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La educación superior de Michoacán, sin contar a la Universidad Michoacana, que merece un análisis aparte, por su autonomía, fortalezas y amenazas, vive noviembre de 2026 entre tres frentes que se alimentan mutuamente. El primero es financiero y laboral, con instituciones que pagan tarde o dejan de pagar a quienes enseñan. El segundo es de gobernanza interna, con planteles tomados y autoridades enfrentadas a sus propias comunidades. El tercero es el de las plazas, con egresados normalistas que cierran calles y oficinas porque la autoridad sostiene que falta vacancia justo donde ellos identifican grupos sin maestro.
Detrás de los tres late una raíz común: la distancia entre lo que el gobierno promete y lo que entrega. Conviene agrupar los problemas por su naturaleza. El primer grupo es el de salarios y finanzas. La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán atiende a poco más de dos mil quinientos estudiantes en seis sedes y suma cuatro quincenas consecutivas pagadas con retraso o sin pago. Sus sindicatos pararon labores el 19 de octubre y en noviembre volvieron los paros de brazos caídos y una toma de instalaciones. Su dirigente, Domingo Santiago, estima un déficit anual de entre 20 y 27 millones de pesos, una deuda acumulada cercana a 70 millones y obligaciones pendientes con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria. La ampliación presupuestal autorizada, de unos 25 millones, seguía sin transferirse al corte.
En el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, el sindicato reclama adeudos por 30 millones de pesos desde 2025, ocho de ellos por cuotas de Pensiones Civiles. En el Instituto Tecnológico de Puruándiro, la revisión del contrato colectivo que debió concluir en mayo sigue pendiente. En Tacámbaro, veintiún despidos denunciados por una unión de sindicatos motivaron el 9 de noviembre la toma de oficinas del instituto rector del subsistema y el bloqueo de una avenida de Morelia. Ni siquiera existe una cifra oficial única de déficit, lo cual es en sí un problema de rendición de cuentas.
El segundo grupo es el de la gobernanza interna. La Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal Profesor J. Jesús Romero Flores permanece tomada desde el 5 de noviembre. Trabajadores de apoyo y el comité estudiantil exigen la destitución del director, a quien atribuyen criterios cuestionables para asignar plazas, hostigamiento y opacidad. El director ofrece la versión contraria: asegura que ordenó la administración, prohibió el alcohol dentro del plantel y recibió presiones y ofrecimientos económicos de la dirigencia estudiantil. Ninguna acusación ha pasado por una investigación independiente. En el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, siete alumnos de Pedagogía del campus Zitácuaro denunciaron en tribuna pública que, pese a ganar un amparo, llevan cuatro meses sin estudiar con normalidad.
El tercer grupo es el de las plazas docentes. Cada año egresan alrededor de mil normalistas y aproximadamente esa cifra se contrata, según explicó la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, quien sostuvo el 21 de octubre que la ley exige verificar primero la vacancia y que contratar a todos los egresados excede esa obligación. Los egresados responden que medir la necesidad solo por alumnos por grupo ignora a comunidades como Tiquicheo, Zacapu, La Huacana y Coalcomán. De ahí vinieron los bloqueos de octubre, cuando se validaron apenas veinte espacios de preescolar, y el del libramiento por egresados de la Normal Indígena de Cherán, con un camión incendiado.
El cuarto grupo es el de la cobertura y las metas. De los 50 mil lugares prometidos en educación superior por el Plan Michoacán se reportan 7 mil, catorce por ciento de la meta. Mexicanos Primero Michoacán documentó con cifras oficiales una pérdida de 27 mil 420 estudiantes en todos los niveles durante dos ciclos, pese a 795 mil 717 becarios reportados. La matrícula superior creció en la última década, de modo que su rezago es de cobertura insuficiente y lentitud en la ejecución. La Universidad Nacional Rosario Castellanos opera tres de las cinco unidades prometidas, con mil 807 estudiantes.
Los cuatro grupos comparten causas. La primera es un subfinanciamiento estructural de las instituciones descentralizadas, con presupuestos que apenas cubren una nómina que además llega tarde y con ampliaciones que se solicitan sin respuesta. Una versión sindical atribuye el cierre anticipado del presupuesto en septiembre a decisiones de la Secretaría de Finanzas, y coincide con el inicio del atraso en la Universidad Intercultural.
La segunda es una gobernanza sin árbitro: cuando directores acusan a comités y comités acusan a directores, falta una instancia independiente que verifique hechos y devuelva el aula a los estudiantes. La tercera es la opacidad, pues mientras se mantenga reservado el padrón de vacantes, cada ciclo reproducirá la negociación por bloqueo. La cuarta es la brecha entre el anuncio y la ejecución. A ello se suma el clima previo a la sucesión estatal de 2027, que tiende a convertir cada conflicto en capital electoral. Distinguir el derecho vulnerado del posicionamiento partidista es obligación de quien analiza y de quien gobierna.
