Combatir pobreza, inseguridad y autoritarismo

¿Quién podría oponerse a combatir la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, la inseguridad y el autoritarismo que, juntos, cierran la pinza para impedir el libre desenvolvimiento de la gente en todo el país? Estoy seguro que nadie estaría, en su sano juicio, contra estos objetivos, asúmanse de izquierda, derecha o centro. Es más, todos los liderazgos y organizaciones políticas de todos esos signos proclaman esos objetivos.

El problema se presenta a la hora de enfrentar estos retos cuando se llega al gobierno. Como se dice coloquialmente, “no es lo mismo ser borracho que cantinero”.

Esto viene a cuento a propósito de que en los últimos días, primero, hemos conocido los datos oficiales del primer informe sobre la pobreza por parte del INEGI, después de que desapareció el CONEVAL, organismo autónomo que medía los índices de pobreza y hacía recomendaciones a los gobiernos para implementar determinadas políticas públicas.

El INEGI pues señala que salieron de la pobreza más de 13 millones de personas debido, principalmente, al incremento de sus salarios mínimos, así como por el impacto de los programas sociales, en segundo término.

Debe celebrarse que así sea. El necesario aumento progresivo de los salarios mínimos como mecanismo para avanzar en el abatimiento de la insultante desigualdad social ha sido una bandera histórica de la izquierda democrática, desde antes y durante la existencia del PRD. Este último partido la impulsó antes de los gobiernos de Morena, desde el Gobierno de la Ciudad de México y en las Cámaras de Diputados y de Senadores. En este punto, hoy la historia nos da la razón.

Sólo que, al lado de esta exigencia se planteó la necesidad de avanzar en la formalización del trabajo y alcanzar mayores índices de seguridad social, lograr mucha más inversión fija bruta de capital público y privado (infraestructura pública de todo tipo, como carreteras, agua, drenaje, medio ambiente, etc.), la creación de mayores y mejores empleos, así como invertir más en educación de calidad, investigación y servicios de salud.

Es decir, invertir para lograr una mejor calidad de vida y salir de la pobreza multidimensional, no sólo mediante el incremento de los ingresos. El resultado de no hacerlo así, sino el de reducir el combate a la pobreza sólo a la parte de los ingresos y no como una política pública que incluya servicios de salud, medicamentos, educación, transporte, empleos, medio ambiente y seguridad, conduce a que el discurso sobre la reducción de la pobreza se vaya quedando en eso, en mero discurso, porque el valioso e importante papel de los programas sociales se ha convertido en un condenable instrumento de compra y control de votos en favor del partido gobernante.

En segundo lugar, pero asunto no menos importante, es el de la seguridad, que ocupa la atención central en la relación con el gobierno de Trump, cuyas amenazas de combatir a los cárteles de la droga en México tienen como fundamento estadounidense la exigencia de frenar drásticamente el tráfico de fentanilo de México hacia ese país, y aprovechar esa exigencia para sacar ventajas arancelarias y migratorias para los Estados Unidos. Es decir, aprovechar la situación para lograr mayores ventajas.

La otra cara de la moneda al respecto es la deleznable e indefendible política gubernamental del sexenio obradorista de protección y complicidad con los grupos criminales, lo que provocó la pérdida de  soberanía en gran parte del territorio nacional en favor de la delincuencia. Eso llevó a evitar y negar los acuerdos de cooperación de México con la DEA. El pago de las bandas del crimen organizado fue ayudar a Morena a ganar elecciones. El resultado: narcogobernadores y un narcoestado.

Las últimas acciones del gobierno de Sheinbaum al respecto son alentadoras. Esperemos a ver si tienen continuidad, si actúan contra sus narcopolíticos y dejan de protegerlos. Eso sería la verdadera y esencial defensa de la soberanía nacional para evitar una intromisión de Trump en México.

Junto a todo lo anterior estaría la necesidad de un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas de nuestro país para preservar y fortalecer la democracia, para evitar una reforma electoral regresiva y autoritaria. Lamentable y preocupantemente Claudia no parece estar en esa ruta, sino en favor de venezolizar México. Hay que hacer todo lo posible para frenar tal despropósito.