El México bronco e indómito
Ramón Hernández Reyes
Si alguna vez descubre usted alguna ley, sea usted prudente y no trate de aplicarla. Ha descubierto la ley…, es bastante. Porque si esta ley es física y trata de aplicarla en una máquina, tropezará con la materia bruta; y si es una ley social, tropezará con la brutalidad de los hombres.
No cabe duda que el trabajo que tenemos en frente como sociedad para acabar y erradicar totalmente la cultura machista que tanto tiempo nos ha contaminado es sinuoso, largo y complicado. La cultura machista se da de distintos colores, sabores, tamaños y formas; lo que sí es que siempre acaba en lo mismo: violencia de género y falta de paridad e igualdad.
Recientemente, las autoridades y la misma sociedad han hecho un esfuerzo enorme para incorporar a las mujeres en la vida política en nuestro país, para ocupar puestos de elección popular y, en menor medida, para ocupar cargos públicos que no provienen de las elecciones.
Este empeño se ha visto cristalizado exitosamente en algunos casos, y ha sido motivo de ejemplo, con la elección de presidentas municipales, diputadas, senadoras y gobernadoras, por medio del voto, y, desde luego, secretarias de Estado, directoras y titulares en espacios de la administración pública y del poder judicial, lo cual se ve con buenos ojos, socialmente hablando.
Sin embargo, no todos los casos son positivos; hay casos funestos, que han generado malestar social y han sido seriamente cuestionados por la comunidad política y jurídica nacional e internacional.
Estos hechos se recrudecen aún más cuando ello implica la desobediencia de las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional, lo que preocupa en grado superlativo, y ponen en evidencia el enorme trabajo que se debe desarrollar para que seamos una sociedad respetuosa del Derecho, la ley y sus instituciones.
Efectivamente, existen asuntos como Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, o Cuilapan, en Guerrero, que se deben analizar desde varias perspectivas, como la violencia de género y política, pero también el desacato a las instituciones, la ley y a las resoluciones emitidas por nuestros órganos jurisdiccionales.
Estos tres casos comparten elementos en común, pero también tienen características particulares que vale la pena mencionar.
Estos acontecimientos –que forman parte de los resultados de las elecciones de 2015 en Chiapas y en Guerrero– obedecen a cargos de elección popular en cuanto a presidente municipal de los ayuntamientos de Oxchuc, Chenalhó y Cuilapan. En todos los casos quienes obtuvieron el triunfo fueron mujeres: en Oxchuc el triunfo lo obtuvo María Gloria Sánchez Gómez; en el municipio de San Pedro Chenalhó el triunfo fue para Rosa Pérez Pérez, y por lo que respecta al municipio de Mártir de Cuilapan la votación favoreció a Felicitas Muñiz Gómez, a quienes se les entregó constancia de mayoría por parte de los órganos electorales administrativos.
Vale la pena mencionar también que en los ejemplos que nos ocupan las presidentas municipales entraron en funciones del cargo por el cual fueron electas; sin embargo, en los casos chiapanecos se les obligó a las presidentas a renunciar al cargo por medio de intimidación, violencia y engaño, y en el de Guerrero a la presidenta municipal se le ha impedido ejercer su cargo en óptimas condiciones, dado que existen actos violentos y discriminatorios en su contra. Los tres casos fueron motivo de diversos juicios ante la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral y fueron resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el primero en la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza, el segundo en la ponencia del magistrado presidente Constancio Carrasco Daza y el último en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.
Lo curioso de estos tres asuntos es que, aparte de que se acreditó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la existencia de violencia política y de género en perjuicio de las presidentas municipales –que no es un hecho menor– fueron resueltos cuando menos hace más de un mes, con la orden de restituir en su cargo a las presidentas municipales de Chiapas, y en el caso de Guerrero de que se abstuvieran los personajes que obstruyeron el ejercicio de la función pública a la presidenta municipal de llevar a cabo actos de esa índole; en los tres casos se aseguró que las presidentas municipales María Gloria Sánchez Gómez, Rosa Pérez Pérez y Felicitas Muñiz Gómez gozaran de las garantías para ejercer sus funciones en plenitud de sus facultades.
Sin embargo, en las comunidades respectivas de cada municipio, la mayoría de sus pobladores ha impedido que se cumplan las sentencias atinentes, utilizando diversos actos y excusas, lo que ha generado desacato a las resoluciones del Tribunal Electoral y un reto abierto a las instituciones de gobierno y a las leyes.
Más allá de que estos hechos obligan a las autoridades jurisdiccionales a realizar un replanteamiento al momento de abordar los asuntos derivados de esta naturaleza en las comunidades de grupos originarios, y exigen la presencia del personal de la Procuraduría de los Pueblos Indígenas para hacer un estudio sociológico del caso de manera previa a la emisión de una resolución, lo verdaderamente delicado es que no se cumpla una resolución emitida por la autoridad jurisdiccional, pues se echan por la borda los procesos llevados a cabo en nuestro país para vivir bajo un estado de Derecho y respeto a las instituciones.
Absolutamente no se debe permitir a nadie que vaya más allá del cuestionamiento a las resoluciones de nuestras autoridades, y se incumpla con sus determinaciones, independientemente del argumento que sea: el estado de Derecho es una condición indisoluble que exige su respeto a las sociedades democráticas civilizadas.
Los resultados de las elecciones –y las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales derivadas de los juicios planteados por los resultados electorales– exigen del ciudadano su aceptación y cumplimiento, así como adoptar conductas que generen condiciones de legalidad, legitimación y tranquilidad social. Por lo tanto, es indispensable que de manera inmediata en estas poblaciones sus habitantes se sometan al estado de Derecho y respeten las determinaciones de la autoridad jurisdiccional.
Uno de los grandes retos que enfrentan las instituciones encargadas de organizar los procesos de participación ciudadana –entre los que se encuentra, desde luego, el proceso electoral– es que se inculque en la ciudadanía el respeto a las determinaciones administrativas y jurisdiccionales, además de fomentar la cultura de lidiar con la derrota –por muy dura que sea– cuando los resultados no sean favorables a sus intereses políticos.
El reto no es menor, y deben participar en ello todos los actores políticos; deben realizarse de inmediato políticas que inculquen en las nuevas generaciones el respeto a la ley y a las instituciones. Sólo así podremos transitar en un crecimiento más avanzado de nuestra democracia.
Los desafíos ahí están. Se trata de generar políticas públicas que permitan atender los resultados de los actos administrativos y jurisdiccionales de nuestras autoridades; respetar e incluir la participación de las mujeres en la vida política de nuestro país, así como contribuir al buen desarrollo y funcionamiento de nuestras instituciones, para así transitar de un México bronco e indómito a un México respetuoso y democrático.
Por lo pronto, usted ¿qué opina?
Ramón Hernández R.
@HernandezRRamon