Michoacán cuenta con recursos para salir del atolladero. El Congreso puede etiquetar en el presupuesto de 2027 los déficits estructurales de las instituciones descentralizadas. El nuevo titular de la Secretaría de Finanzas tiene frente a sí la solicitud de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán para fijar fechas de pago antes de que termine el año. Los sindicatos, como el de Puruándiro, han expresado su voluntad de resolver la incertidumbre sin dañar a los estudiantes. El Poder Judicial federal puede verificar un amparo. Y la prensa local y las organizaciones civiles han documentado cada conflicto, memoria pública que permite exigir cuentas con datos.
Si el estado persiste en este curso, los costos recaerán primero en los estudiantes. Una generación de normalistas lleva semanas sin clases en un plantel centenario, y cada día de toma erosiona trayectorias frágiles. Los trabajadores enfrentan además el riesgo de perder seguridad social cuando las aportaciones se acumulan sin enterarse, y la deuda con Pensiones Civiles crece con cada quincena sin pago. Las comunidades rurales seguirán esperando maestros formados que aguardan una clave, mientras se calcula la vacancia con un método que nadie conoce.
También se deteriora la legitimidad de las demandas justas, porque los bloqueos y los camiones incendiados ofrecen argumentos a quienes prefieren ignorar los reclamos. Y cuando la educación superior se vuelve inestable, los jóvenes pierden un horizonte que compite con ofertas más peligrosas en regiones donde el reclutamiento criminal ya golpea a la adolescencia.
Conviene preguntarse qué clase de gobierno quiere ser el de Michoacán. Uno que anuncia cincuenta mil lugares y entrega siete mil, que autoriza ampliaciones que tarda en transferir y que luego observa con sorpresa el bloqueo de la avenida.
Cada quincena retrasada, cada plantel tomado y cada egresado sin plaza son decisiones públicas que alguien tomó o dejó de tomar, y jamás una fatalidad del calendario.
La palabra que ordena a las demás es transparencia: sin cifras únicas, sin padrones públicos y sin árbitros independientes, cada parte seguirá contando su historia y nadie podrá comprobar cuál es la verdadera.
Se proponen siete medidas. Primera, transferir de inmediato a la Universidad Intercultural la ampliación de 25 millones de pesos, publicar el calendario de pagos hasta el cierre del año y hacer públicos los resultados de la auditoría anunciada, con una cifra oficial de déficit.
Segunda, instalar una mesa resolutiva con facultades reales entre el instituto rector del subsistema y los sindicatos sobre los veintiún despidos, con plazo público de respuesta. Tercera, constituir una instancia independiente de mediación en la Normal Urbana Federal que investigue ambas versiones, garantice el regreso a clases y evite represalias. Cuarta, verificar el cumplimiento del amparo de los alumnos de Pedagogía, transparentar la política de cuotas y cubrir las aportaciones pendientes a Pensiones Civiles.
Quinta, publicar el padrón de vacantes docentes por nivel y municipio, los criterios de prelación y el calendario de asignaciones. Sexta, divulgar un calendario obra por obra del Plan Michoacán en educación superior, con indicadores de ingreso, permanencia y egreso, sujeto a evaluación externa anual. Séptima, etiquetar en el presupuesto de 2027 los déficits estructurales de las instituciones descentralizadas, para que la nómina deje de depender de ampliaciones de fin de año.
Al gobernador y a su gabinete financiero corresponde pagar a tiempo y explicar con números. Al Congreso, etiquetar recursos y vigilar su ejercicio. A las autoridades educativas, abrir los padrones y aceptar verificación independiente. A sindicatos y comités estudiantiles, defender sus causas sin sacrificar el derecho de los jóvenes a estudiar. A la sociedad michoacana, exigir cuentas con datos.
Michoacán necesita universidades abiertas, estables y bien gobernadas. Y las requiere ahora, porque cada ciclo perdido es una generación que jamás regresa. La educación superior merece algo mejor que esperar quincenas, claves y promesas, porque solo uno de cada cuatro jóvenes en edad de cursarla están en las aulas, quedando tres de cada cuatro en manos del acaso, traducido en desempleo o subempleo, pobreza laboral, migración, marginación o, reclutamiento criminal, ya sea voluntario o criminal: males sociales que tienen su raiz en el abandono, omisión o corrupción gubernamentales. ¡Merecemos un gobierno educador!




