Al derecho y al revés
El reciente asesinato de dos alcaldesas en México, Lilia Gema García Soto en Oaxaca y Martha Laura Mendoza Mendoza en Michoacán, ocurrido en una misma semana, expone la alarmante realidad de la violencia feminicida hacia políticas en nuestro país. Estos crímenes no son hechos aislados, sino un reflejo de la profunda crisis de inseguridad y la preocupante impunidad que caracteriza la violencia política de género.
La violencia feminicida, que se manifiesta en agresiones y homicidios contra mujeres por razones de género, se ha consolidado como un problema estructural en México. El rechazo a la presencia femenina en espacios de poder, históricamente dominados por hombres, motiva muchos de estos actos.
Por desgracia los asesinatos de las alcaldesas, perpetrados con extrema violencia, envían un mensaje aterrador: las mujeres que buscan cargos públicos son blanco de la violencia y la intimidación.
Estos crímenes no solo representan una tragedia personal para las víctimas y sus familias, sino también una grave amenaza para la democracia mexicana. La violencia política de género limita la participación de las mujeres en la vida pública, perpetuando la desigualdad y la falta de representación femenina en los espacios de decisión.
La impunidad, lamentablemente, es una constante en estos casos.
Para revertir esta situación, se requiere una respuesta contundente y multifacética. Es fundamental:
- Fortalecer las instituciones de seguridad y justicia: Se necesita una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de estos crímenes, garantizando la sanción de los responsables y la erradicación de la impunidad.
- Implementar eficazmente las leyes y protocolos existentes: No basta con tener leyes, se requiere una implementación efectiva y proactiva de las medidas de protección para las mujeres en la política.
- Promover la igualdad sustantiva y una cultura de respeto: Es necesario un cambio cultural profundo que reconozca la aportación y el liderazgo de las mujeres en la vida pública, y que garantice su derecho a participar en política en condiciones de seguridad y libertad.
- Aumentar la inversión en la prevención y atención de la violencia política de género: Se requieren recursos adecuados para la formación de personal, la implementación de programas de prevención y la atención integral a las víctimas.
El asesinato de las alcaldesas es un llamado urgente a la acción. La inacción ante estos crímenes perpetúa un ciclo de violencia y desigualdad del cual estamos hartos y hartas. Es imperativo que el Estado, la sociedad civil y cada ciudadano asuma su responsabilidad para garantizar la seguridad de las mujeres en la política y construir un México donde la violencia feminicida no tenga cabida, donde la justicia prevalezca y todas podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Solo así podremos construir un futuro donde la participación política de las mujeres sea segura y efectiva.
