designados; se trata, más bien de hacer un justo reconocimiento a los juzgadores que desde 2006 y hasta la semana entrante han llevado las riendas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El escenario que enfrentaron los integrantes salientes de la Sala Superior no fue menor. Podemos hacer un recuento de varios hechos que desde 2006 a la fecha los mexicanos enfrentamos en materia de derechos político-electorales, pero principalmente los magistrados del cuerpo colegiado que nos ocupa: vicisitudes, retos, criterios, administraciones, encuentros y desencuentros, pero al final –desde un humilde y particular punto de vista– considero a todas luces que el saldo es positivo.

Recién designados, después del pronunciamiento de la declaración de legalidad y validez de la elección presidencial de 2006 realizada por la anterior integración, les correspondió incorporar varios criterios de lo experimentado en dicho proceso, el cual, por cierto, ha sido uno de los más reñidos de la historia contemporánea desde 1988.

Respecto a dicha elección, hace algunos días en un foro en la Universidad Autónoma del Estado de Méxicose comentó que la toma de protesta del entonces Presidente de la República electo en 2006 se llevó a cabo bajo un ambiente hostil y de poca cordialidad.

El paso siguiente no fue menor, porque se incorporaron en el ejercicio de esta calificación criterios y temas novedosos que no habían sido analizados ni advertidos en elecciones anteriores, como el recuento de los votos, los procedimientos especiales sancionadores, las causales de nulidades de elección, las nuevas políticas en radio y televisión y el caminar sobre los albores de un rediseño en la fiscalización, entre otros. Este trabajo fue compartido con el entonces Instituto Federal Electoral, cada uno desde su propia trinchera.

A la integración actual también le correspondió en el 2012 calificar la elección presidencial, que tampoco no fue cosa fácil, pues simple y sencillamente fue la antesala que fijó los criterios y parámetros que a la postre generaría una de las más grandes reformas electorales en nuestro país,iniciada en diciembre del año 2012 pero que a la fecha no ha terminado de concluir.

Y, por si fuera poco, también a esta Sala le correspondió aplicar las nuevas reglas de la reforma electoral del 2014,así como revisar los actos y acuerdos administrativos que el nuevo Instituto Nacional Electoral ha emitido desde entonces. Si ya se ha manifestado que la mencionada reforma es compleja por todos los puntos de vista que se le quieran analizar, la implementación de las reglas no es cosa menor, y mucho menos el análisis de legalidad y constitucionalidad, desde una perspectiva convencional, tampoco ha sido una tarea sencilla.

Asimismo, a la Sala Superior le correspondió desde el principio de su integración fijar los criterios de radio y televisión, los cuales fueron recogidos por el legislador y a la postre pasaron a ser una materia administrada por el entonces Instituto Federal Electoral, actualmente el Instituto Nacional Electoral.

En lo que toca a los procedimientos sancionadores se rediseñó desde el 2006 un procedimiento novedoso en ese entonces: el de previo y especial pronunciamiento, cuya finalidad fue resolver los litigios derivados de los procesos electorales a tiempo durante el propio proceso electoral; ahí se incorporó la medida cautelar como un instrumento preventivo para evitar actos perniciosos y de imposible reparación que generaran ventajas o desventajas desproporcionadas en la contienda.

Se escindió también el procedimiento ordinario relativo a la fiscalización, y se fijaron las bases para una fiscalización más especializada en materia electoral. Se dotó, a través de reiterados criterios a los organismos administrativos electorales, de más herramientas con la finalidad de poder realizar una auditoría y fiscalización más exhaustiva a los partidos políticos y a los particulares.

Se transitó en el régimen sancionador en cuanto a los sujetos responsables de juzgar únicamente a los partidos políticos, a pasar al banquillo de los acusados a los simpatizantes, militantes, candidatos y particulares –físicas o morales– que intervinieran de manera directa o indirecta en beneficio o perjuicio de los actores en las contiendas o en cualquier actividad de derechos políticos electorales.

