¿Derogación educativa o moderada reforma?/Julio Santoyo Guerrero

Ya no queda claro si el nuevo gobierno federal irá por la derogación de toda la reforma educativa del sexenio peñista o si solamente promoverá algunas modificaciones. Y no queda claro porque las declaraciones que en las últimas semanas ha hecho Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para hacerse cargo de la Secretaría de Educación Pública, apuntan a una intención de reforma de la reforma y no a su cancelación. El futuro secretario sostiene que el contenido laboral de la reforma sí habrá de ser modificado pero cuando se refiere a la evaluación refrenda "la importancia" de la misma para asegurar una educación de calidad.

Durante la campaña electoral el ahora presidente electo, de manera reiterada, ofreció y prometió echar abajo, cancelar, derogar, tumbar, la reforma educativa aprobada en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Para quienes están en el sector educativo el discurso fue comprendido literalmente: borrar de la política educativa los contenidos de esa reforma, incluyendo desde luego la reforma que se hizo a la constitución en su artículo tercero. También comprendieron que la nueva política educativa se construiría con la participación de los maestros.

La apertura y generalidad de este discurso atrajo el interés de las diversas expresiones sindicales que se mueven en el sindicato más grande de América Latina. De alguna manera todas se sintieron representadas, desde el Snte hasta la Coordinadora y desde luego el marginado y nada presentable gordillismo. Todos entendieron que así puesto el problema, tumbar  la reforma significaba de por sí una gran oportunidad política, la derrota del peñismo y de las corrientes que avalaron la reforma en cuestión,  pero participar en la construcción de la nueva significa ahora una mayor ventaja de protagonismo político y nadie aceptará ser echado a un lado.

El discurso hasta ahora contradictorio en la definición del rumbo educativo del país dará pie, conforme pase el tiempo, al surgimiento de tensiones y probablemente de rupturas entre quienes se acercaron entusiasmados creyendo en la oferta inicial: tumbar la reforma de manera total. Una probable salida a este dilema podría ser la convocatoria a una consulta, a la manera en que se piensa resolver la disyuntiva para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional. Sin embargo, la consulta por sí misma supondría el abandono de la propuesta original pues se argumentaría por algunos que la idea inicial no admite desviaciones toda vez que con esa creencia votó la mayoría del electorado. Dirán que la consulta no se justifica cuando el voto fue claro en pro de una idea: tumbar la reforma.

Si se mantiene la versión hecha pública por Esteban Moctezuma Barragán, que seguramente sería la del propio presidente electo, veremos entonces la conformación de un primer alineamiento divergente en el sector educativo y social en la inauguración del gobierno, de una parte los que van por una modificación de algunos contenidos de la reforma peñista, como el laboral y el ajuste de la evaluación para priorizar la capacitación, y de otra parte estarían quienes creyeron en un cambio paradigmático de la reforma educativa, que implicaría meterle mano a conceptos decisivos del artículo tercero, derogar la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley para la Evaluación Educativa, con el propósito de construir un andamiaje educativo, filosófico y jurídico nuevo, es decir, tumbar plenamente la vigente reforma educativa.

¿En qué alineamiento quedarán las diversas expresiones sindicales del magisterio? No es difícil preverlo. El debate y aglutinamiento político lo tendremos en torno a derogacionistas y reformistas, en cada caso las motivaciones políticas suponen forma y fondo en torno a la visión educativa y en torno a la práctica sindical. Si el presidente electo no refrenda el discurso original de la derogación total veremos en breve nuevos episodios de confrontación magisterial, y si lo hace deberá asumir los costos de lo que esto le puede representar por la fricción con sectores sociales más inclinados a  la moderación.

Ignoramos si el nuevo gobierno esté pensando en una propuesta educativa y sindical para la reconciliación del sector. Cierto es que no pretende destruir ni a unos ni a otros, así que debería, antes de la consulta, tener claridad en una política de convergencia y colaboración de todos los liderazgos sindicales, sociales y económicos, lo suficientemente amplia para que quepan todos y lo necesariamente sólida para que pueda contener las fuerzas que se expresarán divergentemente en esa consulta. Si no hay esta previsión para el sector educativo en poco tiempo podría convertirse en un campo de batalla más extenso de los que ya hemos presenciado, lo que no sería buena noticia para la mejora de la educación que tanto se proclamó.