Crimen organizado contra gobierno desorganizado

A pesar de lo que se pudo haber pensado sobre la inoperatividad de las organizaciones criminales durante la pandemia de Covid-19, el resultado es todo lo contrario. Las cifras y sus acciones no mienten.

Las bandas criminales muestran una vez más su grado de adaptabilidad en tiempo real generando para sí oportunidades de control territorial y fortalecimiento de bases sociales, pese a cualquier intento de negar esta realidad desde el terreno oficial.

En principio, no hay un descenso significativo en los homicidios, extorsiones, secuestros –que sólo por el confinamiento se presenta en menor medida-, confrontaciones entre grupos rivales y trabajan ahora también en su interacción en el terreno social con la entrega de despensas y préstamos a familias en emergencia económica, sólo por citar sólo algunas de sus operaciones presentes desde que se decretó la llamada cuarentena.

Sin lugar a dudas, los grupos criminales llenan los huecos del gobierno. Solo durante los meses de marzo a mayo, la entrega de despensas, víveres y préstamos “gota a gota”, arreciaron en alrededor de 12 estados del país, sin ninguna inhibición.

Todos hemos visto los videos en los que se observa a miembros de estas bandas entregando a plena luz del día apoyos diversos y víveres en zonas de población vulnerable. Esta acción si bien no es nueva en las organizaciones delincuenciales, si revelan su presencia con mayor fuerza ahí donde el gobierno es incapaz de garantizar la seguridad y la economía de la población, los dos huecos que se pretenden cubrir hasta hoy sin éxito.

Grupos criminales como el Cártel del Golfo en Tamaulipas, La Familia Michoacana en Guerrero y el Estado de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato y en zonas de San Luis Potosí, Los Zetas en zonas diversas de Veracruz, el Cártel de Sinaloa en Guadalajara, Los Viagra en Tierra Caliente, y sumando en la cuarentena otros grupos más han apostado por la construcción de bases sociales mediante la entrega de despensas y préstamos con interés más bajo que los bancos.

Así, la posición y acción adoptada por los grupos criminales ante la emergencia sanitaria y económica resulta determinante para ellos, pues si bien es cierto que los trasiegos de droga provenientes del centro y Sudamérica y su paso a los Estados Unidos son cada vez más complicados, ahora se observa con claridad que las luchas de poder y control territorial son los puntos de atención de las organizaciones delictivas para crear bases de apoyo social, aunado al dominio de espacios estratégicos para desarrollar actividades criminales con apoyo o cooptación de amplios sectores de poblaciones, principalmente marginales y vulnerables.

Frente a estas operaciones constantes a lo largo y ancho del país, la respuesta gubernamental es claramente irrisoria. “Mejor bájenle”-declaración del presidente de la República a los grupos de la delincuencia organizada-, en alusión a su mal comportamiento y que “lo que valdría la pena, era dejar atrás la balandronadas para dar amor al prójimo”, o bien dejar “los malos pasos”, pues al final de la pandemia su administración ofrecería alternativas a estos grupos para progresar.

En buena medida, la estrategia para contener el crimen organizado en este sexenio se resume en las citas anteriores y en su llamado a los “abrazos no balazos”. En suma, no hay una política pública clara, contundente y sostenible para combatirlo y por consecuencia no da resultados. Con esto nos referimos a que está fracasando la estrategia de contención enfocada al combate del crimen organizado respecto a frenar sus operaciones, fuentes de fortalecimiento como armamento, capacidad de reclutamiento y bienes económicos, aspectos en los que la Guardia Nacional tiene resultados infinitamente menores a los esperados en el día a día.

El Informe de Seguridad elaborado por el gobierno federal, confirma esta triste realidad y así en materia de asesinatos dolosos se registran en México un promedio diario de 80 casos. Por ejemplo, desde el inicio de la pandemia a la fecha, los delitos de este tipo oscilan entre 57 que es la menor cifra registrada, hasta 114 crímenes, la mayoría vinculados a las llamadas “ejecuciones” de la delincuencia organizada.
Y por más que se trate de celebrar la creación y operatividad de la Guardia Nacional, no hay resultados tangibles a un año de su formación, tan así que el gobierno de Andrés López Obrador sumó de plano la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública ante este escenario de incertidumbre. Este proceso de delegar funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas no es nuevo, ya con el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto se trató de crear y regular una Ley de Seguridad Interior, para dar certeza jurídica a las fuerzas armadas en operaciones destinadas al combate del crimen organizado, misma que fue considerada en su momento por AMLO como un intento de militarización del país.

Hoy la realidad es otra y el discurso de la llamada 4T es totalmente otro. La incursión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública por al menos 5 años, sin una verdadera legislación que delimite funciones específicas y límites de facultades, esboza un escenario más complejo para tener una política en la materia al existir vacíos en el decreto de AMLO para ordenar a las fuerzas armadas participar en tareas de seguridad pública.

No queda claro quién dará prioridad y determinará las operaciones en el terreno, aunque en el decreto se estipule genéricamente que las funciones de las fuerzas armadas serán fiscalizadas, reguladas, extraordinarias y subordinadas, así como tampoco de cómo, cuándo, dónde y bajo que atribuciones los militares tendrán injerencia en tareas específicas de seguridad pública. Lo que sí es claro en este panorama es que el proyecto de fortalecimiento policial a nivel municipal y estatal quedará relegado, si no es que olvidado por los siguientes cinco años.

Hay muchas preguntas sobre la mesa. Lo que es claro es que los grupos criminales mexicanos aprovechan las oportunidades en tiempo real, y no se compadecen, ni dan tregua donde las oportunidades se presentan. Estos casi dos meses de confinamiento han puesto a prueba su capacidad de reacción y sus modelos de operación, los cuales indudablemente tienen una agenda clara de hacia dónde caminar. El crimen organizado tiene claro lo que busca a mediano plazo: control territorial y base social cautiva que se expande cada vez más por el país pero y ¿el Estado Mexicano qué estrategia implementará para hacerle frente?

*La doctora Marisol Ochoa es especialista en temas de seguridad. Doctora en Historia por la UIA y posdoctorando en el IIS de la UNAM. Actualmente investiga el fenómeno criminal en el caso mexicano.

*Francisco Gómez F es periodista especializado en temas de justicia y seguridad. Ha laborado en El Universal, Unomásuno y La Crónica de Hoy. Coautor de los libros Drogas, Tráfico y Corrupción y Estados, así como Macro-criminalidad, Complejidad y Resiliencia de las Redes Criminales.