También les correspondió fijar criterios en lagunas legales respecto de la intervención de los servidores públicos en los procesos de participación ciudadana, llámense elecciones o demás mecanismos, al establecer límites y prohibiciones en sus conductas, lo que ocasionó una reforma profunda al artículo 134 de la Constitución Federal y sus equivalentes en las entidades federativas.

Atendieron, dentro de la redimensión de los derechos humanos, a través de sus resoluciones, criterios pro homine proteccionistas en el seno de la vida interna de los partidos políticos, de las elecciones y con un absoluto respeto a los derechos políticos electorales de los ciudadanos.

Dentro de este contexto, los magistrados salientes ventilaron diversos asuntos que permitieron establecer criterios progresistas en aras de la igualdad y paridad de género en los procesos de selección interna de candidatos, en las elecciones y procesos de participación ciudadana, así como en los espacios públicos de elección popular, dejando con ello plasmados criterios de horizontalidad y verticalidad en el género en cuanto a la postulación de los candidatos. Fue así que se incorporaron en el ejercicio jurisdiccional y administrativo electoral los protocolos de violencia de género y, además,se protegió a toda costa la paridad de género en las elecciones por sistemas normativos propios.

Vale la pena mencionar también que con sus resoluciones y sus actuaciones se contribuyó de manera decidida a generar un Tribunal abierto que permitiera el acceso de la ciudadanía a todas y cada de las actividades de los miembros de la Sala Superior y de las Salas Regionales, así comopara consultar las sentencias, presenciar en tiempo real las sesiones de las Salasy, además, hacer más ligera y accesible la lectura de las resoluciones emitidas. Dentro de las propias resoluciones se procuró una mayor accesibilidad y comprensión de éstas, incorporando nuevos criterios para ciudadanizar más las resoluciones con un lenguaje menos técnico y con un contenido menos voluminoso.

En el tema de usos y costumbres, la Sala Superior fijó criterios progresistas en pro de las comunidades y grupos indígenas. Dejó fincadas las bases para la elección de autoridades a través de sistemas normativos propios, en diversas modalidades; y definió también diversos métodos de consulta en temas indígenas. Además, creó una defensoría en temas indígenas que ha colaborado con diversos organismos jurisdiccionales y administrativos en materia electoral de los estados y la Federación.

En el terreno de las nulidades en materia electoral –donde debo admitir que en ocasiones personalmente no he compartido algunos criterios– se establecieron parámetros definidos para abordar los distintos elementos cualitativos y cuantitativos que vician las elecciones y traen consigo la nulidad.

En el tema de capacitación se orientó hacia una política más incluyente entre los organismos integrantes del sistema electoral, tanto administrativo, jurisdiccional, como investigador y persecutor de delitos electorales, y se fortaleció en cada circunscripción la relación entre los órganos electorales.

No podemos olvidar que durante mucho tiempo la Sala Superior del Tribunal Electoral trabajó sin la totalidad de sus miembros; ello no fue obstáculo para que las determinaciones y decisiones que se tomaron salieran casi siempre por unanimidad, y en los casos en que fue por mayoría el ejercicio deliberativo se hizo siempre con respeto, capacidad argumentativa y responsabilidad profesional, lo que demuestra la coincidencia y discusión previa de los asuntos.

El reto que enfrenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es enorme, de frente a los cambios dinámicos y sustanciales de la nueva forma de ejercer los derechos políticos electorales, y como fiel de la balanza en el sistema electoral, pero seguro estoy que sus nuevos integrantes habrán de hacer un buen papel.

Vaya, pues, un reconocimiento y felicitación a los magistrados María del Carmen Alanís Figueroa, Salvador Olimpo Nava Gomar, Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Pedro Esteban Penagos López y José Alejandro Luna Ramos,así como a todo el personal de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que durante diez años trabajaron con ahínco, esmero y responsabilidad.

Por lo pronto, usted ¿qué opina?

Ramón Hernández R.

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@HernandezRRamon